“Sabemos que la pasta base de la que se obtiene la cocaína pura se trae de afuera, pero se cocina en Buenos Aires, de los restos queda el PACO, vendido a bajo costo.” Explica el Fiscal Luís Comparatore.
    Sedronar dice “…hoy habría alrededor de 250 (cocinas de cocaína) en todo el país, la mayoría de ellas concentradas en la provincia de Buenos Aires.”
    Una de las explicaciones para éste crecimiento la da el titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre, quien afirma que: “No hay control dentro de las fronteras nacionales” para el desvío de precursores químicos indispensables para la elaboración de estupefacientes. “Pasar a otro país con precursores se ha hecho muy complicado en los últimos años. En cambio aquí (en Argentina) la ley sigue siendo muy laxa” explica.
    La legisladora Diana Maffia, coincide con este planteo “¿Cómo no va a haber cocinas con la cantidad de pistas clandestinas que hay?”
    Los funcionarios policiales consultados minimizan la situación. Afirman que la droga ya llega producida de los países limítrofes y que hasta el momento solo se han desbaratado algunos casos aislados.
    Sin embargo otra es la realidad que describen las “Madres del PACO”. Muchas de ellas han realizado sus propias investigaciones sobre el tema. Desde la ONG Madres por la Vida aseguran: “Muchos saben donde funcionan las cocinas, pero pocos se animan a denunciarlo.”
    “En reglas generales, en las zonas de las villas los vecinos están impedidos de decir donde se ubican las cocinas de drogas, aunque estén totalmente al tanto de ello, básicamente porque corre riesgo su vida” afirma Claudio Izaguirre
    “…la Senadora Sonia Escudero presentó un Proyecto de Ley que penaliza el desvío de precursores químicos para la fabricación de drogas (dentro del territorio nacional). En junio de ese año obtuvo media sanción del Senado, pero desde que llegó a la Cámara Baja nunca mas fue tratado. El Ministro de justicia Aníbal Fernández hizo circular una carta por los despachos del Congreso en la que se planteaba su férrea oposición al proyecto, por considerar que “no todo empresario que falsee datos es traficante de estupefacientes”.

Gabriela Oprandi / Camila Brailovsky
Diario Perfil 08-02-2009

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