No es ninguna novedad afirmar que la Justicia argentina es una de las peores del mundo. No sólo por la acumulación de expedientes sin resolver o la falta de informatización de los juzgados, sino también por la obsecuencia de algunos de los jueces para con los gobiernos de turno.

Pero, como dice una célebre frase, "el tango se baila de a dos". Esto significa que, si bien muchos magistrados son permeables, el poder político los presiona incesantemente a efectos de que fallen de determinada manera, muchas veces en contra de lo que dice la propia legislación vigente.

Muchos son los ejemplos que pueden darse para demostrar esa presión: las coimas de Skanska, las valijas de Southern Winds, la desaparición de Jorge Julio López, la evaporación de los fondos de Santa Cruz y hasta los juicios contra represores de la dictadura. En todos esos expedientes, el Poder Ejecutivo ha ejercido fuerte conminación a los jueces para que se pronunciaran de acuerdo a los "intereses oficiales". De más está decir que la coacción ha sido totalmente exitosa, siempre en beneficio del gobierno y en detrimento de la sociedad y los valores democráticos.

Ya hace unos meses, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, había exhortado a los jueces a "asumir un rol activo" y a fijar límites a los avances del Estado sobre garantías fundamentales de los ciudadanos. En el mismo sentido, afirmó que "es necesario que los magistrados tengan la suficiente autonomía y que no reciban directivas de nadie, ni siquiera de la propia Corte".

Es interesante destacar que la presión más fuerte se da sobre los jueces federales, esto es, sobre aquellos que manejan causas judiciales que involucran a funcionarios políticos y a tráfico de estupefacientes —o a ambos temas al mismo tiempo, lo cual es más común de lo que se cree—. En Capital Federal, por ejemplo, no hay juez federal no comprado por el poder político. Es un síntoma de cómo está la Justicia.

Ahora, si el tema es tan sencillo y claro de definir, ¿por qué no hay manera de solucionarlo de una vez y por todas?

La respuesta es complicada, ya que posee varias aristas. Por un lado, los magistrados argentinos tienen ingresos muy bajos en relación a la complicada tarea que ejercen y en comparación a lo que se cobra en otros lugares del mundo. Al mismo tiempo —a causa de esto último o no, poco importa—, muchos jueces hacen sus propios negocios privados, negociando fallos particulares en desvencijadas oficinas cercanas a sus propios despachos oficiales. Otros cobran sobresueldos que salen de la ex SIDE u otra dependencia del Ejecutivo.

Esto no sólo es sabido por el gobierno de turno, sino que los jueces son filmados, grabados y fotografiados en sus indecorosas actitudes, todo para poder influir en sus fallos.

Tribuna de periodistas ha conversado off the record con no pocos funcionarios judiciales de la justicia Federal —yo mismo he estado presente en algunas de esas charlas— y la mayoría de ellos admitieron haber sido testigos de la presión gubernamental, especialmente por parte del Ministerio de Justicia.

¿Con tal nivel de impunidad se maneja el kirchnerismo? Es la única manera de entender por qué se ha saqueado al país de la manera en que se lo ha hecho sin temer consecuencias judiciales.

A fuerza de ser sincero, no es un tema instalado por el matrimonio Kirchner, sino que viene de arrastre, no sólo desde el corrupto menemismo, sino también desde la sangrienta dictadura militar, y antes también.

Sólo queda una pregunta, que tal vez ayude a encontrar la respuesta: ¿será parte de la idiosincracia argentina?