Si los exponentes del oficialismo fueran sinceros por una vez, la coincidencia sería absoluta con el resto de la sociedad: el adelantamiento de las elecciones obedece al convencimiento del Gobierno de que la crisis se está acelerando a una velocidad mayor a la esperada y que la situación en octubre estará mucho peor que en junio.
    Que la modificación de las fechas de los comicios reportará un resultado positivo para el kirchnerismo, por el momento es una incógnita. Pero en la Casa Rosada, en Olivos y en El Calafate tomaron debida nota de la aseveración del analista Jorge Giacobbe: "no hay que esperar hasta octubre para que el oficialismo pierda la mayoría en ambas cámaras".
    El cambio de escenario en la economía fue tan abrupto que ni siquiera el INDEC pudo ocultarlo, apenas lo disimuló con su vigésimo sexto índice de precios al consumidor consecutivo sospechado de manipulación (aunque habrá que admitir que hace tiempo se traspasó el umbral de la sospecha).
    Las mediciones privadas, o de otros organismos públicos como el Banco Central o la AFIP, dan cuenta del cambio de tendencia que muchos venían anunciando desde antes de la debacle internacional. El nivel de depósitos bancarios creció en febrero un 10,2 por ciento interanual, inferior no ya a la inflación real sino a los intereses negativos que debieron rendir esas colocaciones. Desde noviembre, el crecimiento de la recaudación muestra una desaceleración que el esforzado optimismo de Pezoa y Echegaray en las conferencias no puede revertir, pero lo que es peor: tampoco alcanzó la reestatización de los fondos previsionales para evitar que los ingresos tributarios, si fueran corregidos por la inflación real, mostraran una caída.
    La Asociación Argentina de Presupuesto lo describió con claridad en su último informe referido a las cuentas de enero: "mientras las Instituciones de la Seguridad Social (principalmente la ANSES) incrementaron sus ingresos en un 53 por ciento, el Tesoro Nacional recibió un 15 por ciento menos que un año atrás, y los organismos descentralizados perdieron un 7 por ciento interanual. En el caso del Tesoro ello se debe principalmente a la significativa merma producida en los gravámenes al comercio exterior, que ingresan en su totalidad al mismo. De esta forma, de mantenerse esta configuración, el Tesoro seguramente acentuará la tendencia a utilizar financiamiento intrasector público, mediante la emisión de Letras".
Para la Universidad de Tres de Febrero, las expectativas del consumidor cayeron en el segundo mes del año nada menos que un 20 por ciento, el Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano advirtió que los docentes deberían pedir aumentos del 19,5 al 28,7 por ciento para impedir la depreciación de sus ingresos reales hasta el próximo llamado a paritarias en 2010 y el economista Orlando Ferreres informó que la actividad industrial registró un desplome del 10,3 por ciento en el segundo mes del año.
    La suma de datos negativos de las diferentes facetas de la economía es mucho más amplia que la expuesta con los pocos datos escogidos en los párrafos precedentes. Pero estos alcanzan para poner en evidencia los riesgos de que la crisis económica se traslade al plano político en un año electoral. Es decir, la pesadilla de cualquier gobernante en el planeta.
    El deterioro salarial docente coincide con una baja en los niveles reales de transferencias de la Nación a las provincias en concepto de coparticipación. El cuello de botella es la derivación lógica e inevitable de la perversa relación fiscal de un país que insiste en llamarse federal: La Nación recauda y las provincias pagan los servicios sociales. Conste que en "servicios sociales" se engloba más que la Educación, y que si los gremialistas provinciales de Sanidad no aparecen en las pantallas de televisión no significa que el problema no exista.
    Tarde o temprano, de manera pública o en negociaciones reservadas, a los gritos o con buenos modales, los gobernadores golpearán las puertas del Ministerio de Economía de la Nación. Como es costumbre, no será para resolver la cuestión estructural sino para atender la urgencia... en un reclamo que se repetirá cada vez con más frecuencia, si se tiene en cuenta que en el primer bimestre las transferencias por coparticipación crecieron interanualmente menos de la mitad que el 15,5 por ciento de aumento salarial acordado en la paritaria docente. Y que es el segundo año consecutivo en que las transferencias de recursos van por debajo de los incrementos salariales.
    Por no atender el fondo del problema, volverá a producirse un pedido insólito. La Nación asistirá a la provincia de Buenos Aires con recursos que, en gran parte, le fueron delegados... por la propia provincia de Buenos Aires. Eso es, ni más ni menos, la Coparticipación Federal de Impuestos. Lo insólito no reside únicamente en lo absurdo de prestarle a un distrito recursos que le son propios, sino que sus autoridades lo tomen como algo natural.
    Los datos de producción y del sistema financiero son la expresión en números de una incesante seguidilla de despidos, suspensiones, adelantos de vacaciones y otras modalidades de la faz laboral de la crisis. Pero, de cara a las elecciones, son el anuncio de un nuevo peligro: que las protestas no se circunscriban solamente al sector agropecuario.
    Si el resultado de su enfrentamiento con el campo puede costarle al oficialismo la pérdida del control legislativo, ¿cómo atendería de aquí a octubre las demandas cruzadas de docentes, padres y gobernadores? La dualidad Nación recaudadora-provincias pagadoras lleva implícita una derivación que agrada en Balcarce 50: los reclamos docentes no son a Cristina Kirchner sino a los gobernadores. Pero en las provincias gobernadas por el kirchnerismo esa dualidad desaparece y el impacto puede traducirse en una merma en el número de diputados electos.
    Pero además, ¿cómo evitaría que a la dirigencia agropecuaria se le sumen otros sectores de la industria y el comercio?     En forma aislada, esas alianzas ya se pueden percibir en las protestas conjuntas en el sur santafesino, primer lugar en el que la crisis del agro se trasladó al sector industrial.
    Y por último, ¿podrá el sindicalismo oficialista contener el descontento de trabajadores arrinconados por salarios reales en baja y un desempleo creciente? Quizás en la mañana del lunes 29 de julio puedan darse las respuestas.

Marcelo Bátiz