Dicen los medios: "La Justicia avaló las candidaturas testimoniales"; y amplían: "La jueza María Servini de Cubría rechazó el amparo presentado por Eduardo Barcesat. El abogado constitucionalista pedía la anulación de los candidatos a legisladores que ya anticiparon no asumirán sus cargos en caso de ganar las elecciones del 28 de junio".
El título y comentario introductorio que apareció en un diario online no dice exactamente lo que la jueza Servini de Cubría consideró al respecto, es decir, no podía actuar sobre un supuesto que hasta el momento no se había concretado. No puede juzgar supuestas intenciones.
Tampoco puede actuar sobre rumores, debe hacerlo sobre hechos concretos que estén contemplados en la legislación vigente, de otra manera estaríamos destruyendo el sistema legal de garantías e instaurando procedimientos similares a los que pretende el Consejo de la Magistratura y que ya un juez pidió ser apartado de un juicio oral porque “el Estado Nacional ordenaba las condenas y había sido amenazado” (Dr. Martín Gutierrez, de Santa Fe), como así también la solicitada de un centenar de jueces que denunciaban ingerencias en sus fallos y amenazas de destitución.
En consecuencia en Poder Judicial se está debatiendo entre los sistemáticos ataques desde el Gobierno Nacional, de legisladores oportunistas y sus deberes como funcionarios, pero es entendible que teman por su carrera, sus vidas y su familia. Esto no quita que también tenemos Jueces y Fiscales que comparten ideológicamente lo ordenado y arman casos sin vergüenza alguna, cambiando el principio básico de que “se presume inocencia hasta demostrar lo contrario” por “es culpable hasta que demuestre lo contrario” que se aplica en cientos de casos de supuestos crímenes de lesa humanidad. (Reconquista – Santa Fe – un militar y cinco policías presos sin causa).
¿Por qué todo está tan mal y nadie cree en la justicia?, al parecer comienza con el hecho de ignorar la Constitución Nacional aceptando que no se la tenga en cuenta para nada y transgrediendo lo que se quiera sin consecuencia alguna. El incumplimiento de nuestra Ley Fundamental nos ha llevado a la triste realidad de que “todo vale” y las leyes son sólo para los infelices y no para todos.
Comencemos con el Art. 48 “Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella”. Es muy claro y no da lugar a diferentes interpretaciones.
Igualmente el Art. 55 “Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella”. También es clarísimo y no da lugar a libres interpretaciones.
Residencia es donde se tiene el domicilio legal, que nada tiene que ver con el domicilio laboral ni con los domicilios temporales resultantes del ejercicio de un cargo. Un senador nacional de Jujuy que debe estar seis años en Bs.As. sigue teniendo domicilio legal en Jujuy pese a encontrarse de continuo en Bs.As. Es simple y claro, cualquier interpretación diferente sólo esconde malas intenciones que no se pueden justificar ni convalidar.
Pero supongamos que alguien haya sido propuesto como senador por una provincia y que no cumplía con los requisitos básicos de residencia, ¿debía aceptarse?, no. Es tan culpable el juez que hace lugar como los políticos de la oposición en aceptarlo. Cristina Fernández de Kirchner, jamás debió ser aceptada como senadora por Bs.As. por no tener residencia legal en esa provincia, sólo tenía residencia laboral ya que se desempañaba como senadora por Santa Cruz y no es lo mismo, la Constitución Nacional fue violada y pisoteada. Hoy su marido pretende hacer lo mismo pese a que por obra del espíritu santo aparece en los padrones de Bs.As. pero no tiene el tiempo de residencia legal en la provincia.
Las candidaturas “testimoniales” de concretarse son una estafa y contravienen el espíritu democrático de una elección parlamentaria puesto que el ser integrante de una lista de candidatos a ocupar un puesto legislativo, es proponerse para ocupar dicho cargo, caso contrario carece de sentido porque no existen elecciones para elegir candidatos a nada. Si bien no está estipulado por la legislación actual que renunciar a un cargo es delito, tampoco habla de la posibilidad de candidatos para nada.
“Están para dar testimonio de su lealtad y compromiso” puede aducirse, pero para eso que hagan una solicitada en todos los medios, que es la forma correcta, lo otro es confundir, estafar y engañar.
Las elecciones son para elegir legisladores, por lo tanto se deben proponer a quienes desempeñarán el cargo, cualquier otro interés queda excluido por no ajustarse a lo que se elige.
Considerando que quienes diseñaron esta estafa “Testimonial” pretenden realizar un fraude, no hay otra explicación, es que se debe denunciar como tal su ejecución, ya que además de ser ilógico postularse “para nada”, cabe la pregunta ¿a quién se estaría votando? , no es claro y no indica realmente a quienes se está votando como lo exige la ley electoral.
Pero lo mas agraviante es la pretensión de violar el Art. 73 “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando”. Pretender colocar como candidato a un gobernador es anticonstitucional, por lo tanto el sólo hecho de “figurar pero no hacerse cargo” es una burla a la Constitución y al pueblo estafarlo proponiéndole algo imposible.
Así llegamos al Art. 105 “No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer dimisión de sus empleos de ministros”. por lo que el rumor de que ciertos ministros encabezarían las listas de “diputados testimoniales” sería anticonstitucional si no renuncian primero como ministros. Claro que está la duda de si ganarán y la casi certeza de que no perdurarán, y eso los pone en duda.
Nuestra pobre y maltratada Constitución ha sido violada reiteradamente y sus defensores consintieron las violaciones o por lo menos fueron imposibilitados de evitarlo, pero eso sólo trae problemas que se agravan y se termina por no respetarla. Si llegamos a ese extremo nuestro sistema democrático desaparecerá por no contar con el cimiento legal de su existencia.
José Alberto Gil