Después de la vertiginosa campaña electoral, parecería que nos vamos metiendo en la triste realidad que nos aqueja a los argentinos.

Para empezar, el mismísimo 29 de junio, luego de la renuncia de Graciela Ocaña como Ministro de Salud, comenzamos a percibir la importancia real de la epidemia que generó la gripe A (H1N1). A esto debemos sumarle la catarata de cambios en el gabinete nacional y ahora, comenzamos a sentir, en carne propia, los violentos aumentos tarifarios en las facturas de los servicios de luz y gas, puesto que por orden expresa de Néstor Kirchner, el envío de las boletas con la nueva tarifa fue postergado para después de las elecciones.

Pero eso no es todo, también empiezan a aflorar algunas irregularidades que parecían estar en un proceso de incubación, como el caso del Intendente de Santiago del Estero, Julio Alegre, quien presentó su renuncia al cargo en el marco de las investigaciones judiciales por una millonaria defraudación en perjuicio de la Municipalidad de Santiago del Estero.

Pero no es el único caso, ya que otro importantísimo funcionario comenzó a estar en problemas, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

Primero salió a la luz una nueva causa judicial contra el actual interventor de la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, Luis Alberto Peluso, que es señalado en dos causas como integrante de una mesa de dinero en el casino flotante de Buenos Aires, antes conocido como Estrella de la Fortuna. Esa actividad, que consiste en prestar dinero en fichas a apostadores fuertes, está prohibida por una resolución de Lotería Nacional por considerar que fomenta la adicción al juego. Además, ambos denunciantes aseguran que la cabeza del negocio ilegal era el empresario vinculado a la ESMA Miguel Angel Egea, socio del represor Miguel Cavallo.

Como dijimos, Peluso ha sumado una nueva causa judicial en su contra ya que, mientras él ocupa su cargo en Lotería, su esposa —Carmen Adelardi— figura como representante de apostadores millonarios en Las Vegas.

Lo interesante es que, en esta nueva denuncia, también aparece involucrado Daniel Scioli. Eso explicaría por qué, a pesar de los insistentes señalamientos contra Peluso por parte de este medio, jamás nadie lo ha siquiera sancionado.

Es evidente que las desprolijidades de Scioli no son pocas. Tal es así que el Diputado de la Coalición Cívica, Walter Martello, realizará una presentación en la Cámara bonaerense para denunciar que el Gobernador no publica los datos de los gastos, y su evolución desde hace mas de seis meses, violando la Ley de Responsabilidad Fiscal e impidiendo el control de los mismos por parte de los legisladores y a ciudadanía.

El Diputado Martello dijo, textualmente: "Scioli, no publicó el cierre del ejercicio económico 2008 y desde enero a la fecha de este año en la página web de la Contaduría no existe ninguna posibilidad de acceder a los mismos, sería bueno saber el por qué (...) hay ocultamiento y posible violación a los deberes de funcionario público”.

El artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley Nacional Nº 25.917), a la que la Provincia de Buenos Aires adhiriera por Ley Nº 13295, establece que: “Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional publicarán en su página Web el Presupuesto Anual —una vez aprobado, o en su defecto, el Presupuesto Prorrogado, hasta tanto se apruebe aquél— y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego de presentadas a las legislaturas correspondientes. Con un rezago de un trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del stock de la deuda pública, incluida la flotante como así también los programas bilaterales de financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres últimos casos el tipo de acreedor…”.

Buenos Aires, aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2009, mediante la sanción de la Ley Nº 13929, ha incluido en el Portal de la Internet las ejecuciones presupuestarias hasta el 30-11-2008, pero habría omitido publicar el informe correspondiente a la ejecución presupuestaria del presente ejercicio (2009).

Esto resulta particularmente grave, ya que no sólo se habría mancillado el principio republicano de la “publicidad de los actos de gobierno”, sino que lisa y llanamente se estaría incumpliendo con las prescripciones del artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal.