Esteban Justo Antonio Righi —Cédula de Identidad de la Policía Federal 4.389.306 y Libreta de Enrolamiento Nº 4.286.293— nació el 4 de septiembre de 1938 en Resistencia, Chaco, cursó sus estudios secundarios en el Liceo Militar “General San Martín” y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1962. Militante antiperonista y partidario de Frondizi, hacia el año 1956, el destino hizo que el rumbo de su vida se desviara hacia el progresismo sectario, llegando a ser uno de los ministros más jóvenes del peronismo revolucionario, y en la actualidad el personaje que orienta los rumbos de la justicia kirchnerista.

    Indudablemente su función es entusiasta y vocacional, porque Righi es un hombre de fortuna —teniendo en cuenta que tramitó una de las jubilaciones de privilegio de la ley 21.121 por su centellante gestión como Ministro del Interior durante 36 días en 1973— percibiendo una suma de U$ $3.780 mensuales. Por lo demás, en los minuciosos listados de las 8961personas desaparecidas o muertas en los años de la guerra civil publicado por el Informe de la CONADEP Esteban Righi figura como “desaparecido”, víctima del “terrorismo de Estado” por lo que, según nuestras fuentes, percibió 448.000 dólares de indemnización. Pero aquí no está en juego la honestidad moral solamente, ni tampoco la falta de escrúpulos de esas supuestas víctimas, teniendo en cuenta que también están en el Informe de la CONADEP el Juez de Morón Humberto Meade, la Ministra miembro de la S.C.J.N. Carmen Argibay Molina, así como cientos de ciudadanos rasos o funcionarios actuales. El hecho trágico es que estos últimos —no sólo están enriquecidos por las jugosas indemnizaciones del Estado (vivitos y coleando)— sino que también avasallan a la sociedad con sus nocivas acciones u omisiones.


Su fracasado debut como funcionario público

    El 26 de marzo de 1971, Lanusse asumió la presidencia en un clima político totalmente desfavorable. La violencia guerrillera y el descontento popular crecían, se sucedían las puebladas, Perón sumaba día a día más adeptos y la continuidad del gobierno militar se tornaba insostenible. El Teniente General Alejandro Agustín Lanusse evaluó que el principio de solución a los múltiples conflictos pasaba por terminar con la proscripción del peronismo y decretar una apertura política que permitiera una transición hacia la democracia. En este contexto propuso un Gran Acuerdo Nacional (el GAN) entre los argentinos y anunció la convocatoria a elecciones nacionales sin proscripciones para 1973 e incluyó una cláusula que obligaba a Perón, en caso de presentarse como candidato, a fijar domicilio en Argentina antes del 25 de agosto de 1972. El viejo líder movió sus piezas en aquella partida y evaluó que no le daría el gusto a Lanusse, pero además creyó que no era conveniente que fuera él quien gobernara en el conflictivo período de transición y en ese contexto designó a su delegado personal y ex presidente de la Cámara de Diputados durante el primer peronismo, el odontólogo Héctor J. Cámpora como candidato a presidente, quien tendría una misión vicaria hasta que el balcón de la Rosada pudiera ser recuperado por el inquilino que más uso supo darle. El slogan sería “Cámpora al gobierno, Perón al poder”.

    De esa forma, el 11 de marzo de 1973 triunfó el Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), con la fórmula Héctor J. Cámpora-Vicente Solano Lima, que obtuvo más de 6 millones de votos (49%) mientras la fórmula radical encabezada por Balbín llegaba a los 2 millones seiscientos mil (21%). En medio de enormes festejos populares la Juventud Peronista, subordinada a los montoneros, tuvo un protagonismo fundamental.

    Estaba claro que el peronismo había dejado hacía años de ser aquel movimiento monolítico del período 1945-1955. Ahora convivían en su interior conflictivamente distintos sectores, en algunos casos de ideología opuesta, y todos ellos aparente y contradictoriamente contaban con el aval del General Perón.

    El 25 de mayo de ese año asumió la presidencia el doctor Cámpora, conocido con el desdeñoso mote de “el Tío”, por ser notoriamente nada más que el representante del líder ausente. En la ceremonia de asunción del mando estaban los presidentes socialistas de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado. La Juventud Peronista de Dante Gullo se adueñó del acto e impidió a los militares realizar el desfile tradicional. Coreaban “Se van, se van, y nunca volverán” e imaginaban en aquella tarde de mayo de 1973 que la alianza entre el poder económico concentrado, la jerarquía eclesiástica y el tradicionalismo cívico-militar no tendría nunca más cabida en Argentina.

    De esa forma Cámpora, cuyo gobierno duró sólo 36 días antes de dimitir debido a su impericia para conducir los destinos de la Nación, formó su gabinete de gobierno, sujeto a las imposiciones de los montoneros que lo llevarían a abdicar.

    En consonancia con su promesa electoral y el deseo de las masas enardecidas, su primera medida fue —a escasas horas de jurar como primer mandatario— liberar los delincuentes terroristas que cumplían prisión por sentencia de la Cámara Federal. Si bien el Parlamento trató el tema esa misma noche y fueron amnistiados masivamente numerosos presos políticos, las cárceles se vaciaron de todo tipo de delincuentes aún antes de su pronunciamiento. El 28 de mayo Argentina reanudó y estrechó relaciones diplomáticas con Cuba.

    El Ministro del Interior que sugirió la medida fue el joven abogado de 34 años de Resistencia, Chaco, el Dr Esteban Righi (nombre de guerra “Bebé”), que, llamativamente, era egresado del un instituto Militar. La razón de tan alto nombramiento fue su estrecha amistad con uno de los hijos de “Camporita”, de cuyo estudio jurídico era socio, y no por otro motivo. En definitiva, Righi no era peronista ni mucho menos. Tanto “el bebé” —así como el actual diputado moyanista Pedro Recalde— eran estudiantes de derecho entre fines de los 50´ y principios de los 60´ cuando militaban en la A.R.D. Asociación Reformista de Derecho, considerada “gorila”, donde se nucleaba el estudiantado radical y socialista democrático. Como veremos más adelante, lo primero que hizo Perón al poner un pie en Argentina fue echar al “gordito inútil”, tal como lo calificó públicamente.

    De ese modo, Esteban Righi, desde el Ministerio del Interior promovió la promulgación de las leyes Nº 20.508, 20.509 y 20.510 que establecían la amnistía, derogaban las leyes represivas y suprimían el denominado fuero antisubversivo. También se firmó el Decreto Nº 11 de indulto, por expresa disposición de Righi, que alcanzaría a 371 personas, denominados “presos políticos”. Para colmo, por iniciativa propia y sobreactuada, se suprimió el funcionamiento del Departamento de Informaciones Antidemocráticas (DIPA), destruyéndose todo el material allí archivado.

    Así fue salieron masivamente en libertad todos los terroristas que habían sido detenidos, juzgados y condenados por la Cámara Federal y —al refundirse los prontuarios— se perdió todo rastro que permitiera reconducir a un nuevo arresto de los asesinos. En ese desordenado panorama, los criminales retomaron de inmediato la lucha armada contra el mismo gobierno democrático que los liberó.


El “Devotazo”

    En esos olvidables treinta y seis días que duró su gestión plasmó con falta de racionalidad y torpeza inolvidables —en todo sentido— su efímero ministerio.

    El Frente Justicialista de Liberación propuso en su campaña una amnistía amplia, un borrón y cuenta nueva para arrancar con un novel sistema de vida en el país, olvidando el pasado. Era ingenuo suponer que los jefes guerrilleros iban a dejar las armas y cambiar su proyecto de tomar por la fuerza el poder político por el sólo hecho de que se había instalado un gobierno peronista, y eso Righi lo reconoció en un reportaje que se le hizo en su dorado exilio mejicano, pocos años después.

    “A partir de ahí —recuerda Righi— creo que hubo en los triunfadores del campo popular, dos tipos de expectativas. Los que creen que hay ahí un momento pre-revolucionario, y los que pensamos que era una muy buena oportunidad para cambiar las estructuras del país, en un proceso largo, difícil, duro y a partir de esquemas democráticos. Este fue el debate de la época. Quizás el fervor del momento, las grandes manifestaciones, el odio a la dictadura, el sentimiento antimilitarista, la gran reivindicación de valores peronistas humillados durante tantos años, podía hacer pensar en un clima como para que el país pudiera vivir una situación revolucionaria.”

    “El presidente Cámpora había anunciado a primera hora que iba a haber una liberación inmediata de todos los presos. Ese mismo 25 de mayo de 1973, desde la mañana se sabía que las columnas más radicalizadas de la izquierda marcharían hacia Devoto”.

    “Eso lo sabíamos y preveíamos que si los guerrilleros eran contumaces en el uso de la violencia el Estado tendría que intervenir, tendría que reprimir, lo que de ninguna manera estaba dispuesto a ordenar. Nosotros tratamos de usar las armas del estado de derecho y nos íbamos a dar un tiempo para persuadir a los violentos, para encapsular el problema, para aislar socialmente a los violentos y a los que no aceptaran la oferta democrática. Íbamos a tratar de usar los mecanismos de apertura política para pacificar a la sociedad. Pero frente a una contumacia endémica por parte de los violentos el aparato represivo iba a ser usado como último recurso del Estado para preservar el orden y la seguridad. Esto es así. Lo que no me parece es que irremediablemente la gente que salía de las cárceles debía recaer en la violencia, porque eso tenía mucho que ver con el tipo de política que se siguiera y con el clima social del país. La tesis del gobierno era que debía haber una amnistía aprobada por el Parlamento y eso fue lo buscado. Lo que pasó es que para la izquierda era atractiva la idea de presentar al gobierno como obligado a dictar tal amnistía. Es decir, que en lugar de cumplir con una promesa electoral, el gobierno cedía "ante la presión popular por arrancar una ley de amnistía. Esto explica las concentraciones y las presiones sobre las cárceles de todo el país, incluyendo Villa Devoto. Fue un camino seguido para evitar una masacre. La tesis fundamental prevista por el gobierno era la amnistía, y el indulto figuraba como alternativa ante una emergencia. Es decir, una alternativa prevista pero no deseada. Pero los presos comenzaron a salir ante la perspectiva de un indulto presidencial, antes de que este se firmara, y no ante una ley de amnistía”.

    “Lo cierto es que muchos subversivos liberados siguieron usando las armas y la violencia contra el mismo gobierno constitucional que los había liberado y la violencia no se terminó, sino todo lo contrario. En esos momentos había un serio problema en las cárceles y no era sensato arriesgarnos a una matanza por el sólo hecho de mantener el cauce previsto: que los presos salieran tres días después por una amnistía, que sabíamos sería aprobada por unanimidad. Lo que hicimos fue, ante una emergencia social, anticiparnos a la decisión por medio del indulto.”

    “Envié al compañero Juan Manuel Abal Medina y otros famosos integrantes de la “orga” para armonizar organizar y pacificar a la gente en ese mismo momento, y la prueba está en que no hubo derramamiento de sangre”…


Irresponsabilidad de Righi en la masacre de Ezeiza

    Otro reproche destacable que se le efectúa a Esteban Righi durante su corta gestión es su responsabilidad por la “Masacre de Ezeiza”. Pero él se exculpa perfectamente: “La verdad es que yo pensaba que ese acto tenía que ser custodiado por la Policía Federal. Le di las instrucciones correspondientes al general Heraclio Ferrazano, el jefe de la Federal, algo que comuniqué al gabinete. Pero había otro sector que pensaba que la seguridad del acto debía correr por cuenta del propio movimiento, excluyendo a la policía. López Rega, que era ministro de Bienestar Social, y el general [sic] Jorge Osinde, que presidía la comisión pro-retorno y en ese carácter había monopolizado para sí la cuestión seguridad. Sin embargo López Rega estaba en Madrid, pero tenía un gran poder y él personalmente le impartía órdenes a Osinde. Así fueron las cosas y creo que a esta altura es obvio hablar sobre el poder que comenzaba a detentar López Rega. Concretamente no sabe cuántos muertos hubo ese día, pero hubo dos procesos judiciales, uno ordinario y otro federal, pero creo que nunca llegaron a determinar la cifra exacta. No tengo cargos de conciencia por los inocentes que pudieron morir en ese incidente lamentable y doloroso. No pude impedirlo a pesar de que era el ministro del Interior… Teniendo en cuenta el enfrentamiento que había en el seno del gobierno en esos momentos, la orden mía para que fuera la Policía Federal a custodiar el acto no se hubiera cumplido. La comisión de Osinde se había hecho fuerte y una vez que el acto y los incidentes estuvieron en marcha nada se podía hacer desde el Ministerio. Yo en realidad participé de la decisión que tomó el vicepresidente Solano Lima para que el avión que traía a Perón bajara en Morón. Esa medida tenía un gran costo político, pero era lo más sensato que se podía hacer… Le voy a decir lo que pienso en general de la violencia y de los violentos, sin nombre y apellido. La violencia es una metodología que este país no soporta más. Este país quiere vivir en libertad, está harto de violencia. Ninguna opción violenta puede, tiene derecho, a perturbar el clamor popular”.

    La noche del 21 de junio de 1973 Perón, indignado por la inoperancia del Ministro del Interior, pronunció un enérgico discurso. Lo armó sobre el esqueleto que había preparado ya en España para redondear con la improvisación tras su llegada a Ezeiza. Tal vez —siempre se pensó así— en cuanto conoció los trágicos desórdenes corrigió algunos párrafos y añadió otros. En ese discurso llamó a un acuerdo nacional “...Este es un problema que lo arreglamos entre todos los argentinos o no lo arregla nadie. Por eso deseo hacer un llamado a todos para que comencemos a ponemos de acuerdo...” y lanzó sugestivos dardos: “Los peronistas tenemos que retomar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba.” O bien “…deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento”.

    En una carta privada, el viejo militar le recordó en durísimos términos al Dr Righi que, “acorde con su sentido de la legalidad”, habría de aplicarle el Código Penal, ya que el mismo dice que “…será reprimido con reclusión o prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra la Nación, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro”, lo que efectivamente sucedió con los terroristas que Righi generosamente liberó… y que, en su gran mayoría, volvieron a atacar a las Instituciones de la Patria de inmediato.

    Poco después, ante las duras reprimendas del General Perón ~y siendo un individuo tímido y excesivamente prudente como para enfrentarlo~ Esteban Righi huyó al exilio, donde convivió íntimamente con uno de los hijos de Cámpora, Héctor Pedro, de su misma personalidad afectiva y orientación licenciosa, lo que le ocasionó el escándalo y su primer divorcio.


Una nueva oportunidad

    Esteban Righi ganó prestigio internacional como defensor de presos y perseguidos políticos durante su exilio en México, donde se refugió después de pasar por el ministerio del Interior de Héctor Cámpora. Pero no fueron sólo esas credenciales las que llevaron al jurista Righi al cargo de la Procuración General de la Nación.

    Righi pasó diez años en México, viviendo en el Distrito Federal, donde fue docente en la Universidad Autónoma del país que lo cobijó. A su regreso, en 1984, ganó por concurso la cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Abrió su estudio y siguió siempre vinculado al peronismo. Una crónica de octubre de 1998 lo rescata entre los participantes de un hecho que no llamó demasiado la atención en su momento. Fue la creación del Grupo Calafate, un conglomerado de políticos, intelectuales y técnicos pensado por Eduardo Duhalde como "usina de ideas" para su enfrentamiento con Carlos Menem y finalmente utilizado como plataforma de despegue por Néstor Kirchner, anfitrión de aquel encuentro inaugural.

    El “bebé” Righi es autor de nueve libros. Entre los más notorios hay uno, de 256 páginas, que puede adquirirse en las librerías especializadas al módico precio de 88 pesos. Se titula Derecho Penal. Y está escrito en coautoría con aquel joven abogado a quien Righi invitó a ser su profesor adjunto en la UBA hace 26 años: se trataba de Alberto Fernández y ocupaba la oficina ubicada en Balcarce 50, Casa Rosada, primer piso, despacho del Jefe de Gabinete.

    De ese modo calculado, el jefe de los fiscales nacionales se ganó el reconocimiento de sus promotores —el matrimonio Kirchner— ejerciendo su defensa en 2003 desvinculándolos en una causa sobre “enriquecimiento ilícito” durante su paso por la gobernación santacruceña. Desde ese momento, su estudio de abogados acumula la mayor representación legal de funcionarios públicos y de jefes sindicales acusados de cometer actos de corrupción, en los cuales se especializa.

    El Estudio Righi está presidido por el mismo Esteban —sin perjuicio de sus funciones— e integrado por Federico Righi, hijo del procurador, su segunda esposa, Ana García, y sus socios: Fabián Musso y Daniel Carral. Paradójicamente esos cuatro personajes se ocupan de conseguir que la Justicia absuelva a aquellos delitos que el mismo Gobierno dice que está decidido a perseguir. Ubicado en la calle Libertad al 1000, el buffet posee una cartera de clientes envidiable: desde el jefe de Inteligencia del menemismo, Hugo Anzorreguy, imputado por el presunto encubrimiento en la voladura de la AMIA, hasta la esposa del ministro Julio De Vido, Alessandra Minicelli, involucrada por la venta irregular de YPF. También el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por la manipulación de los números del INDEC, y el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, por la compra de unos terrenos del Ejército. El estudio jurídico Righi también cosechó frutos en territorio bonaerense. Fabián Musso y Daniel Carral, socios del buffet de abogados, representaron legalmente al intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, preso casi un año por presunto fraude contra la administración pública. Asesoraron también al jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, a quien la Justicia investigaba por la presunta proliferación de ñoquis en el municipio.

    Siendo así, nuestro personaje es uno de los abogados penalistas mejor cotizados de Buenos Aires, que desde su nombramiento ha progresado y prosperado en la profesión. Sigue siendo profesor universitario aquí y en México, y hombre de consulta más allá de esas fronteras.

    Cuando Kirchner lo propuso para ser el Procurador General de la Nación, y con su aprobación encaminada en el Senado, Righi sacó a relucir aquellas palabras que lo marcaron, las que pronunció ante la plana mayor de la Policía Federal el 5 de junio de 1973 y por las que hoy, todavía, tiene que rendir cuentas. Lo hizo al responder a las dos impugnaciones que recibió su candidatura a la Procuración, que al mismo tiempo cosechó ochenta adhesiones.

    ¿Y qué dijo Righi en sus años de teórico revolucionario? Por ejemplo, que los deberes de la Policía son “respetar a sus conciudadanos en cualquier circunstancia, considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrario, comportarse con humanidad inclusive frente al culpable”. Y también les dijo a los jefes policiales, a la salida del gobierno militar iniciado por el golpe de Estado contra el radical Arturo Illia en 1966, que “ningún atropello será consentido, ninguna vejación a un ser humano quedará sin castigo, en la Argentina nadie será perseguido por razones políticas”. De tal obviedad nadie se puede sorprender. Claro que esas palabras, que hoy cualquiera podría suscribir, tienen impregnado el recuerdo de otros tiempos, que les dan otra dimensión. Tiempos de la lucha por el poder entre las distintas facciones peronistas de los 70, de la violencia como método de acción política, de las organizaciones paramilitares y la guerrilla, y finalmente, el contragolpe del de Estado en defensa de la República.


Extraño representante de los intereses del Estado nacional

    El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, volvió a la polémica con una resolución que apunta directo contra la tarea investigativa del fiscal Manuel Garrrido. Sus aceitados contactos con el universo político lo convirtieron en un funcionario de extrema confianza del matrimonio presidencial. Y también en una herramienta clave a la hora de tabicar el poder de inspección de la Justicia. En los Tribunales respetan su capacidad académica, pero cuestionaron al poderoso estudio de abogados que él creó y preside, desde el cual son defendidos casi todos los funcionarios corruptos del gobierno.

    “Encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de tratados concluidos con naciones extranjeras y presumible cohecho y tráfico de influencias judiciales”. Esos son los presuntos delitos por los cuales fue denunciado hoy el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, a raíz de los recortes presupuestarios a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

    La denuncia, presentada ante la Cámara Federal, fue impulsada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, con el patrocinio legal de su colega Rafael Díaz Flaque y a pedido de Tribuna de Periodistas, quienes apuntaron contra “la proscripción del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, para participar en lo sucesivo en causas que involucren corrupción de funcionarios”.

    Según la denuncia, la decisión de Righi, conocida la semana pasada, “ha acotado autoritariamente, las facultades del Fiscal de Investigaciones Administrativas”, mediante “una arbitraria y estrecha interpretación de la Ley Orgánica del Ministerio Publico”.

    Sánchez Kalbermatten sostuvo, asimismo, que la resolución de la Procuración tuvo “la exclusiva finalidad, políticamente impartida, de impedir que se investiguen causas de corrupción y por consiguiente permitir el afianzamiento de la impunidad“ y “va de contramano con cualquier política de transparencia, y colisiona de manera directa con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”.

    Sin embargo, Righi parece intocable. La Cámara Federal confirmó el mes pasado el rechazo a la denuncia contra el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, por desempeñar supuestamente el cargo de jefe de los fiscales y, al mismo tiempo, defender a imputados a través de su estudio de abogados. En efecto, la Sala Segunda de la Cámara, con las firmas de los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun, confirmó la decisión que había adoptado en primera instancia la jueza María Servini de Cubría, quien rechazó la denuncia de Sánchez Kalbermatten.

    Recientemente otro abogado penalista presentó ante el Senado un proyecto de ley para reestablecer la “independencia de la Fiscalía General de Investigaciones Administrativas”, cuyas facultades fueron recortadas la semana pasada por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, quien echó a su titular, el Dr Manuel Garrido.

    El abogado Guillermo Cascino presentó la iniciativa mediante una nota dirigida al vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, en su calidad de titular del Senado.

    “La plena independencia del Poder Judicial, como así también del Ministerio Público, es condición esencial para el funcionamiento de la república, y el no entenderlo así implica el liso y llano quebrantamiento del espíritu de nuestro plexo constitucional”, fundamentó el letrado que se dirigió ayer a Julio Cobos, en su calidad como titular de la Cámara alta.

    Esteban Righi —famoso por sus arbitrariedades— intempestivamente decidió restringir la capacidad de la unidad que dirigía el fiscal Manuel Garrido para actuar en las causas que no fueron iniciadas por su equipo. Esto significa que las casi cincuenta causas que Garrido había iniciado contra funcionarios y amigos del poder quedarán automáticamente congeladas. Entre ellas, la causa Skanska, el Indec, la ex ministra de Economía Felisa Miceli y el actual secretario de Transporte, Ricardo Jaime, lo que confirma que es sólo un empleado jerarquizado de los Kirchner.

    En su presentación, Cascino calificó la resolución del procurador como “un error insalvable para la confianza que el pueblo de la nación debe tener sobre sus autoridades y tiñe de oscuridad a la actuación de quienes tienen el sagrado deber de llevar adelante sus políticas en pos del bien común y la transparencia de la gestión pública”.

    “Hay impunidad y ya no queda ningún órgano especializado que investigue hechos de corrupción en la Argentina”, advirtió el depuesto Garrido.

    La Fiscalía de Investigaciones Administrativas “debe ser plenamente independiente del poder de administración y de representación en nuestro sistema democrático republicano y debe ser por elección y no por designación, lo que garantizaría la igualdad ante la ley de toda la comunidad”, concluyó la iniciativa.


Nadie controla más la gestión del procurador
   
    Antes de terminar de vaciar su escritorio y desocupar su despacho, dijo el Dr Garrido: «Resuenan en mi mente las palabras vertidas hace casi ya cien años por el destacado jurista y político brasileño Rui Barbosa ante el Senado de su país: “De tanto ver triunfar las nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto”.»

    ¿Quién controla los actos de Esteban Justo Righi?Obviamente nadie más. Sus procedimientos administrativos deberían estar bajo la lupa de una comisión bicameral del Congreso. Pero esa institución parlamentaria, prevista en la ley 24.946 de creación de la Procuración General de la Nación, nunca fue creada.

    Tampoco es controlada la ejecución de gastos del organismo. Sus actos no están alcanzados por la Auditoría General de la Nación ni por la Sindicatura General de la Nación. Y la Dirección de Auditoría Interna admite que no puede desarrollar su tarea. En su último informe anual de gestión la auditora de la UAI afirmó que los “objetivos, misiones y funciones (del sector), no han podido ser cumplidos plenamente en virtud de lo siguiente: las limitaciones relacionadas con los recursos humanos de que dispone el área”.

    Es así como el presupuesto para la investigación es permeable de distribuirse en forma discrecional. Por ejemplo, mientras que algunos fiscales se quejan por la falta de recursos, otros disfrutan de la opulencia. Es el caso de la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos de Drogas y Crimen Organizado (UFIDRO) que comanda Alberto Gentilli. Esta repartición, que sólo realizó seis denuncias en esta gestión realizó hace unas semanas un almuerzo de camaradería en el lujoso restaurante “Cabaña Las Lilas” de Puerto Madero con comisarios y funcionarios. Gastaron 5.859 pesos.


Conclusiones

    Según la Ley, desde los comienzos de la organización institucional (1853-60) la administración de justicia es una función desempeñada de modo concurrente entre la Nación y las provincias. En el orden nacional, dicha tarea ha sido asignada conjuntamente al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación.

    El Dr Esteban Righi, que está al frente de la Procuración General de la Nación, —que instruye a todas las Fiscalías Federales— es el contrapeso necesario para el Consejo de la Magistratura, influido por los Doctores Diana Conti y Carlos Kunkel, que controla —a su vez— a todos los jueces federales de la Nación. Si así no estuvieran canalizados los asuntos jurídicos de la República, no habría forma de que se verifique la implacable eficiencia de la vindicta montonera.

    Así como en 1973 el Ministro del Interior camporista —Esteban Righi— defendió el indulto de la totalidad de los terroristas condenados por crímenes confesos —con más furia que una hiena a sus cachorros— de 1990 en adelante Diana Conti, luego Subsecretaria de DDHH de De la Rúa y Secretaria de DDHH en la época del Presidente Duhalde, propició también el indulto de los criminales del movimiento subversivo “Todos por la Patria” —con la pasión de una perra en celo. Cada uno —a su modo— arguyó “la necesidad de la pacificación de los argentinos sin retrospectivas negativas que estanquen al país y una mirada sin rencores hacia el futuro”.

    Sin embargo —en sus respectivas funciones actuales— hacen exactamente lo contrario.

    Tanto Victoria Paz, la atónita huérfana del masacrado ingeniero José Mª Paz; como Maby Picón, la viuda del Capitán Humberto Viola —a quien durante un régimen democrático le mataron a su marido y a su hija más pequeña—; así como también Arturo Cirilo Larrabure —hijo del héroe y mártir Coronel Argentino del Valle Larrabure—; o el huérfano del arteramente asesinado Teniente Coronel Néstor López, fueron privados de sus seres queridos por las descargas asesinas de los criminales que Righi dejó en libertad.

    Ellos están cada vez más desconcertados por la sistemática desestimación de sus reclamos de Justicia en razón de las expresas instrucciones del Procurador General Righi de negar toda investigación por los crímenes del terrorismo, al considerarlos prescriptos. En una palabra, las víctimas del terrorismo son los “desaparecidos” de la “democracia K”.

    Righi deja así impunes 22.000 atentados subversivos que causaron dos mil muertos y más de doce mil heridos o inválidos vitalicios —siendo el 40% civiles inocentes— mientras persigue implacablemente a los uniformados, atiborrando las mazmorras del Servicio Penitenciario Federal con casi 800 viejos Soldados, aquellos hombres que, cumpliendo la Ley y las órdenes reglamentarias se enfrentaron, a la buena de Dios, con la agresión terrorista en los años ´70 para proteger a la sociedad y a la Nación.

    Esas masacres fueron perpetradas —nada más ni nada menos— por los mismos criminales convictos a quienes el “bebé” Righi, cómplice y socio del actual régimen neo-montonero, les abrió —incondicionalmente— el portón de la prisión de Villa Devoto para que volviesen a asesinar.

Carlos Marcelo Shäferstein