En países latinoamericanos es considerado un éxito periodístico algo tan básico como sentar en una misma mesa a referentes de la oposición y del oficialismo. Apenas en algún canal es posible que se encuentren, en la antesala de un estudio de televisión, referentes de los bloques opuestos. Todo muy republicano, cuando se están cumpliendo dos siglos de querer comenzar a serlo.
    Venezuela es uno de estos casos. No es el único. Allí es casi un milagro poder entrevistar un ministro o algún otro funcionario jerárquico del Estado. Y el máximo premio, ése al que ya nadie aspira, consiste en participar de una conferencia de prensa con el presidente Hugo Chávez.
    Todos los ciudadanos pueden creer que duermen con Chávez. Se acuestan y se levantan con el comandante en la televisión. Trabaja allí. Pero sus entrevistas y conferencias de prensa están reservadas para los corresponsales extranjeros (que saben poco) y para los periodistas oficialistas (que preguntan poco). Los que saben y preguntan, que son los periodistas locales de los medios no oficiales, sólo pueden verlo por televisión.
    La vida política del periodismo en Venezuela siempre ha sido intensa. La caída del último dictador, el general Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958, comenzó con una huelga de prensa. Durante las siguientes cuatro décadas de vida democrática, hubo frondosas negociaciones entre partidos y grupos mediáticos, que incluyeron hasta bancas parlamentarias.
El primer tramo de la vida pública de Chávez, desde su intento de golpe en 1992 hasta su victoria electoral en 1999, estuvo alentada por una creciente simpatía de los medios. Pero durante su gobierno esa amistad terminó.
    La última semana de julio fue un verdadero reventón contra los medios privados. El 28 de mayo Chávez ordenó (por televisión) a la fiscal general del Estado, Luisa Ortega Díaz, y al superpoderoso y posible delfín, el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, para que "cumplan su obligación ante el pueblo que para eso están ahí" contra los medios privados. Obedientes, los funcionarios cumplieron.
    La fiscal fue al Parlamento a presentar un proyecto de delitos mediáticos que criminaliza la información sobre temas sensibles. El gobierno tardó algunos días en negar el proyecto, pero la afinidad entre el proyecto difundido y la presentación de la fiscal —que está en Youtube— es difícil de desmentir.
    La fiscal pidió legislar sobre las "nuevas formas de criminalidad que han surgido como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de expresión e información" y castigar a quienes usan a los medios como "instrumentos para la perpetración de delitos".
    Estos funcionarios aplican el marco regulatorio con arbitrariedad. No les preocupan los medios oficialistas, sólo los rotulados como enemigos. La legalidad borrosa del capitalismo audiovisual latinoamericano les ofrece una excelente coartada para castigar "con la ley" a sus críticos mediáticos. De esa forma, no están mejorando el estado de derecho en el campo mediático, como afirman desde el discurso oficial, sino que se actúa con el mismo particularismo de siempre.
    La historia de este tráfico de licencias, que fue el producto de acuerdos entre elites políticas y mediáticas, impacta. Los marcos regulatorios se han convertido en un tema central en la agenda pública. La paradoja es que esto ocurre cuando la era de las licencias podría estar muriendo, por la posibilidad creciente de utilizar Internet como una plataforma libre de emisión de contenidos.
    Es curioso, pero Venezuela es uno de los países que más influyó en los años setenta y ochenta por un nuevo orden mundial en las comunicaciones y por la comunicación para el desarrollo, y ahora varios de aquellos impulsores tienen que enfrentarse al discurso antimediático del gobierno bolivariano.
    Ahora, el presidente Chávez sacó el "Correo del Orinoco", con la misión de contrastar desde el Estado la información publicada y "decir la verdad", sumándose a los países que también tienen un medio gráfico oficial, como Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y el derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya.
    Para testear la coherencia del discurso de un gobierno sobre la democratización de los medios hay dos mecanismos centrales: el uso que hace de los medios estatales y la autonomía real con que cuentan los llamados medios comunitarios. En ambos campos, la situación es deficitaria.
    Varios de los principales medios estatales están al filo de ser medios de guerra y cada vez que los funcionarios oficiales hacen un acto para otorgar licencias o dar financiamiento para la compra de equipos a los medios comunitarios les piden que los usen para dar la batalla mediática contra los privados.
    Por desgracia, ambos tipos de medios —que deberían servir para ensanchar el parlamento audiovisual— pueden convertirse apenas en difusores de un discurso blindado incapaz de contener las infinitas circunstancias que tiene la vida pública en una sociedad abierta. Es una pena, pero los bicentenarios encontrarán a algunos países caminando para atrás.

Fernando J. Ruiz
Profesor de Periodismo y Democracia de la Facultad
de Comunicación de la Universidad Austral