“El dinero del narcotráfico se lava con propiedades agrarias y esto es muy importante en la Mesopotamia. No quiero dar nombres porque estamos en plena investigación, pero está muy claro que ha habido una transferencia notable de propiedades, a valores que están muy por encima de las mejores expectativas de rentabilidad”. 

La contundente frase de la diputada nacional chaqueña, Elisa Carrió, no hizo otra cosa que corroborar las investigaciones periodísticas realizadas en los últimos años, que sacaron a la luz tal situación, ante la apatía de la clase política, el Poder Judicial o los propios integrantes de la AFIP.    

En realidad, apenas Carlos Menem llegó al poder, en 1989, comenzaron a aparecer inversionistas en Entre Ríos, con tarjetas personales de funcionarios de su entorno. Mario Caserta fue el que trató de impulsar los créditos italianos, luego investigados por la Tangente y a ellos se sumaron propuestas de los Yoma. 

Caserta, Ibrahim Al Ibrahim y Amira Yoma eran asiduos concurrentes a los casinos de Gualeguaychú y Colón. Incluso se mostraron interesados en adquirirlo y, a la vez, comprar el hotel Quirinale -propiedad del empresario paranaense Luis Lossi-, en que se encuentra ubicada la sala de juegos. 

Cuando saltó el denominado Yomagate, que involucraba a cada uno de ellos en una organización dedicada al lavado de dinero del narcotráfico, en conexión con España, en marzo de 1991, dejaron de aparecer por Entre Ríos.

En 1990 –o sea, en el primer gobierno de Jorge Busti (PJ)- fueron varios los funcionarios entrerrianos que se sorprendieron con la propuesta que traía el Pájaro Héctor Villalón -un legendario dirigente del peronismo y residente en Francia-, quien se presentó como la llave de un grupo árabe para concretar en la provincia una inversión de más 10 millones de dólares. Villalón, considerado un experto en el tráfico internacional de armas, era un conocedor del mercado iraní y allegado a Monzer Al Kassar.    

El Pájaro estuvo dos veces en Paraná con funcionarios del Ministerio de Economía de Entre Ríos y mantuvo otros encuentros similares en la Casa de Entre Ríos en Capital Federal. A quienes lideraban el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) les presentó un trabajo de diez hojas, de un proyecto de casino y complejo turístico al lado del puente Zárate-Brazo Largo. 

Una idea similar fue propuesta por Ibrahim: quería abrir una casa de juegos bajo el puente, construir un atracadero y una pista de aterrizaje. Villalón había llegado a Paraná enviado por un dirigente político de La Rioja, conocido por sus operaciones en máquinas tragamonedas y al no encontrar el eco suficiente emprendió viaje hacia la provincia de Misiones.

Las inversiones en temas frigoríficos fue también de las preferidas de los árabes. A mediados de 1990 fueron varias las visitas de grupos sirios a Paraná; entre ellos, según algunos testigos, en dos oportunidades estuvo Al Kassar. 

Los visitantes, en una oportunidad, llegaron acompañados de Mohamed Sabrí Sultán, cónsul general y encargado de negocios del Reino de Arabia Saudita en la Argentina. Con la denominación de Gepsa se presentaron a la segunda licitación del frigorífico regional Santa Elena, pero no pudieron competir con el grupo Euromarche –capitaneado por Rodolfo Constantini y Juan Navarro- por requisitos legales no cumplimentados. También hubo contactos con empresarios de Paraná, ofreciendo créditos. Quienes precisaban 300.000 dólares, les ofrecían un millón de dólares. Nunca se pudo saber quiénes aceptaron ingresar en el círculo.

Los movimientos registrados en Entre Ríos alertaron a la DEA. La Embajada de Estados Unidos ya había advertido de operaciones de ese tipo al gobierno entrerriano, en junio de 1990. "La situación nos preocupa, gobernador", le dijo, en su dificultoso castellano, el ex embajador estadounidense Terence Todman, en su visita a la capital entrerriana. 

A los pocos meses, tal como se lo había adelantado al entonces ministro de Gobierno, Justicia, Obras y Servicios Públicos, ingeniero Hernán Darío Orduna, comenzaron a llegar a la provincia investigadores de la DEA. Durante 1991, en cinco oportunidades, llegó a esta provincia personal de la Drug Enforcement Agency. 

Se encontraron con mas de 100 pistas clandestinas en la provincia y solamente cerca de 200 registradas. La mayoría de ellas ubicadas en el norte y el sur de la provincia. En esa zona, la DEA siempre siguió muy de cerca los movimientos registrados en el establecimiento Mazaruca.

Si bien la firma agropecuaria Yabito es la dueña de más de 150 mil hectáreas, fundamentalmente en el sur entrerriano, en los últimos diez años hubo cerca de una quincena de allegados al menemismo que también hicieron importantes operaciones inmobiliarias en la zona. La excepción fue el ahora ex presidente del Banco Central, Pedro Pou. 

Junto a su hermano compraron tierras en la década del 80', pero fueron anexando terreno, al punto tal de quedarse con cerca de 50 mil hectáreas -la gran mayoría improductiva-, donde dispone de casi 30 mil cabezas de ganado. Su estancia La Calera está ubicada en el Departamento Gualeguay. 

O sea, la misma zona donde también tienen tierras el ex ministro de Economía, Roque Fernández; el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Hugo Anzorreguy o el ex ministro del Interior de Jorge Videla, el general Albano Harguindeguy. A ellos se suman la ex embajadora itinerante Amalia Lacroze de Fortabat; el ex vocero presidencial Hugo Toledo; el ex DT de River Plate, Ramón Díaz o el titular del Banco de Galicia –también en la mira por los movimientos extraños de dinero en tiempos del menemismo-, Eduardo Escasany. 

No obstante, los más conocedores de la zona no dudan en afirmar que Escasany no es el único gerente bancario que existe en la región. “La mayoría de los hombres de la banca nacional compró tierras en Entre Ríos”, reconoció un dirigente de la Federación Agraria Argentina.

El vecino ilustre de Pou no es otro que Roque Fernández, quien dispone de 1300 hectáreas cerca de Villa Paranacito (Departamento Ibicuy), que tienen un valor cercano al medio millón de dólares. Pou no solamente tiene La Calera, sino también la estancia San Juan, que se extiende hasta el establecimiento Mazaruca, ubicado en las islas Lechiguanas, propiedad de los hermanos Gualtieri, estrechamente ligados al ex gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde. 

Uno de los accionistas de Mazaruca era el gobierno entrerriano y Gualtieri se terminó quedando con el lugar luego de pagar cerca de dos millones de dólares. Los Gualtieri son dueños de Savinor Sociedad Anónima, una empresa de producción y exportación de maderas, cuyo conductor es Saverio Gualtieri, uno de los cuatro hermanos de la poderosa familia. Hoy en día son uno de los grupos que componen la denominada patria contratista que creció merced a los acuerdos con el Estado.

Más en el centro de la provincia, precisamente en cercanías a Villaguay, el empresario periodístico Orlando Vignatti -uno de los integrantes del grupo Vila-Manzano, dueño de diarios y radios en Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza- compró 11.000 hectáreas, por lo cual invirtió más de 12 millones de dólares. Vignatti dispone además de hoteles en Miami. 

Tiene un vecino ilustre en proximidades de su campo; allí se encuentra el ex diputado nacional del Grupo de los Ocho, José Carlos Conde Ramos, quien hasta el final del último gobierno menemista fue un activo colaborador del ex ministro Carlos Corach. 

Ramos supo ser un operador de la firma Esco de Paraná, hoy con capitales millonarios y en la mira de la AFIP-DGI, por supuestas operaciones de lavado de dinero. La empresa de ahorro previo es propiedad de Sergio Lifschitz, cuyo hermano, Hugo Bejamín, fue siempre un permanente colaborador de Alfredo Yabrán e incluso integró alguna de sus empresas. El ex gerente de Paraná de la firma Esco –hasta 1997- fue el diputado nacional Juan Domingo Zacarías, del peronismo disidente y ahora aliado incondicional de Lilita Carrió.

Entre Ríos fue una de las provincias en las que encumbrados hombres del menemismo invirtieron dineros millonarios en los últimos 12 años. La diputada Carrió reconoció que “habría que hacer un monitoreo de cuáles son las empresas que compraron campos y quiénes son los propietarios y directores de esas firmas, porque en muchísimos casos de corrupción, todos los caminos conducen a propiedades rurales en Entre Ríos”.

En los últimos tiempos, además del grupo Yabrán, los menemistas Pou, Anzorreguy, allegados a la dupla Vila-Manzano y encumbrados empresarios de la banca nacional apostaron a tierras entrerrianas y santafesinas.

En la larga lista de inversores también hay que sumar al ahora ex director nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, Mariano Durand, quien gastó más de 4 millones de dólares en hectáreas entrerrianas, adquiridas en los departamentos Colón y Uruguay, aunque los productores de la zona indican que la cifra de la inversión podría ser dos veces superior. ILSA Sociedad Anónima (SA), con sede fiscal en Reconquista 559 de Capital Federal (CUIT 30-58292280-9) es la firma de Durand.

Si bien sus primeras inversiones datan de inicios de la década del ’70, las principales operaciones fueron realizadas en los últimos años. El ex funcionario mostró una obsesión: adquirir buena parte de los campos que alguna vez pertenecieron a la histórica familia Roca. “El objetivo del funcionario es comprar la totalidad de los terrenos de los Roca y conformar lo que fue el viejo campo, que eran 35.000 hectáreas”, reveló un productor agropecuario de la zona. 

Pero allí habría que hablar de una operación superior a los 30 millones de dólares –se le señaló.

Durand quiere tener todo; nos lo ha dicho la vez que vino. Su sueño es volver a armar la estancia San Pedro –insistió el entrevistado. 

Sin embargo, el funcionario jura y perjura que tiene no más de 8.000 hectáreas en Entre Ríos, además de otras inversiones en tierras en Córdoba y una serie de departamentos en Buenos Aires.

Pero no solamente Entre Ríos tiene inversiones extrañas. En algunas zonas de Santa Fe también sucede lo mismo. “Eduardo Menem y Zulemita vinieron varias veces a este lugar. Incluso se sacaron fotografías con los peones. Zulemita salía con una amiga”.

Raúl es uno de los tantos pobladores de la zona norte de la localidad de Tostado, ubicada 300 kilómetros al noroeste de la capital santafesina. No es el único que vio al hermano del ex presidente de los argentinos, Carlos Menem, en los últimos tiempos. Es más: varios no dudan de que es el verdadero inversionista del campo El Triunfo, ubicado casi en la intersección de las rutas 405 y 13. 

-¿Y cuántas hectáreas son? –se preguntó.

-Son muchas. Son más de 400.000 las hectáreas que compraron. 

En esa zona la hectárea cuesta no más de 50 dólares. Y sí, pagaron entre 15 y 20 millones de dólares, a lo que se debe agregar lo gastado en inversiones- calcularon.

En esa inmensidad del territorio santafesino resultan extraños los movimientos y las exigencias a cumplimentar por cualquiera que llega hasta la zona. Los empleados deben ser hombres, tener menos de 40 años; no se aceptan mujeres en el lugar. Para llegar hasta el casco principal se deben recorrer no menos de 25 kilómetros y pasar por dos puestos de guardia, donde siempre hay gente armada que no es de la zona. Cada persona que llega debe estar perfectamente identificada. “Si no saben que te esperan, no entrás”, se indicó.

La casa principal fue realizada por Cristina, una arquitecta de 36 años, que a su vez es la secretaria personal del administrador de la estancia: Domingo Ianozzi, de unos 50 años, oriundo de la localidad de San Justo, en la provincia de Buenos Aires. “Y se gastaron por lo menos unos 400.000 dólares”, le dijo una vez la arquitecta a un invitado.

La vivienda tiene un gran living (de unos 12 metros de largo por 8 de ancho); un hogar destacado; las paredes son dobles y atérmicas, los baños exhiben detalles importantes de griferías y aire acondicionado central. A pocos metros se encuentran dos casas, de similares características a la principal, pero menor en tamaño y comodidades.

En las inmediaciones existe un hangar con cerca de 20 tractores John Deere de última generación, para tareas de arado. Cada uno cuesta entre 170.000 y 200.000 dólares. “El año pasado bajaron 10, pero llegaron a tener entre 30 y 40”, indicaron.

Hay tres camionetas 4x4; un pequeño helicóptero y suelen permanecer aviones que descienden semanalmente y en horas de la noche. El lugar cuenta con una pista de aterrizaje de amplia extensión donde suele sobresalir la aeronave de 18 plazas que tienen para moverse regularmente quienes viven en el lugar.

Está contratado un piloto de apellido Franco, que alguna vez fue comandante en Austral. “A mí me gusta ir a las funciones del Teatro Colón y cuando me encuentro con algo que me interese, viajo y vuelvo al día siguiente”, relata Cristina.

El uso del avión tiene otra particularidad: cada 20 días llegan señoritas de esbeltas figuras, contratadas especialmente para permanecer durante un fin de semana junto a los empleados foráneos, ansiosos de afecto, para contrarrestar la soledad.

La extensión no era de 400.000 hectáreas cuando Ianozzi se instaló en la región, sino que se fueron comprando campos aledaños. Uno de ellos, por ejemplo, el campo Las Gamitas, se lo adquirieron a Francisco Paco Cappózzolo, padre del ex subsecretario de Turismo de la Nación en la última etapa menemista, Enrique Cappózzolo.

Los Cappózzolo son oriundos de Reconquista, en el norte de Santa Fe, pero tanto Paco como Enrique, el ex marido de Graciela Alfano, viven en Capital Federal desde hace más de 20 años. Los Cappózzolo siempre crecieron al amparo del poder: tuvieron fuertes vinculaciones con el último gobierno de Juan Domingo Perón, Paco fue amigo personal del ex almirante Emilio Eduardo Massera (al punto tal de financiarle la horrenda película La fiesta de todos, sobre el Mundial ’78, que sirvió para contrarrestar las denuncias internacionales sobre los crímenes de la dictadura) y no dudó un instante en meterse también bajo el ala de Carlos Menem.

Hace no más de un año, diversos sectores agropecuarios de la comunidad de Reconquista le expresaron su preocupación al intendente de esa ciudad, Héctor Ocampo (PJ), por lo que allí sucedía. Desde la comuna solicitaron incluso a las autoridades de la III Brigada Aérea, ubicada allí, la posibilidad de realizar investigaciones aéreas, ante presuntos negocios relacionados con el contrabando y el narcotráfico, en virtud del constante movimiento aéreo registrado en horarios nocturnos, fundamentalmente.

“Pero en la unidad militar no movieron un dedo. Evidentemente, hubo una orden de arriba que los inmovilizó, porque, en principio, se mostraron interesados con lo que planteamos”, reveló una fuente allegada a la comuna. Quizás ahora, esas órdenes ya no tengan la misma fuerza y se pueda dilucidar el verdadero origen de los dineros. Porque algunas respuestas –fundamentalmente para los pobladores de la zona- siguen faltando.