El 10 de marzo pasado fue elevado a juicio oral el desapoderamiento de bienes en la ESMA, un fallo que acusa a 6 ex-represores de la Armada (Acosta, Radice, García Velasco, González, Rolón y Cavallo), incriminándoles usurpación de tierras en Chacras de Coria, Mendoza, evaluadas en 20 millones de dólares.

Los civiles que fueron probables participes necesarios en el despojo, han quedado impunes. La pista conduce al clan del tristemente célebre Nicolás Becerra, abogado de la Policía Federal en Mendoza durante la dictadura, artífice de la naturalización irregular del narcoterrorista Monzer Al Kassar, Procurador General de la Nación a lo largo de los gobiernos de Menem, De la Rúa y Kirchner, quien lo despidió con un puesto en el Mercosur, de donde aparentemente volvió a la actividad privada en su natal provincia de Mendoza.

A inicios de 1977, el titular de los bienes (Victorio Cerutti) firmó en cautiverio bajo presión de torturadores y mediante cobertura de escribanos adictos al régimen militar, el traspaso forzoso de los terrenos. Resultaron beneficiarios el capitán de corbeta Francis William Whamond y el teniente de navío Alejandro Spinelli, que utilizaron las identidades falsas de Mario Rodríguez y Felipe Pagés.

Estos dos últimos delegaron luego en Pascual Gómez, en realidad el teniente de fragata Daniel Berrone, quien declaró como su abogado al mendocino Manuel Andrés Campoy, un personaje clave en blanquear la operación fraudulenta.

Sin transición Gómez cedió los terrenos a Federico Williams, una segunda identidad apócrifa del antes citado Whamond, quien actuaba en representación de la sociedad instrumental Will Ri. La compañía tenía entre sus dignatarios a un tal Juan Héctor Ríos, en verdad el teniente de fragata y contador naval Jorge Radice. Era el administrador del robo de pertenencias a los 5000 desaparecidos en la ESMA, un botín cifrado en 70 millones de dólares por los organismos defensores de los derechos humanos. 

Will Ri designó apoderado, después síndico y finalmente presidente, al ya mencionado abogado mendocino Manuel Andrés Campoy, quien recurrió a su padre, el escribano Manuel Andrónico Campoy, para protocolizar los terrenos arrebatados por la violencia. Los inscribió en el Registro de Propiedad Raíz, quedando así debidamente asentados en la misma provincia de su dueño, raptado en la ESMA, pero a nombre de la sociedad pantalla mandatada por los “desaparecedores”.

A continuación, Manuel Andrés Campoy transfirió por intermedio de su padre las valiosas tierras a otra sociedad, Misa Chico, cuyo control remitía al otrora comandante de la Armada, Eduardo Emilio Massera, enmascarado detrás de la Financiera del Pacífico y del Banco de Ultramar. Pese a que el dictamen judicial ahora referido cita a Campoy hijo, no se la ha formulado ninguna acusación. Menos a su padre, imprescindible para registrar los terrenos y entregarlos a Massera con máxima discreción. Tampoco a su mujer, Silvina Rosenthal, a su cuñado, Hernán Lucio Funes, y a su primo, Gustavo Campoy, incorporados sucesivamente al directorio de la fantasmal Will Ri.

Queda fehacientemente confirmado que Manuel Andrés Campoy, testaferro de Massera, ha zafado de las garras de la justicia, presuntamente gracias a su abogado y amigo, Nicolás Becerra, a cuyo estudio concurría por entonces, sin duda no casualmente, el teniente de fragata Jorge Radice, a cargo de impulsar la rapiña.

Denuncié minuciosamente estos hechos en dos libros periodísticos, La delgada línea blanca (Ediciones B, 2000 y 2001) y La Prueba (Ediciones B, 2001) y en varias crónicas del diario Clarín (10-9-2000, 2-1-2001, 25-2-2001 y 4-3-2001). Refrendé tales denuncias en sede judicial el 25 de abril de 2005, aportando las pruebas testimoniales y documentales, tras una comparecencia debidamente documentada en 2001 ante la Comisión Especial Investigadora de Delitos Vinculados al Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados de la Nación, en la que compartieran responsabilidades Elisa Carrio, Cristina Fernandez de Kirchner, Daniel Scioli, Margarita Stolbizer y Graciela Ocaña.

Todo ello ha sido hasta ahora ignorado por el juez de instrucción y el fiscal federal competente en la causa, quienes sólo se han limitado a procesar a unos pocos militares. Han dejado de lado a los principales cómplices civiles, mercenarios que ayudaron a la comisión de crímenes de lesa humanidad. Los letrados personados en el sumario, ¿no deberían reaccionar frente a semejante denegación de justicia?

Hace un año lancé el portal de internet www.juangasparini.com donde confluyen mis trabajos de investigación periodística. En ocasión de este primer aniversario, ofrezco a los visitantes de mi sitio web la lectura gratuita del Manuscrito de un desaparecido en la ESMA El libro de Jorge Caffatti. Publicado en 2006, y supuestamente agotado, el libro aborda, a partir de la historia de Jorge Caffatti, el drama de las desapariciones en la ESMA. Describe la estructura y el funcionamiento del campo de concentración, traza el perfil de algunos de sus verdugos y relata el sufrimiento de las víctimas.

El derrotero de Caffatti abarca el gran asalto al Policlínico Bancario en 1963, la militancia en Tacuara y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), el secuestro en París del jefe de la FIAT en Francia, Luchino Revelli-Beaumont, y la redacción de un manuscrito durante su ulterior secuestro en la ESMA. Allí lo liquidaron el 26 de noviembre de 1978, a la edad de 35 años. Su legado escrito es revelado en el libro, un documento sacado a escondidas de la ESMA por una sobreviviente, quien remitió copia a la CONADEP, preservando el original.  

Juan Gasparini