El GAFI es un organismo intergubernamental fundado en 1989 por el G-7 (Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia y Japón) y compuesto por 33 naciones, entre ellas, la Argentina, la cual se comprometió a seguir sus recomendaciones. Su objetivo es desarrollar y promover políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y monitorear estos ilícitos en 180 países.

Bajo la lupa

La Argentina, lamentablemente, ya se encontraba bajo la lupa de este organismo desde el año 2000 cuando la sanción de la “ley antilavado” se contraponía a las valijas con cocaína a través de la empresa aérea Southern Winds con destino a España. El segundo disparador, serían otras valijas, pero esta vez provenientes de Venezuela. Por lo visto hace años que el GAFI observa al kirchnerismo por el rabillo del ojo.

El organismo evaluó oportunamente la manera en que la Argentina combate el narcotráfico y el lavado de dinero y los resultados fueron vergonzosos. A partir de ese momento la Argentina lograría postergar nuevas visitas.

En febrero y junio de 2005, el Grupo le enviaría dos cartas al Gobierno para expresar su malestar por “distintos incumplimientos”.

En una entrevista concedida a diario Clarín el 1º de noviembre de 2008, Gustavo Rodríguez, presidente del GAFI, admitió que la cúpula del organismo muestra preocupación porque en la Argentina no hay un sólo condenado por lavado de dinero.

Un año después, el temor a las reprimendas se haría carne y una comisión del GAFI, volvería a visitar estas tierras para encontrarse con un panorama no muy distinto y por sobremanera alarmante. Un documento preliminar resumiría el escenario nacional con “graves deficiencias”. Innegablemente, se esperaba un escrito sobre la realidad del lavado de dinero en la Argentina, verdaderamente lapidario.

Ayer por la tarde, esta organización elaboró finalmente un crítico informe sobre la situación en nuestro país. En dicho informe surgen dos elementos preocupantes, uno es que nuestro país no cumple con el 40% de las recomendaciones básicas propuestas por este organismo internacional, y el otro es que la entidad nacional que desde el 2002 debería prevenir y reprender el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF), "no es efectiva" y su personal, que "trabaja en situación de inestabilidad laboral", lo expone a "influencias o interferencias". Convenientemente, la UIF, depende del Ministerio de Justicia, cartera anteriormente subordinada al, más de una vez señalado en estos rubros, Aníbal Fernández.

El informe cuenta con siete capítulos en los que se analiza desde un punto de vista exclusivamente técnico, cómo la Argentina se manejó frente a cada una de las 49 recomendaciones: en su gran mayoría, los ítems figuran como "no cumplida" o "parcialmente cumplida". 

“Es la herencia”

El jefe de la UIF, José Sbattella, ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI) durante la gestión de Néstor Kirchner, aceptó las críticas del informe y, curiosamente, descargó la responsabilidad en su antecesora, Rosa Falduto: "Es la herencia. Cuando asumí, me dijeron que venía este informe y no pude hacer nada al respecto, porque se basa en datos objetivos de 2009. Lo que sí intento hacer para octubre, cuando se reúna el GAFI en París, es demostrar que la UIF progresó, que impusimos multas y que estamos avanzando", expreso en el diario La Nación.

Apresuradamente, Sbattella, intentó sobrellevar las escandalosas críticas del GAFI, y en los últimos meses abrió numerosos sumarios contra empresas y bancos, si bien autoridades que vienen investigando estos casos hace tiempo, admiten que dichas denuncias carecen de verdadero sustento. En definitiva no hay ningún pez gordo en la mira y las políticas para beneficiar este tipo de ilícitos acrecientan a la vez que las medidas para combatir el narcotráfico decrecen mientras que por su parte el PACO, mueve alrededor de $ 3400 millones por año.

Ahora el GAFI, además de preguntarse por qué no hay un sólo castigo penal al lavado, deberá cuestionarse también, por qué sólo después de 10 años desde su fundación, la UIF recién aplicó su primera multa.

Alexis Montefiore