Las diferentes lecturas sobre los años de muerte y desaparición de personas que signaron la última dictadura militar volvieron a tensar la siempre conflictiva relación entre el Gobierno y la Iglesia, a pesar de algunos gestos de no confrontación en el marco de los festejos por el bicentenario patrio.
El detonante fue esta vez una homilía del arzobispo Héctor Aguer, de La Plata, quien durante el Te Deum por el 25 de Mayo volvió a criticar en forma elíptica la política de derechos humanos de la administración Kirchner, al considerar que se fundamenta en una "interpretación sesgada" de la historia más o menos reciente.
El prelado reclamó un "discernimiento con objetividad y realismo" de estos hechos que, en su opinión, son "observados con mirada tuerta", y cuya interpretación "mantiene abiertas heridas dolorosas" e "incentiva la división" entre los argentinos.
Aguer, un crítico habitual de la "ideología" kirchnerista, alertó además sobre los rencores y desencuentros que provocan "las medias verdades", y estimó que "la aspiración ardiente a la justicia no debe servir de disfraz al odio y a la sed de venganza".
La Casa Rosada tampoco contribuyó a calmar los ánimos, al presentar en el Paseo del Bicentenario gigantografías del artista León Ferrari mostrando a la jerarquía eclesiástica como cómplice del "Estado represivo". Obra emplazada en el espacio "Nunca Más" que grupos católicos denunciaron por "provocadora".
En estos días, el Gobierno apeló también a operadores habituales para cuestionar en público la actuación del cardenal Jorge Bergoglio durante los años de plomo, en particular tras la aparición del libro "El Jesuita", donde el purpurado habla por primera vez de la acusación de haber "entregado" a dos sacerdotes jesuitas cuando, en 1976, era el superior de esa orden religiosa en el país.
Empero el "malestar" del matrimonio presidencial radica -revelaron a DyN fuentes oficiosas- en las demoras de la Iglesia para imponer una sanción eclesiástica a Christian von Wernich, el ex capellán de la Policía bonaerense condenado en 2007 por crímenes de lesa humanidad.
Las posiciones encontradas por éstas y otras cuestiones siguen tensando la relación Gobierno-Iglesia.
La Casa Rosada porque ratifica una política de derechos humanos que los obispos consideran se sustenta en "una visión sesgada y parcial" de aquellos hechos, y por tal es "peligrosa" para encontrar la verdad sobre la base de la justicia.
La Iglesia porque insiste en su prédica a favor de una reconciliación fundada en la virtud intermedia entre la impunidad y la venganza, mientras desde el Gobierno se preguntan "qué hacían los obispos cuando desaparecían niños en la Argentina".
Lecturas del pasado cercano que se exacerbaron en marzo de 2005 con las expresiones del obispo emérito castrense, monseñor Antonio Baseotto, cuya alegoría bíblica de tirar al mar a quienes reparten preservativos -en alusión al entonces ministro Ginés González García- se interpretó en Balcarce 50 como una reivindicación de los "vuelos de la muerte".
Las diferencias volvieron a notarse en marzo de 2006, cuando el Episcopado difundió un libro que recoge documentos que -al entender eclesiástico- demuestran que se condenó el genocidio del terrorismo de Estado y se contribuyó al mantenimiento del orden institucional. Pero la publicación mereció el calificativo de "incompleta" por parte de organismos de derechos humanos que dijeron tener facsímiles de otros pronunciamientos no incluidos, que revelaban vínculos entre dictadura e Iglesia.
A esto se suma que los obispos no consideran procedente hacer una autocrítica más contundente sobre el papel que jugó la jerarquía en los años de la dictadura, como se les reclama.
Según ellos, la institución ya hizo su mea culpa en dos oportunidades, cuando otros sectores ni siquiera lo esbozaron.
Uno en abril de 1996, cuando quedó la sensación de que fue un pacto de caballeros en torno de errores, omisiones e incoherencias cometidas por algunos de sus miembros. Y otro en setiembre de 2000, desde Córdoba, donde reconocieron cierta actitud indulgente frente a las posturas totalitarias y un compromiso insuficiente en la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos exigen -Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras- "mucho más, frente a una realidad tan dura y tan cruda como es el asesinato de 30.000 personas".
Guillermo Villarreal
DyN