La muerte de Isidro, el bebé que debió nacer de urgencia por los disparos que recibió su madre durante una salidera bancaria en la capital de la Provincia, les duele a todos los bonaerenses.

Desde la indignación y la impotencia, la sociedad la ha tomado como el símbolo del salvajismo, con que actúa la delincuencia. La ha tomado, también, como el más dramático ejemplo de la impunidad con que pueden moverse los asesinos, de la ausencia de mecanismos que eviten la interminable seguidilla de crímenes.

La muerte de Isidro conmueve porque la pesadilla que se vive en la Provincia nos ha llevado hasta a establecer categorías de inocentes, y no habrá ninguno más inocente que Isidro. Pero impacta también porque no es una excepción sino una más de una larga lista de dolor y luto, y les señala a cada bonaerense que la víctima pudo ser él, o lo puede ser mañana.

Grave diagnóstico

El gobierno provincial trató de afrontar la tragedia con la activa búsqueda de medidas para la modalidad delictiva que esta vez se llevó una vida y tiene a una madre luchando por la suya.

Hubo reuniones con los directivos de bancos para que adopten mecanismos que les den más seguridad a los clientes que retiran fondos y se elaboró un proyecto de ley que disponga la validez como prueba de las filmaciones de cámaras de seguridad y de las grabaciones de los llamados al 911, dos elementos que suelen ser cuestionados por los jueces en los procesos penales. En materia de medidas, nada más.

Le siguen buscando la vuelta, sin encontrársela, a una cuestión compleja como lo es instrumentar restricciones que inhiban el desplazamiento impune de motochorros sin afectar a quienes poseen una moto como lícito —y económico— medio de transporte.

El diagnóstico sobre el que se trabaja en la Gobernación habla de una hiperabundancia escalofriante de armas de fuego "en la calle", a partir de un "mercado" en el que es muy fácil y muy barato conseguirlas. Y aparece subrayado en esos informes la impiedad y el desprecio por la vida crecientes con que se manejan los delincuentes.

Ayer, por tomar apenas un ejemplo, un hombre fue asesinado en su comercio, en el oeste del Conurbano.

Pedido y silencio

Mientras tanto, el Gobernador supo que con las medidas anunciadas en las mismas horas en que se conocía la muerte de Isidro no alcanzaba para mitigar la indignación ni el miedo de la ciudadanía. Sabe también que, efectivamente, no alcanzan para frenar el accionar salvaje de los delincuentes.

Y pidió públicamente que le acerquen propuestas, además de convocar para el jueves próximo al Consejo de Seguridad donde está -o debería estar- representada la oposición, que ahora se debate sobre la utilidad o no de aceptar la invitación.

El llamado público de Daniel Scioli, prácticamente un pedido de ayuda, hizo más sonoro el silencio del gobierno nacional frente a esta nueva crisis de la siempre aguda problemática de la inseguridad en la Provincia.

El silencio, como emergente de una postura que muestra a la Casa Rosada despegada de este flagelo bonaerense, es una constante y se percibe con mayor contundencia, claro, cada vez que hay casos que conmueven a toda la ciudadanía.

Pero en esta ocasión la reiteración de esa actitud impactó con especial fuerza en ámbitos de la Gobernación, donde se percibe que la muerte de Isidro ha movilizado sentimientos y un nivel de reclamo que la gente en general trata de moderar.

Relaciones difíciles

Son tiempos difíciles, en rigor, en todos los planos de la relación entre Scioli y la Casa Rosada. No es necesario entrar en las conocidas tiranteces vinculadas a cuestiones propias de la agitada interna del oficialismo, para encontrar rastros de las complejidades de ese vínculo.

Más sustancial resulta que el Gobernador haya tenido que llamar a más de un ministro nacional el último viernes de julio, para expresar su preocupación porque aún no habían ingresado en el Tesoro de la Provincia fondos federales imprescindibles para que su Administración pudiera liquidar en tiempo y forma los sueldos de los estatales que debía comenzar a pagar el lunes siguiente.

En un clima enrarecido, así, por la concurrencia de varios factores, la Gobernación deberá enfrentar en los próximos días un proceso que tal vez se convierta en el primero en el que la oposición haga pesar la mayoría que, sumada, ostenta en la Legislatura desde diciembre pasado.

Se trata del trámite de la ley que autorizaría al Ejecutivo a ampliar en 5.300 millones de pesos el Presupuesto de la Provincia de este año y que incluye un fondo de 500 millones de pesos entre los municipios cuyo reparto, según el diseño del ministerio de Economía, está cuestionado por todos los bloques opositores.

Ocurre los legisladores de la oposición representan mayoritariamente al interior, cuyas comunas se verían perjudicadas por ese reparto, ya que la mayor parte de los fondos irán al Conurbano.

Pero ocurre también que ya hay intendentes oficialistas del interior planteando su inquietud por lo que consideran una "discriminación".

Marisa Álvarez
NA