Las nuevas regulaciones sobre la actividad de los medios de comunicación, que en la Argentina tuvo su expresión en la Ley de Medios Audiovisuales y ahora en un proyecto para regular la producción de papel de diario, también están levantando polémica en el resto de América Latina, Europa y África.
Al anuncio del gobierno uruguayo de impulsar una nueva ley que regule los medios audiovisuales y las discusiones que se dieron en Brasil, así como las violentas disputas registradas en Corea del Sur en 2009 por este tema, ahora se suman al debate países tan disímiles como Hungría y Sudáfrica.
A 20 años de sus primeras elecciones democráticas tras la caída del régimen comunista, el primer ministro conservador Viktor Orbán, impulsa la creación de un "consejo" que supervisará los medios públicos húngaros, incluyendo las cadenas de televisión y la agencia nacional de noticias.
El consejo tendría mandato por nueve años y su titular será designado por el primer ministro, lo que levantó fuertes críticas entre los medios y la oposición.
Asimismo, se busca fusionar una serie de entes reguladores de medios y telecomunicaciones en una sola autoridad con mayor poder.
La oposición acusa a Orbán de hacer uso de la mayoría parlamentaria de dos tercios con la que cuenta para impulsar la nueva legislación y compara el formato propuesto con el que existía en el antiguo régimen pro-soviético.
El primer ministro advirtió que "los medios públicos son responsabilidad del gobierno" y defendió la necesidad de que se desempeñen en función de un rol que "los medios privados no pueden cumplir".
En tanto, una polémica por una nueva legislación sobre los medios también se desató en Sudáfrica, lo que llegó a las páginas del New York Times.
El diario llamó la atención sobre un proyecto oficial que le permitiría al gobierno calificar cierta información como de "interés nacional", lo que se define como "todos los asuntos relativos al avance del bien común" y cuestiones vinculadas a la "seguridad del Estado".
La norma prevé penas de entre 3 y 25 años de prisión para quien publique esa información.
La iniciativa recibió duras críticas de sectores de los medios y la oposición, aunque también en Sudáfrica el partido gobernante cuenta con alrededor de dos tercios del parlamento a su favor.
La idea del gobierno sudafricano también es la creación de un tribunal, que responderá al Parlamento, con el mandato de regular a la prensa escrita.
Como se ve, los debates en torno al rol de la prensa y su relación con los gobiernos se desarrollan en distintos países, con distintas realidades políticas.
A esta situación se suman también las polémicas por el uso de las nuevas tecnologías.
En la Argentina se desarrolla un gran debate por la decisión del Gobierno de hacer caer la licencia de la empresa Fibertel como proveedor de Internet.
Pero las discusiones no se registran sólo aquí: por ejemplo en los Estados Unidos tiene lugar una polémica en torno a la cuestión de la "neutralidad" en la red.
De acuerdo a ese principio, cualquier persona tiene derecho a acceder a todos los contenidos que existen en Internet pagando sólo la tarifa de acceso al servicio, sin restricciones, y sin que se priorice el tráfico de uno u otro usuario por pagar más o por contratar determinada empresa.
La semana pasada, Verizon (una de las principales proveedoras de Internet y telefonía celular en Estados Unidos) y Google sellaron un acuerdo que varios legisladores demócratas cuestionaron por considerar que es impreciso y que deja "lagunas" jurídicas que amplían el poder de esas empresas.
Los legisladores salieron a pedirle a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que actúe para cuestionar el acuerdo empresario.
En un mundo donde se juegan fuertes intereses a través de los medios y en un momento de cambio tecnológico, es de prever que las disputas de este tipo se multipliquen.
Nicolás Tereschuk
NA