Estimados candidatos a Presidente de la Nación Argentina, que se postularen en 2011:

Nos dirigimos a todos los candidatos, aún a la Dra. Cristina Fernández Wilhelm de Kirchner o el Dr. Néstor Carlos Kirchner, aunque no creemos que hagan mucho caso a ninguna de estas sugerencias.

Como en nuestra Patria, desde hace unos años, está todo “patas para arriba”, aquí va alguna pequeña ayuda, unos consejos sueltos, pero, importantes para que tengan en cuenta en caso de ganar:

Señores candidatos a “Presidente de la Nación Argentina”, elecciones Presidenciales 2011: ustedes pueden dejar de ser anti-democráticos. Estamos seguros de que pueden conseguirlo.

Sólo tienen que proponérselo y seguir al pie de la letra las siguientes indicaciones:

-El presupuesto nacional no es suyo ni de su partido, y no deben ni pensar, ni considerar que, en algún momento pueda o deba serlo.

-Los bienes del Estado son, precisamente, del Estado. Es cierto que pueden o deben usar algunos de estos bienes, pero siempre en la justa medida y en el marco de una mejor función pública: los helicópteros no son los únicos medios para desplazar a la Presidente y sus Ministros, y los demás funcionarios podría ser trasportados de distintos modos, lo mismo los aviones presidenciales no son para que sus hijos vayan a cumpleaños de los amiguitos.

-Cuando el Estado necesita cosas, o servicios, debe contar con compras o licitaciones que sean limpias y transparentes, en la medida del valor de las mismas, la licitación pública es un buen método. Las compras de bienes y la contratación de servicios no son para beneficiar o castigar a gobernadores, intendentes y/u otros funcionarios, para dar premios o someter a castigos o para pagar deudas políticas que se tienen que resolver en los comités políticos y no en las cajas registradoras de los ministerios o el tesoro.

-Tampoco las contrataciones deben ser para beneficiar a amigos o grupos económicos que los apoyaron en las elecciones, o los vayan a apoyar el día de mañana. Todo habitante debe tener el derecho de saber y ver cómo, cuanto y en que concepto se gastan o gastaron los fondos públicos, su efectividad y si los presupuestos son desarrollados conforme el Congreso de la Nación lo establezca el año inmediato anterior por ley especial.

-La Argentina es un país federal, no una monarquía plebiscitaria. Las provincias son autónomas y anteriores al Poder Federal, y necesitan de un presupuesto justo, libre y autónomo. No corresponde que las administraciones Federales se usen los famosos “ATN” y/u otros mecanismos de gobierno para disciplinar a los Gobernadores ó Intendentes a través de la obra pública o la cobertura de déficits.

-Las Provincias son autónomas, no de menor categoría a la Nación. Si una provincia tiene pocos habitantes y en consecuencia, son pocos los que allí votan, el Estado debe ocuparse de sus problemas, y no descartarla por su “falta de incidencia electoral”

-Los impuestos deben ser equitativos, no puede ser que los trabajadores paguen rentas a la 4ta. Categoría, y que eso al Estado le representen tanto o más que los que pagan efectivamente las empresas que contratan a esos empleados. Equitativos significa que los consumidores no pueden pagar más de IVA o impuestos directos mucho más que las grandes empresas de impuesto a las ganancias con declaraciones todas dibujadas, o que el capital financiero no pague nada.

-Todas las personas son iguales, por lo menos, ante la Ley. Las personas que habitan más allá del conurbano, o no son “pobres” también tienen necesidades y aspiraciones legítimas, quizá de otro orden, pero que también deben ser fomentadas, y deben existir políticas para todos los estamentos y para todas las clases sociales. El fomento es una función del Estado hacia la comunidad, no un “nicho” de compra de voluntades en ocasión de las necesidades.

- El Estado debe garantizar los servicios públicos elementales, empezando por la salud, el agua potable, la educación, las obras de saneamiento y cloacales, el tendido de luz eléctrica domiciliaria, el trasporte y de ser posible, el gas natural. Los servicios “audiovisuales” o la TV por cable no son realmente prioritarios en un país cuya población, en gran medida, carece de uno o más de los mencionados en primer término.

- El Estado tiene derecho, y a veces el deber, de intervenir en la economía. Los fondos del Banco Central de la República Argentina son el ahorro de toda La Nación Argentina. Son el último respaldo, no sólo de la moneda, sino, de la coexistencia misma del País, esto conforme la experiencia del 2001/2002. En consecuencia, una sola administración no puede disponer de los mismos por cuestiones coyunturales o discrecionales. La deuda pública debe ser tratada por los representantes del pueblo, y no por tecnócratas del Palacio de Hacienda a quien nadie votó.

-Las personas que no tienen la misma visión de la vida que ustedes, no son enemigos, son eventuales opositores, y, por lo tanto, no deben ser vigiladas estrechamente, perseguidas o encarceladas. Y mucho menos torturadas o desaparecidas. La de Don Julio López debería ser la desaparición más dolorosa, porque pasó en democracia.

-Los organismos de inteligencia, como lo SI (ex-SIDE) son del Estado, no del Presidente de turno, cumplen o deberían cumplir, funciones públicas, y no ser movilizadas para tareas de beneficio de uno o más candidatos, debe abstenerse de participar en contiendas electoras, o de promover falsas denuncias. En todas estas cosas se ha hecho en el pasado inmiscuir a la SI en cosas raras, y no es republicano que agentes del Estado promuevan acciones contra particulares y menos si estas son con intencionalidad política.

-Los actos partidarios deben ser libres, así como el derecho a emitir el voto y crear un partido político para ser elegido en algún cargo público. Las excesivas reglamentaciones que tiendan a restringir el derecho a elegir o ser elegido son contrarias a la Constitución Nacional. Nadie puede ser obligado a participar en “internas partidarias” si no lo desea, la obligación es de sufragio, y no la de intervenir “obligatoriamente en internas” que no surge como obligación constitucional.

-Los funcionarios públicos deben abstenerse de obligar a empleados públicos a concurrir a actos partidarios u oficiales que tengan una intención electoral o partidista.

-Los funcionarios no deben promover a personas o grupos de personas que se organicen con el fin de emprender acciones contra otros ciudadanos, de uno u otro modo, o a cometer delitos. Tampoco a los fines de ejercer acciones directas hacia otros funcionarios u otros terceros particulares grupos o personas, estas acciones son facciosas y contrarias o los fines de una república. Si estos grupos fomentados se manifestaren pretendiendo ejercer la representación popular cometerían una falta aún mayor, la de violar la representación política y estarían contra la constitución. Serían traidores a la Patria.

-Los recursos naturales, ninguno de ellos, pueden ser explotados irracionalmente, ni siquiera por el Estado. Los Glaciares, por más que no le guste a un mandatario y el veto sea un derecho presidencial, deben ser cuidados porque son la herencia para las futuras generaciones. La súper explotación minera a cielo abierto es perjudicial, no es necesario fomentarla cuando, aún así, al Estado no le ingresan recursos.

-En un país como la Argentina, cada habitante tendría que tener no sólo el derecho de acceder a la casa propia, sino, de contar con un pedazo mínimo de tierra productiva para labranza. En el país de los alimentos no puede haber hambre, y si quien lo sufre le pide al conjunto de La Nación la posibilidad de labrar la tierra, existiendo aún miles de hectáreas Fiscales que quedan sin adjudicar y explotar, para su uso o venta. También debe tener todo Argentino el derecho a comprar un pedazo de tierra, en un tiempo mayor o menor, para afincar o constituir allí su familia.

-Nadie puede ejercer un cargo o proponer una ley que vulnere los derechos de los trabajadores ya conquistados, los derechos de la seguridad y la ayuda social, y en especial los derechos de los niños consagrados en los Tratados suscriptos por la Nación Argentina. La economía no es nunca medida de los derechos. Una Ley no es Justa porque es Ley, sino que es Ley porque es Justa.

-En la República Argentina las leyes se hacen para todos los habitantes, y no en contra de una o más personas. Cuando una ley nace direccionada “en contra” de una o un grupo de personas, no es una ley, y menos aún puede ser justa. En la Nación Argentina no hay ni puede haber privilegios, ni inmunidades especiales, ni títulos ni honores, todos debemos responder en la media de nuestra responsabilidad e investidura, en su caso, si se reviste una función pública, en la medida de dicha obligación y carga.

-Las religiones deben ser todas respetadas. Si quien es Presidente no está de acuerdo con el pensamiento de la Iglesia Católica u otro culto, no puede por ello fomentar o dejar fomentar acciones de ese u otro culto. Siempre hay que recordar que los peores horrores de la historia se cometieron cuando el Estado promovía o se manifestaba a favor o en contra de un culto. Todas las religiones son igual de respetables. si el Presidente es de otro culto distinto al Católico o de ninguno, deberá igual respetarlo, ello conforme el art. 2º de la CN y asimismo el preámbulo, Dicha norma establece que se “sostiene” dicho culto, económicamente y en cuanto a sus principios, que como los de la Patria, es heredera en definitiva Cristiandad Española.

-El terrorismo no es bueno, y las “épocas” no son un justificativo para aprobar las atrocidades que se hicieron a través del mismo. En los años ´70 no hubo “2 demonios” hubo varios demonios, muchos, y anduvieron sueltos. Algunos pagan con la justa cárcel sus crímenes, y a otros se los ha perdonado, o se los defiende desde los discursos de funcionarios del Estado, lo que resulta intolerable. Esto no puede ser correcto, o por lo menos no es democrático.

-El dinero que forma el patrimonio de un funcionario no puede ser duplicado, triplicado o multiplicado durante su mandato. Esto es cuanto menos sospechoso y es el funcionario quien debe mostrarle a la sociedad su honestidad, o sea, su no enriquecimiento.

-Los partidos opositores tienen derecho a reunirse con el “oficialismo” o partido de gobierno y este la obligación republicana, con alguna periodicidad razonable, para plantearles aquellos sus planes, ideas o puntos de vista, por más que sean totalmente contrarios a los del ocasional oficialismo. El gobernante tiene la obligación de atender a los periodistas para que los reporteen, en reuniones pactadas o espontáneamente como gusten o resuelvan, porque es una obligación del Estado, a través de sus funcionarios, hacer saber al pueblo sobre sus actos de gobierno. Puede el pueblo no querer manifestarse activamente, lo cual no significa que renuncie al goce del derecho a informarse, por lo cual el Estado debe informar y el periodismo es el medio moderno. No puede ser que un gobierno de 1 ó 2 reportajes pactados en 7 años.

-Los empresarios tienen derecho a trabajar su capital, a ejercer industria o su comercio, ello conforme lo consagra el art. 14 de la Constitución Nacional, eligiendo libremente sus representantes, según sus propios designios y voluntades y dentro del marco de las leyes, no deben ser represaliados con bloqueos económicos, piquetes o diatribas públicas por no “ir a actos oficiales”, o con acosos mediáticos, o con tergiversación de informaciones malintencionadas. Mismo derecho cuentan los trabajadores, a un salario mínimo vital y móvil, a asociarse libremente, sin que ello dependa de que un “Ministro de turno” le autorice el sindicato, cuando esté justificado por las normas de la OIT

-Los ciudadanos tienen derecho a ser cuidados en su integridad física y libertad ambulatoria plena, entra o salir del país, actúen o no en la vida cívica. Nadie pude arrogarse representaciones que la Constitución, o la legislación inferior no le hayan atribuido.

-Todo ciudadano debe tener derecho a peticionar, y además, a hacerlo ante la Justicia. Esta no sólo debe ser independiente de los demás cuerpos institucionales del Estado, sino que debe brindar un acceso “real” y no hipotético al ciudadano, aún en temas que no hagan a la vida institucional de la Nación. Asimismo, el ciudadano debe tener derecho a ser representado y/o asistido por un funcionario que, con paga pública, no tenga dependencia del órgano administrador de la Nación o de organismo de seguridad pública: El ministerio público debe ser absolutamente autónomo y las defensorías populares también.

-La Justicia, formada tanto por los Tribunales superiores como los inferiores o provinciales, debe ser imparcial. Las cárceles deberán ser sanas y limpias, para la corrección y protección de los individuos que deban estar en ella por una sentencia firme dictada por Juez competente que así lo indique. El “poder penitenciario” no puede ser un órgano no-auditable o separado de la sociedad, sino que debe ser el primero en ejemplo, toda vez que de dicho Servicio depende la persona detenida o condenada en cuanto a su salud, alimentación, su seguridad el resto de derechos esenciales para la vida en un todo del mismo.

-Por último, la mejor política respecto de la libertad de prensa es no reglamentar excesivamente el accionar de los medios de comunicación, porque ese es el mensaje del Legislador Constituyente en el artículo 32 de la CN.

José Terenzio
DNI 17.605.985