Las organizaciones criminales azotan ciertas ciudades y estados del norte y en el sur-pacífico mexicanos. Los periodistas son víctimas principales de la violencia. Profesionales amenazados, torturados, asesinados, exiliados y hasta desaparecidos. Colegas a sueldo de los narcotraficantes para vigilar a sus compañeros de redacción. Periodistas que salen disfrazados para evitar que los criminales sepan que están cubriendo un suceso. Los carteles y su manejo “profesional” de los medios. Un informe institucional y una crónica periodística que muestran el estado de estupor y temor en que se mueve el periodismo mexicano.

“Desde que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa asumió el poder en diciembre de 2006, 22 periodistas han sido asesinados, al menos ocho de ellos en represalia directa por la cobertura de actividades delictivas y hechos de corrupción. Tres trabajadores de medios de comunicación también han sido asesinados, y al menos otros siete periodistas han desaparecido en este período. Sumado a lo anterior, decenas de periodistas han sido víctimas de ataques, secuestros o se han visto forzados al exilio”.

El párrafo corresponde a un informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) difundido en septiembre de este año y que muestra a lo largo de sus 55 páginas el horror que viven los periodistas mexicanos, sobre todo en aquellos distritos en donde el crimen organizado maneja, además de las calles, a las instituciones públicas. “Plomo o plata” es la consigna de los narcos a los periodistas: o aceptan el soborno y trabajan para ellos, o pueden perder la vida.

Durante muchos años, Colombia fue el país latinoamericano que aparecía al tope del ranking de riesgo de vida para los periodistas. En los últimos seis años, México le arrebató ese triste primer puesto. El contexto en el que se dan estos asesinatos fue la declaración de “guerra” que Calderón les hizo a los narcotraficantes ni bien asumió su mandato. Lejos de aplacar los ánimos, la confrontación abierta profundizó la violencia. Y los periodistas constituyen uno de los sectores más golpeados.

La situación llegó al paroxismo el pasado 19 de septiembre, cuando El Diario de Ciudad Juárez (una de las más afectadas por la violencia) publicó un editorial en cuyo título les preguntó a las bandas delictivas “¿Qué quieren de nosotros?”.

El texto estremece:

“Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias.

Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.

Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.

Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos”.

Diario sobre Diarios (DsD) presenta aquí un informe urgente de la situación del periodismo en México. En unos días, sin dudas, quedará desactualizado, porque la violencia no cesa. Pero que servirá para tomar conciencia del momento que están pasando los colegas de ese país. En donde los “ataques a la prensa” van más allá que el quite de una licencia a una firma prestadora de servicios de banda ancha.

También, el periodista José “Pepe” Vales, corresponsal del diario mexicano El Universal y ganador de los premios periodísticos Ortega y Gasset y María Moors Cabot, aporta su mirada en una columna, pedida por DsD.

 

Censura, autocensura, infiltrados y favores

 

El asesinato cotidiano de periodistas en México no tiene como elemento únicamente la violencia ejercida contra los trabajadores de prensa por parte de las bandas criminales. Con frecuencia se escuchan y leen términos como “censura” y “autocensura”. También se habla de “periodistas infiltrados por el narcotráfico en los diarios”, como del manejo profesional de la comunicación que hacen los carteles de la droga y los “favores” periodísticos que obtienen de los medios.

En la introducción al informe del CPJ, su director ejecutivo, el periodista Joel Simon, afirma: “¿Por qué le interesa tanto a la delincuencia organizada lo que se publica en los periódicos o lo que se transmite por radio y televisión? No se trata solamente de suprimir algunos informes dañinos. Sus motivo son mucho más complejos, y mucho más siniestros”.

Y asegura que los narcos “eliminaban informes sobre su propia violencia y al mismo tiempo compraban periodistas para dramatizar el salvajismo de sus rivales. Más importante aún, utilizaban a los medios para dañar las operaciones de sus adversarios, filtrando informes de funcionarios corruptos. El impacto de estos informes era profundo. Por ejemplo, se podía conseguir que renunciara un jefe de policía corrupto, en el que uno de los carteles había invertido grandes sumas de dinero”.

Para Simon, “no todos los periodistas que les seguían el juego eran corruptos. Ellos simplemente ignoraban que sus fuentes de información, con frecuencia dentro de las fuerzas de seguridad, eran quienes trabajaban como relacionistas públicos de los carteles”.

A la hora de describir el manejo comunicacional de las bandas criminales, destaca que “los narcotraficantes utilizan los medios de comunicación que controlan para desacreditar a sus rivales, exponer a los funcionarios corruptos que trabajan para los carteles de la competencia, defenderse de las acusaciones del gobierno e influir en la opinión pública. Utilizan a los medios en forma similar a como lo hacen los partidos políticos tradicionales, salvo que ellos están dispuestos a matar para lograr sus metas de relaciones públicas”.

Por último, alerta que “las organizaciones criminales están controlando la información en muchas ciudades de México. Algunos medios han intentado abstraerse, negándose a publicar cualquier cosa que tenga que ver con el tráfico de drogas, incluso si ello significa ignorar enfrentamientos armados en plena calle. Pero los narcotraficantes no siempre aceptan una negativa. Algunos reporteros señalaron que fueron forzados a publicar reportajes atacando a los carteles rivales”.

 

Reynosa, la “ciudad cartel”

 

El informe del CPJ le dedica un capítulo especial a Reynosa, a la que define como “ciudad cartel” ya que “el cartel del Golfo controla al gobierno, la policía e incluso a los vendedores ambulantes. Pero eso no se lee en la prensa local: el cartel también controla los medios de comunicación”.

Según el documento, de la situación en Reynosa, luego de varios años de gestación “participaron funcionarios de gobierno, dueños de medios de comunicación y los propios periodistas. Hoy en Reynosa—una ciudad de aproximadamente 600 mil habitantes, la más grande de la frontera nororiental de México y hogar de fábricas de ensamble estadounidenses vitales para la economía local—no reciben cobertura ni la ola de violencia, ni la corrupción municipal cotidiana”.

“Los carteles de la droga –consigna el texto- promueven la censura mediante una combinación de amenazas, ataques y sobornos. Cuando los carteles no quieren cobertura sobre notas específicas, como enfrentamientos armados entre narcotraficantes y el ejército, les indican a los policías que trabajan para ellos que informen a los reporteros que la noticia está prohibida. Muchos reporteros de la crónica del crimen aceptan dinero para sesgar la cobertura informativa en favor de los delincuentes”.

Además, “el cartel del Golfo también patrocina su propia página de Internet, una especie de portal de relaciones públicas (…) Si cierta información está en el sitio de Internet significa que su publicación en la prensa está permitida. De lo contrario, el tema se considera prohibido”.

 

La vida cotidiana de los periodistas

 

El Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper), que funciona en Santiago de Chile, reprodujo en agosto una formidable crónica de la violencia contra el periodismo en México, publicada originalmente en la revista Proceso de ese país, con la firma de la periodista Marcela Turati. DsD recomienda a los lectores leer el escalofriante relato en forma íntegra. Así comienza:

“Tras atender la llamada nocturna el periodista se levantó de la cama, se vistió con rapidez -botas, jeans, camisa-, les dio un beso a sus hijos, se despidió de su esposa y se sentó en el living a esperar a que llegara el comando armado a buscarlo.

‘Estaba listo para salir a la calle a entregarme en cuanto los escuchara llegar. Yo no iba a permitir que entraran a mi casa, que dejaran traumada a mi familia ni que me encontraran tirado en una zanja en chanclas y calzones’, explica el periodista en una tienda de autoservicio cercana a su casa, el sitio más seguro que encontró para platicar con esta reportera sin llamar la atención en su ciudad, una de muchas del norte del país donde los reporteros viven bajo la ley del ‘silencio o plomo’.

Pero esa noche, la más larga de su vida, los enviados de la muerte se estacionaron afuera de la casa de otro reportero que cubría como él los asuntos policíacos de la ciudad. Con violencia lo sacaron a la fuerza de su hogar ante el horror de sus niños y de su esposa. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en un canal de riego.

El periodista sobreviviente no pudo siquiera acudir al velorio de su colega: él y varios reporteros de ese estado norteño fueron advertidos que ni se aparecieran. Los pocos valientes profesionales que llegaron al velorio lo hicieron con el miedo invadiendo sus huesos al imaginar que su osadía les costaría ser asesinados de un granadazo.

El gatillo asesino surtió efecto: activó el silencio. Los directivos de los medios de comunicación de toda la región decidieron no publicar los enfrentamientos que se libran en las calles que se disputan dos cárteles de la droga. Las balaceras que todo mundo escucha y que impactan en las casas. Y su balance: el reguero de muertos que cada tanto aparecen tirados como bolsas de basura”.

Según la nota, “en cada región la amenaza de los grupos criminales opera de manera similar, aunque con algunas particularidades” y detalla que “primero son las amenazas, telefónicas, por Internet, o que llegan directamente a la redacción cuando aparecen y te dicen ‘esta foto o esta noticia no la publiques’. En lugares como Tamaulipas primero te advierten lo que no quieren que hagas, y si llevas la contraria, asignan a un reportero (a sueldo) para que te vigile siempre y que te sigue a todos lados. Si no cumples, a la tercera (falta) van por ti, te llevan y te dejan medio muerto”.

En ese Estado mexicano, también son conocidos “los tablazos”, un “método de castigo que los delincuentes usan contra sus enemigos, incluidos los periodistas: ‘Te amarran y te pegan con una tabla en la espalda hasta que casi te matan’, explica la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México, Balbina Flores”.

Añade la crónica que “los reporteros defeños (por el DF, capital de México) no están a salvo: reciben la visita de los abogados de los narcotraficantes quienes transmiten sus mensajes o sus órdenes. Por ello, en los periódicos ha cundido la costumbre de publicar investigaciones sin la firma del periodista que la realizó, aunque algunas organizaciones han expresado dudas sobre si esa medida protege realmente al autor”. Una periodista le dijo a la autora de la nota: “Aunque no firmemos las notas los delincuentes, militares y demás nos tienen identificados. Para ellos los reporteros policiacos somos el rostro de nuestra empresa”.

 

El enemigo en casa

 

La crónica de Turati asegura que “la violencia en Tamaulipas evidenció un secreto a voces: hay empresas periodísticas infiltradas por personas al servicio de los grupos criminales. El 12 de marzo pasado la agencia Reuters publicó que los cárteles pagan 500 dólares al mes y obsequian licor y prostitutas a periodistas tamaulipecos para que intimiden y silencien a sus colegas”.

El editor “de un diario del occidente del país” le contó a la periodista una “anécdota escalofriante”:

“Entre sus subordinados había una reportera que le advertía de antemano a quién debía dejar de ver porque próximamente iba a ser asesinado. Al punto que llegó a tramitar viáticos a una comunidad rural días antes de que se perpetrara una matanza de la que ella ya había sido informada. Quería la exclusiva.

-¿Y por qué no la despidieron? –se le preguntó al editor.

-¿Quién iba a ser el valiente que se atreviera a decirle algo? –respondió.

Con el tiempo la periodista renunció. Y él suspiró aliviado”.

Otro testimonio que le brindaron a la autora de la crónica: “Es muy complejo resolver la infiltración en las salas de redacción porque ya en algunas no se puede hablar o escribir tranquilamente. En Coahuila me dijeron que tenían que salirse de la redacción para platicar; en otros estados hay fotógrafos que retratan a los reporteros que llegan a cubrir algún crimen para identificar a quién hizo la nota. Y sabemos que en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Michoacán existen los famosos ‘voceros’, periodistas que operan para la gente del narcotráfico y les advierten qué se publica. Estos controlan a los compañeros: los llaman, saben dónde viven, a veces les pagan, los vigilan y no dudamos que son los que llaman a las redacciones para exigir ‘léeme lo que vas a publicar mañana’ y censuran.

 

Medidas para evitar la muerte

 

La nota describe también algunas medidas que toman los profesionales de prensa para salvar sus vidas. “En una ciudad de Michoacán, los reporteros se disfrazan de mujer (con peluca y lentes de sol) para que los fotógrafos que trabajan para los cárteles no los identifiquen en la escena del crimen. Los juarenses, aunque trabajen para empresas distintas, están comunicados por radio para llegar juntos a cubrir los hechos sangrientos. Algunos periodistas defeños se rehúsan a recibir exclusivas si sus informantes los citan en lugares secretos y no quieren acudir a la sala de redacción”.

 

La declaración de Austin

 

El pasado 18 de septiembre concluyó el Foro de Austin de Periodismo en las Américas. Allí “destacados periodistas de investigación y miembros de organizaciones de apoyo a la prensa de 20 países en las Américas y Europa condenaron fuertemente los asesinatos de periodistas y los ataques a los medios por parte del crimen organizado, en particular en México”. Los profesionales y organizaciones reunidas en la Universidad de Texas (Estados Unidos) firmaron la denominada “Declaración de Austin”.

Dice lo siguiente:

“Un grupo de los periodistas de investigación más destacados de América Latina y del Caribe, reunidos en el Octavo Foro de Austin sobre Periodismo de las Américas, organizado por el Centro Knight en la Universidad de Texas en Austin, declara su más enérgico repudio por los asesinatos de periodistas y ataques de todo tipo contra los medios de comunicación desatados por el crimen organizado en México y que se cometen desde hace años en medio de la negligencia del Estado.

El narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en la principal amenaza contra la sociedad y la vida democrática desde México hasta el Cono Sur. En otros países, como Guatemala, Honduras y también Colombia, los medios de comunicación y los periodistas trabajan bajo fuego. Por toda la región la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados están en serio peligro. Así lo ha constatado el trabajo de este Foro en las rigurosas exposiciones de los participantes.

Los participantes del Foro de Austin declaran su decisión de actuar desde los distintos medios de comunicación aquí representados para denunciar la impunidad con la que operan las bandas del crimen organizado y para insistir ante organismo internacionales, los gobiernos de la región, en particular el mexicano, para que asuman la urgencia del momento y la responsabilidad que les corresponde en garantizar dos derechos mínimos que están consignados en sus constituciones. Los derechos a la vida y a la información deben ser restituidos.

Desde Austin enviamos nuestra solidaridad a todos nuestros colegas en peligro.

Austin, 18 de septiembre de 2010”

Y la firman:

 •Juan Javier Zeballos, Asociación Nacional de la Prensa, Bolivia

• Mauri König, Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Brasil

• Mónica González, CIPER, Chile

• Ginna Morelo Martínez, Consejo de Redacción y El Meridiano de Córdoba (Colombia)

• Álvaro Sierra, Universidad para la Paz, Costa Rica

• Giannina Segnini, La Nación, Costa Rica

• Mónica Almeida, El Universo, Ecuador

• Carlos Dada, El Faro, El Salvador

• Benoît Hervieu, Reporteros Sin Fronteras (Oficina para las Américas), Francia

• Claudia Méndez Arriaza, El Periódico, Guatemala

• Gotson Pierre, AlterPresse, Haití

• Byron Buckley, Asociación de Trabajadores de Medios Caribeños y Asociación de Prensa de Jamaica

• Marcela Turati, revista Proceso y red Periodistas de a Pie (México)

• Marco Lara Khlar, Insyde (México)

• María Teresa Ronderos, Verdad Abierta, Colombia

• Mike O'Connor, Comité para la Protección de Periodistas

• Óscar Martínez, El Faro, El Salvador

• Samuel González, asesor en justicia criminal, México

• Carlos Fernando Chamorro, El Confidencial, Nicaragua

• Dilmar Rosas Garcia, Centro Latinoamericano de Periodismo, Panamá

• Osmar Gómez, Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP), Paraguay

• Gustavo Gorriti, IDL Reporteros, Perú

• Luz María Helguero, Red de Periodistas de Provincias del Perú

• Ricardo Uceda, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Perú

• Tyler Bridges, periodista

• Paul Radu, Romanian Center for Investigative Journalism, Rumania

• Ana Arana, Fundación MEPI, México

• Bruce Bagley, University of Miami, Estados Unidos

• Bruce Shapiro, Centro Dart para el Trauma y el Periodismo, Estados Unidos

• Cecilia Alvear, Asociación Nacional de Periodistas Hispanos /Unity, Estados Unidos

• Judith Torrea, blog Ciudad Juárez: en la sombra del narcotráfico

• Luis Botello, Centro Internacional para Periodistas

• Ricardo Trotti, Sociedad Interamericana de Prensa

• Steven Dudley, InSight/Crimen Organizado en las Américas

• Javier Mayorca, El Nacional, Venezuela

• Algirdas Lipstas, Programa de Medios de Open Society Foundations

• David Holiday, Programa para América Latina de Open Society Foundations

• David Sasaki, Programa para América Latina de Open Society Foundations

• Gordana Jankovic, Programa de Medios de Open Society Foundations

• Miguel Castro, Programa de Medios de Open Society Foundations

• Sandra Dunsmore, Programa para América Latina de Open Society Foundations

• Lise Olsen, Reporteros y Editores de Investigación y Houston Chronicle, Estados Unidos

• Donna De Cesare, Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos

• Rosental Calmon Alves, Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos

• Kristel Mucino, Washington Office on Latin America y Transnational Institute

• Ricardo Sandoval Palos, Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo/Centro para la Integridad Pública, Estados Unidos

• Gabriel Michi, Foro del Periodismo Argentino (FOPEA), Argentina

• Dean Graber, Universidad de Texas en Austin

• Summer Harlow, Universidad de Texas en Austin

• Ingrid Bachmann, Universidad de Texas en Austin

• Monica Medel, Universidad de Texas en Austin

• Joseph Vavrus, Universidad de Texas en Austin

• James Ian Tennant, Universidad de Texas en Austin

• Jennifer Potter-Miller, Universidad de Texas en Austin

Fuente Diario Sobre Diarios

 

Redacción de Tribuna de Periodistas