Los contactos con el FMI para reestructurar el desprestigiado INDEC, las críticas académicas a las estadísticas oficiales y el impulso al pacto social demuestran que el Gobierno salió con decisión a combatir la inflación, uno de los flagelos que más perturba de cara a las elecciones de 2011.

 Si bien existe consenso entre los economistas y consultoras de que el país está lejos de un desborde inflacionario, lo cierto es que las estadísticas públicas no reflejan la realidad que la gente vive en las góndolas y las compras diarias.

 Frente a esta situación, el Gobierno dio un giro completo en su relación con el Fondo y aceptó que el organismo colabore para mejorar las estadísticas, un hecho que demuestra la preocupación oficial por este tema.

 También sorpresivamente, el ministro de Economía, Amado Boudou, se reunió esta semana con los directivos de la Universidad de Buenos Aires para recibir de sus manos el ultra crítico informe elaborado por los académicos sobre el estado del INDEC y la poca credibilidad que genera.

 El abismo existente entre lo que el organismo mide en cuanto a la evolución de los precios y lo que la realidad muestra es tan grande que ni siquiera a los empresarios se les ocurrió tomar el índice de precios de ese organismo para negociar aumentos salariales.

 Quien encabezará las negociaciones tripartitas con la CGT y las cámaras empresarias será el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, quien ya tuvo contactos con la Unión Industrial y el titular de la CGT, Hugo Moyano.

 En el marco del pacto social, la intención del Gobierno está orientada puntualmente a evitar desbordes sindicales y pautar, para el 2011, una mejora salarial cercana al 20 por ciento.

 La semana próxima será clave para establecer el marco en el cual se dará el diálogo tripartito que incluirá no sólo el debate sobre la puja salarial, sino también otros puntos que preocupan al empresariado como los alcances de la ley de ART y el proyecto para repartir ganancias.

 En cuanto a la ley que regula los riesgos de trabajo, la presidenta Cristina Fernández prometió una nueva normativa que evite la "industria del juicio", una noticia que fue muy bien recibida por los empresarios.

 Sin embargo, el punto de conflicto pasa por otro lado y es el proyecto apoyado por el Ejecutivo para que las empresas repartan un 10 por ciento de sus ganancias entre sus trabajadores.

 Si bien la iniciativa está en el Congreso, en los últimos días casi no tuvo avances y si prospera el diálogo entre empresarios y la CGT no sería llamativo que quede dormido cumpliendo el sueño de las causas justas.

 El guiño a los ejecutivos por parte de la Presidenta durante un almuerzo con cámaras transportistas no pasó inadvertido y fue recibido con entusiasmo por los empresarios.

 En este marco, el clima parece inmejorable para que las partes se sienten a dialogar sobre ajustes salariales y aumentos de precios.

 Por su parte, el líder de la CGT, Hugo Moyano llegará al encuentro un poco golpeado luego de la decisión de la Justicia de allanar varias dependencias del sindicato de camioneros en el marco de la causa por la mafia de los medicamentos.

 Con todo, lo más importante para el Gobierno es que, en la previa de un año electoral, los precios no se descontrolen y afecten el humor social.

 Los economistas Miguel Kiguel y Miguel Bein coincideron durante un seminario que los escenarios macroeconómicos del 2011 parecen ofrecer menos incertidumbre que la carrera electoral.

 Ambos especialistas, quienes por lo general no coinciden con el Gobierno, aseguraron que para el año próximo no cabe esperar ni una explosión cambiaria ni una espiralización de la inflación.

 Sin embargo, advirtieron que la posibilidad de incrementos superiores al 30 por ciento podría terminar impactando en los precios.

 El giro que dio la Presidenta a su gestión parece confirmar que la inflación será el tema principal en la agenda del 2011 y que, en un año electoral y con las variables económicas en positivo, deberá controlar para evitar el malhumor de la gente.

Guillermo Malisani