Un fiscal federal ordenó una serie de medidas preliminares en el marco de la denuncia contra el ministro de Economía, Amado Boudou, por el supuesto espionaje a los correos de sus empleados, y en ese sentido, pidió conocer cuál es la política de control que rige sobre los usuarios de internet del Palacio de Hacienda y también de las claves de acceso a las cuentas de mails.

Previo a considerar si la supuesta actitud de Boudou configura un delito, el fiscal federal Jorge Di Lello ordenó estas medidas para luego sí dictaminar si lo es o bien se trata de una "decisión administrativa, que hasta el momento no se ha determinado si se encuentra vigente".

El fiscal ordenó saber si la resolución 464/09, mediante la cual Boudou podía conocer el contenido de los mails de los empleados del Ministerio, "entró en vigencia" y si hay constancias de algunos agentes que "hayan dado cumplimiento a la firma del formulario de aceptación" de dicha actividad.

Di Lello pidió que se libren oficios al Director del Área informática del Ministerio de Economía sobre "las constancias de regulación de los servicios informáticos" del Palacio de Hacienda, y también de cuáles son las "políticas o reglamentaciones" sobre las "actividades de internet, como asimismo el control sobre los usuarios".

También pidió conocer cuáles son las políticas respecto de las "entregas de las claves de acceso, a las cuentas y al sistema".

En el escrito que presentó poco antes de finalizar el año ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal solicitó que se pida "la reglamentación que disponía ese Ministerio sobre control y auditoría del sistema informático" anterior a la resolución 464/09.

 Entre las medidas, Di Lello requirió a los ingenieros del Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura que le remitan los protocolos o regulaciones que actualmente existen en esos organismos sobre el control, prohibiciones y disposiciones de privacidad "en el desarrollo de la actividad laboral".

En la causa, Boudou fue denunciado por los delitos de "abuso de autoridad", "incumplimiento de funcionario público", y presunta "violación de secretos y de la privacidad" en perjuicio de los empleados del Palacio de Hacienda.

La denuncia la realizó el diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, quien constató que la resolución dictada por Boudou "es lo más parecido al control del personal que tenía el régimen franquista".

Para Morán, con la resolución que le permite espiar los mails a los empleados de Economía, Boudou "podrían verse menoscabados los derechos a la intimidad y a la privacidad de empleados y funcionarios del Estado Nacional".

Según señaló en la denuncia, Boudou dictó la Resolución N° 464/2010 "con el fin de regular, limitar y controlar el uso de Internet y otras herramientas informáticas por parte de los empleados y funcionarios dependientes de dicho Ministerio".

"Es dable mencionar que si bien habría un supuesto "consentimiento" prestado por el agente para que el grupo especial de control revise sus correos y archivos, este no podría ser considerado como tal, dado que es la misma Resolución 464 la que los obliga a firmar un formulario autorizando a llevar a cabo dicho control de su correspondencia y de los eventuales documentos privados", expresó en su acusación el diputado.

Boudou negó que en el Minsterio se espíe el mails de los empleados y aseguró que la resolución cuestionada "tiene las políticas de utilización informática, como tienen casi todos los organismos de gobierno y todas las empresas privadas".

Sergio Farella
NA