Por si no bastara que en nuestra Argentina se obligue a extraer sangre para estudios de ADN, en un Banco Nacional de Datos Genéticos creado ad hoc para satisfacer las necesidades del merchandising oficial, conculcando elementales derechos humanos a la intimidad y que hacen a la defensa (cuando en cualquier país basta con una muestra de saliva o un cabello), dentro del marco de la persecución judicial como herramienta de disciplinamiento, ni la frontal desobediencia a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —como el caso de la negativa a reponer en su cargo al Procurador de Santa Cruz eyectado de su cargo por el ausente con presunción de fallecimiento NK—, o el absurdo veto a la Ley de Protección de Glaciares (propuesta por el mismo Poder Ejecutivo que luego la defenestrara) y al 82% móvil para jubilados y pensionados, hoy el absurdaje supera la más febril imaginación: se manipuló descaradamente un simple pedido de informes hecho por Suiza vía exhorto judicial para conocer la existencia de alguna causa judicial que involucre al Clan Moyano.

Este simple requerimiento hecho por un país del Primer Mundo en el marco de la colaboración internacional contra el lavado de dinero provocó una conmoción interior ante el llamamiento corporativo de quienes acompañan al líder de la CGT, a la vez Vicepresidente del PJ nacional y Presidente del PJ bonaerense.

Tuve ocasión de saludar el advenimiento de este año 2011 con una nota fechada el primero de enero titulada feliz 2011, el año del SI, del Servicio de Inteligencia, sosteniendo que en estos 12 meses de plena campaña electoral, los carpetazos e infidencias serían los principales protagonistas. Ahora se puso de manifiesto cuando desde la propia ex SIDE, se indujo la investigación suiza sobre fondos sospechosos depositados por un empresario supuestamente vinculado a Hugo y Pablo Moyano. Concretamente, quien supiera forjar una inmensa fortuna, Ricardo Depresbiteris, como titular de la empresa Covelia, no tuvo mejor idea que depositar casi dos millones de dólares en aquél paraíso fiscal, y eso resultó llamativo para las autoridades helvéticas, siempre tan susceptibles frente a noticias provenientes de países pauperizados del 3er. mundo que sin embargo generan grandes e inexplicables fortunas a políticos y empresarios.

El exhorto consular, fechado y recibido en Cancillería mucho antes del 18 de marzo cte., tuvo su origen en una infidencia de Francisco Larcher, verdadero Jefe real de la ex SIDE, íntimo amigo y proveedor de información clasificada del ex presidente NK, dirigida a neutralizar el poder sindical del líder camionero, socio forzoso del matrimonio cleptómano que ahora se ha convertido en una piedra en el zapato.

Rápido de reflejos, Hugo Moyano hizo conocer su fuerza y amenazó con un paro nacional, máxime cuando se enteró que el expediente había caído en manos del juez todo terreno y preferido del oficialismo Dr. Norberto Oyarbide, pero más preocupante aún con intervención del Fiscal Gerardo Pollicita, a la sazón suplantando al Fiscal Di Lello, a quien se obligó interrumpir su licencia para tomar cartas en el asunto, a expreso pedido del Procurador Fiscal Esteban Righi.

Conocedor de las posibilidades de complicaciones judiciales que podría generar el tema en manos de un juez permeable, el titular de la central obrera prefirió curarse en salud y apostó a la medida de fuerza corporativa, visto el éxito del mecanismo que torció la voluntad político-judicial tendiente a encarcelar al opositor Gerónimo “Momo” Venegas, en lo que será conocido como el papelón judicial del año.

Tuvo conocimiento el camionero que se direccionó el exhorto hacia el juzgado federal nro. 5, pues el sistema informático de sorteos de la Cámara Federal Criminal y Correccional —según un informante— sufriría alteraciones que así lo permiten, pero lejos de quedar tranquilo por la intervención del juez amigo, conociendo las veleidades del magistrado, su inquietud le nubló el entendimiento e hizo tronar el escarmiento hacia quienes pretenden investigarlo, descontando intencionalidad de la Casa Rosada y viéndose como futuro huésped oficial del estado argentino alojado en alguna cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal, al igual que su colega Juan José Zanola, que junto a su mujer lleva más de un año preso en la causa conocida pomposamente como Mafia de los Medicamentos.

Es dable aclarar que el exhorto en cuestión es un simple pedido de informes que no requiere solemnidad alguna, por lo que devolverlo —como se hizo— con la excusa de algún defecto formal implica una maniobra dilatoria con una excusa más que infantil. Nunca un país Serio, o En Serio, podría haber burlado el principio de cortesía y colaboración con una potencia extranjera con tan mal gusto. Es indudable que nuestros funcionarios quieren enemistarnos con el resto del mundo, tal como se hiciera en el affaire del escandaloso allanamiento al avión norteamericano, Héctor “Twitterman” mediante.

Lo más extraño de todo esto es que, transgrediendo nuestro ordenamiento procesal, los jueces federales violentan permanentemente el principio de conexidad en la tramitación de causas donde se investigan a funcionarios públicos. Ese principio exige la concentración de la actividad investigativa ya sea por el objeto procesal (o materia) o por el sujeto involucrado en la pesquisa (acumulación subjetiva), para facilitar la tarea de los funcionarios que deben colectar información útil para determinar la existencia de hechos delictivos y verificar quiénes podrían ser responsables de los mismos. Menos en la Justicia Federal, en los demás fueros penales se aplican esos principios sin excepción. Consecuencia de ese especial tratamiento es la diversidad de jueces que tienen expedientes relacionados con un mismo funcionario, lo cual atenta contra el buen servicio de justicia y perjudica la defensa del imputado que se ve investigado por distintos jueces simultáneamente, pero les asegura a los magistrados un elemento neutralizante de cualquier embestida política.

Con los buenos oficios y el acercamiento del ministro Julio de Vido, se neutralizó el paro nacional que Moyano y sus adláteres pretendían realizar el lunes próximo, se recompusieron las relaciones, se consensuó el Vicepresidente sindical impuesto por la Central Obrera y por ello se suspendió la medida de fuerza que amenazaba con paralizar todo el país. Lo que más importaba neutralizar desde la Casa Rosada era la amenaza del líder camionero de ventilar algunos negociados que unían al difunto Néstor Kirchner con Ricardo Jaime y otros actuales millonarios beneficiarios del kirchnerato. 

La Presidente comprendió que sus asesores la están llevando por un camino muy peligroso y por eso mandó fumar la pipa de la paz con el más poderoso sindicalista de la Argentina, nuestro Jimmy Hoffa vernáculo y futuro Gobernador y posterior Presidente de la Nación.

Faltan tremendos y furibundos 6 meses para las elecciones presidenciales y Cristina está que trina.

Enrique Piragini