Una serie de cortocircuitos internos en el oficialismo bonaerense, que abandonaron esta vez los planos políticos y partidarios para desarrollarse peligrosamente en torno de cuestiones de gestión y legislativas, mostró la última semana el siempre turbulento panorama institucional de la Provincia.

 Y detrás de esos "desencuentros" —cuyo aspecto álgido reside en sus consecuencias sobre los gobernados— se meneó la sombra de las pujas electorales, más concreta y prosaicamente por los lugares salientes de las listas de candidatos que se definirán en los próximos meses.

 Un proyecto de "ley de hábitat popular" elaborado en el Poder Ejecutivo, que tiene uno de sus ejes en que los grandes emprendimientos inmobiliarios —barrios cerrados, cementerios privados, shoppings y centros comerciales— hagan una especie de "aporte obligatorio" para que el Estado desarrolle sus planes de "viviendas sociales", desnudó en público una falta de, por lo menos, coordinación alarmante, además de la polémica que generó su "fondo".

 Versiones de una misma sinfonía

 Hace unos días, la ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez, "presentó" la iniciativa como un "anhelado proyecto". Lo hizo en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, en la capital federal.

 Habló de autogestión y microcréditos para que la gente se construya sus casas y de urbanización de villas, pero no "aportes obligatorios" del sector privado.

 Mientras tanto, en otros ámbitos del Gobierno se decía que sólo había un borrador que estaba por esas horas en el escritorio del gobernador Scioli para que diera el visto bueno (o no).

 Pero cuando el proyecto fue difundido por un funcionario de segunda línea, que dijo que la iniciativa establecía que los barrios cerrados y otros emprendimientos inmobiliarios debían ceder el 10 por ciento de sus terrenos para la construcción de "viviendas populares" y sostuvo que eso podía "parecer comunista" pero se iba a llevar a cabo, la ministra salió a defender el proyecto, también lo dio por hecho y sólo mitigó lo de la cesión de tierras indicando que los countries también podían afrontar esa carga "con dinero o asfalto".

 Horas más tarde, el vocero del gobernador negaba que existiera un proyecto de la administración Scioli que fuera a "afectar la propiedad privada" o desalentar "las inversiones".

 Sin embargo, poco después otros voceros ratificaban que la iniciativa preveía que los barrios cerrados "aportaran" tierras ("no de la propia superficie del country", decían) o dinero para comprarlas, para que el Estado construya "viviendas populares". Sostenían también que esa carga "ya está establecida en una ley" de hace 34 años.

 Se referían, en rigor, a un artículo de un decreto-ley de la dictadura (cuando no existían los countries, ni la Legislatura) que habla taxativamente de una "cesión de tierras" para espacios verdes y equipamiento de un barrio.

 Una avanzada en la mira

 En suma, sin que el Gobierno suministre el texto del proyecto, lo que existe a esta altura en torno de la iniciativa del "hábitat popular" es una enorme confusión, por obra y arte de funcionarios que dieron diferentes versiones sobre el asunto.

 Y la pregunta es, ¿son estas contradicciones producto únicamente de distintas posturas entre áreas del gobierno sobre cómo y con qué recursos afrontar los planes de viviendas?

 En el propio gobierno provincial creen que la avanzada que notoriamente realizó la ministra Álvarez Rodríguez, titular de una agrupación propia kirchnerista, tiene mucho que ver con su indisimulada aspiración a ser candidata a vicegobernadora.

 En el gabinete hay quienes sostienen que la funcionaria habría interesado inclusive a la propia Presidenta sobre esta polémica iniciativa antes de que el Gobernador opinara sobre el borrador del proyecto.

 Olvidos

 Otro cortocircuito en el seno del oficialismo se produjo esta semana, en tanto, en torno de la reforma de la ley provincial de elecciones internas que piden los intendentes peronistas, avala el gobernador y ahora apoya la oposición con excepción de las huestes de Elisa Carrió.

 Orientado a limitar las chances de los sectores minoritarios de cada fuerza para acceder a las listas de candidatos, el proyecto fue "tomado" por el titular de la Cámara de Diputados, Horacio González, que lo escribió, lo presentó y ordenó las negociaciones necesarias para contar con los votos de la oposición, que en un principio cuestionaba la reforma.

 El oficialismo en Diputados diseñó además una estrategia para que el proyecto fuera sancionado "ya", en una movida dirigida a ganarse la simpatía de uno de los sectores más fuertes del frente interno del oficialismo, los intendentes.

 Ideó, para eso, que las dos Cámaras sesionaran en simultáneo, de modo que en trámite ultraveloz Diputados votara la ley y la girara al Senado y allí la sancionaran antes de que terminara el día.

 Sin embargo, la jugada se trabó. Las Cámaras sesionaron el jueves, efectivamente, en simultáneo, y Diputados aprobó la reforma de la ley electoral y la giró al Senado.

 Pero allí el oficialismo la recibió y la envió a las comisiones para "estudiarla". Se supo entonces que González -otro aspirante al segundo término de la fórmula para la Gobernación- se había olvidado de participar a los senadores de su estrategia y que éstos se enteraron por los diarios que tenían que aprobar el proyecto apenas lo recibían, sin mirarlo.

Marisa Álvarez
NA