El Estado argentino ya subsidia por más de 70.000 millones de pesos anuales a distintos sectores de la economía, lo cual genera fuertes distorsiones entre oferta y demanda, y se convierte en un desincentivo para las inversiones.

   Por ello, esta política controversial aparece como uno de los principales desafíos para el gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo.

   En los últimos cinco años, los subsidios crecieron en forma vertiginosa y en la actualidad ya representan 12% del total del gasto público.

   El objetivo de semejante utilización de fondos públicos es frenar el impacto político que tendría un sinceramiento tarifario en energía y transporte para la zona metropolitana, donde los costos habrían crecido por encima del 100 por ciento desde el 2007 hasta la actualidad.

   Los subsidios ya superarán los 70.000 millones de pesos este año, lo cual representará un incremento de 35% respecto del 2010.

   Desde la oposición cuestionan el "festival de subsidios", pero admiten que sería imposible recortarlos en lo inmediato, porque el entramado de fondos cruzados distorsionó el esquema económico.

   Por eso, economistas como el candidato a vicepresidente por el radicalismo, Javier González Fraga, ya trabajan en una propuesta para reemplazar el subsidio de la oferta por otro que atiende directamente la demanda.

   Así, se iría sincerando la situación de millones de personas que en la actualidad se benefician de los subsidios pero podrían pagar tarifas más altas, acorde a su consumo.

   Un estudio del Estudio Bein & Asociados señala que "en el primer trimestre los subsidios se duplicaron respecto del año pasado".

   Para Ecolatina, en el 2010 los subsidios crecieron 48%, mientras este año tienen un piso de aumento del 38%.

   Desde el IERAL, el centro de estudios de la Fundación Mediterránea, sostienen que el esquema actual de subsidios desincentiva inversiones en energía e incentiva una demanda excesiva.

   Pero los economistas advierten, además, que las empresas de transporte tienen semejante nivel de dependencia de los subsidios que terminan siendo semipúblicas.

   Así, ocurre que el mayor incentivo para las empresas deja de ser brindar mejor servicio a más pasajeros, ya que reciben sus ganancias por los subsidios, más allá de cuántos pasajeros transporten.

   El problema es que, una vez que el Estado optó por el camino de subsidiar -una herramienta que sirve también para disciplinar políticamente- salir de ese esquema implica aplicar un aumento gradual de las tarifas, una medida antipopular.

   Por eso, en la oposición ya barajan la instrumentación de una tarifa social, sumada a campañas que creen conciencia sobre el uso eficiente de la energía y una reducción de los impuestos que recaen sobre los servicios públicos para que el costo final que pagan los usuarios no se incremente tanto.

   De acuerdo con cálculos de Econométrica, este año los subsidios llegarán al 3,6% del PBI, lo cual sextuplica el monto del 0,6% del Producto que se destina al costo fiscal de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza al 75% de los menores de edad pobres.

   El problema es que, sin haber alcanzado aún el séptimo mes del año, el gobierno ya se gastó el 95 por ciento de los subsidios a la energía.

   Algo similar ocurre con combustibles, colectivos, trenes y subtes, sumados a los fondos que se destinan a cubrir el déficit de Aerolíneas Argentinas y Austral.

José Calero
NA