A tres semanas de la hora de las urnas, el atraso en la organización de las elecciones internas desvela a los organismos y a los dirigentes de los armados electorales responsables de "llegar a tiempo".

Y mientras tanto, transcurre una campaña por ahora casi exclusivamente —salvo algunas excepciones— focalizada hacia adentro, es decir, en aceitar y poner en marcha las maquinarias partidarias para garantizarse cierta movilización de votantes propios.

Estos comicios, sin embargo, son obligatorios para todos los ciudadanos en condiciones de votar en una elección "común", y hasta donde se tienen noticias, la gran mayoría aún no tiene idea de qué se trata, si es que sabe que debe ir al cuarto oscuro el domingo 14 de agosto.

Los atrasos en el proceso operativo de estas elecciones en el plano estrictamente provincial —postulaciones presidenciales y de legisladores nacionales, al margen— son alarmantes. Se supone que las listas de candidatos a gobernador, para legisladores provinciales y de intendentes y concejales fueron oficializadas hace nueve días.

Sin embargo, por lo pronto, no se las conoce públicamente a nivel oficial. Es que no han sido aún difundidas por el organismo responsable, la Junta Electoral de la Provincia.

Sí se sabe que hay reclamos de fuerzas ante ese organismo sobre varias de sus nóminas —en general, porque no fueron habilitadas— pendientes de respuesta, algunas de las cuales empezaron ahora a recorrer el camino del recurso ante la Justicia, con lo que eso implica en materia de tiempos.

Es el caso del duhaldismo, que tiene 57 nóminas de cargos municipales sin resolver. Hay también impugnaciones de candidaturas sobre las que no se dijo aún la última palabra, como la postulación a gobernador de Adolfo Rodríguez Saá.

La Justicia Electoral con competencia en la Provincia, en tanto, recién pudo hacer el miércoles pasado la audiencia en la que los apoderados de cada fuerza pueden objetar aspectos formales de las boletas de las restantes (uso de emblemas y colores, por caso).

De esa "asamblea" surgieron varias impugnaciones cruzadas que ahora tiene que resolver el titular de ese organismo, el juez federal Manuel Blanco.

Está también pendiente de resolución —en la Cámara Electoral Nacional— un planteo del Frente para la Victoria para que los armados electorales "parakirchneristas" (el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, y el Frente Social que el oficialismo utiliza para poder presentar dos candidatos propios en las elecciones generales, violando el espíritu esencial que, debe suponerse, inspiró la creación del sistema de elecciones internas que se estrenará el 14 de agosto) puedan "pegar" sus boletas a la lista de Cristina Kirchner ya, ahora en las primarias.

El juez Blanco rechazó ese planteo pero su resolución fue apelada ante la Cámara, de modo que todavía no se sabe si el oficialismo puede o no realizar esa "pegatina" de boletas que, en términos políticos, es sustancial.

En consecuencia, a tres semanas de los comicios el capítulo listas y candidatos aún no está definitivamente cerrado. Y el de las boletas, tampoco.

Quienes conocen el proceso "técnico" de estas elecciones —que, como se sabe, se realizarán por primera vez en el país y la Provincia—, sostienen que la causa central de estos atrasos radica en el cronograma establecido, que es por lo menos ajustadísimo, cuando no confuso.

En ese sentido, establece, por ejemplo, que el 13 de julio debían estar oficializadas las listas de candidatos (un mes antes de la elección), pero también dice que a partir de ese acto la Junta Electoral provincial tiene diez días para el "control y registro" de las nóminas, de modo que no se entiende cómo debían quedar oficializadas el 13 si faltaba algún tipo de "control".

Lo cierto es que, más allá de las incertidumbres aún abiertas en algunas fuerzas sobre listas y candidaturas, en términos concretos de organización de los comicios varias fuerzas todavía no pueden imprimir las boletas, porque no tienen definitivamente autorizados a todos los postulantes o tienen pendiente la autorización del formato de la boleta.

Y es el de la impresión de las boletas —que, por lo que dicen los responsables de esa tarea, no será ni fácil ni barato, dadas las exigencias de gramaje del papel, el color, y otras— el paso necesario, claro, para el último acto antes de los comicios y que ya genera preocupación: la distribución de una cantidad razonable (unas 50) de cada boleta de cada armado electoral en las casi 32 mil mesas de votación que se habilitarán en la Provincia.

Ese reparto debe hacerse de manera que a las ocho de la mañana del día de la elección cada lugar de votación tenga todas las boletas necesarias para abrir el comicio (y para reponerlas durante el día).

Con una estimación de que habría que clasificar, empaquetar y repartir unos 30 millones de boletas, el juez Blanco ya ha comunicado que la Justicia Electoral no podrá realizar esa tarea en el tiempo que queda hasta los comicios.

"Resulta materialmente imposible", advirtió, y dejó en manos de los armados electorales la responsabilidad de repartir sus propias boletas. Los partidos políticos ya han puesto el grito en el cielo y apelarán la medida.

Y uno puede preguntarse cómo una fuerza que presenta candidatos no puede asegurarse, entre militantes y adherentes, ese reparto en cada municipio. Pero importa la realidad: la Justicia Electoral y la mayoría de los armados sostienen que no pueden hacerlo.

Y de ahí a que la jornada comicial termine en un escándalo de masivas denuncias de aperturas de mesas a cualquier hora y de falta de boletas durante todo el día, hay un trecho tan corto como peligroso.

Marisa Álvarez
NA