Los bonaerenses viven días de duelo, desconcierto y preguntas que deben ser respondidas. Como pocas veces, un asesinato fue vivido por millones de personas como el de alguien cercano, alguien querido.

 Durante nueve días la sociedad se involucró en la búsqueda de Candela Rodríguez, muchos con acciones concretas, la mayoría como podía, preocupándose, alerta por si de pronto podía ayudar en algo, deseando fervientemente que apareciera sana y salva. Por eso, cuando su cuerpo apareció tirado en un basural, la sociedad la lloró. Y lloró de impotencia, de frustración colectiva.

 La muerte de Candela fue asumida como un fracaso de la sociedad, mientras "la política" sentía el golpe de manera inusual y oficialistas y opositores suspendían sus actividades públicas en señal de recogimiento.

 Hay, ciertamente, algo de fracaso colectivo en la imposibilidad de evitar la muerte de una niña de 11 años. Fallaron, por lo menos, las instituciones de esa sociedad que tienen responsabilidades y recursos frente a esas situaciones. Ahora queda por delante "hacer justicia".

 Desde el primer minuto que apareció muerta Candela, la sociedad asiste a una escalada de "información" tendiente a mostrar a la familia de la niña con vinculaciones con el mundo del hampa que, según dicen, son cada vez más extendidas y más graves; a poner en evidencia que todo se trató de una venganza entre delincuentes; a colocar, en suma, la responsabilidad en la familia.

 Casi una cuestión personal de los Rodríguez y sus "amistades" mafiosas. Un asunto desvinculado de la "inseguridad" que es responsabilidad del Estado.

 El padre de Candela está preso y otros parientes están también detenidos y procesados. Se supo desde que desapareció la niña. Y aunque ni siquiera hay pistas firmes de que así haya sido, asumimos que se trató de una venganza de delincuentes vinculados con delincuentes que integran la familia de la nena.

 El crimen fue cometido, entonces y según los "datos" que se dejan trascender, por una banda profesional, peligrosísima, con características de mafia que —debe suponerse—, además de cometer "vendettas", se dedica al robo, el secuestro y el narcotráfico.

 De ese panorama que nos describen surgen mil interrogantes que deben ser respondidos. Pero hay uno esencial: la sola existencia de esa banda ¿no tiene que ver con la inseguridad?

 Un malentendido

 En una provincia donde la responsabilidad de investigar delitos la tiene en los papeles la Justicia —los fiscales, concretamente— y en la práctica es la Policía la que hace esa tarea, va siendo hora de que se empiece por solucionar ese "malentendido" que ya lleva más de una década de vigencia, desde que en 1998 se instauró el nuevo sistema penal.

 Una grave distorsión alimentada por la evidente resistencia de la Policía —más allá de las sucesivas cúpulas uniformadas y de las distintas conducciones políticas— a resignar una tarea que, sin duda, sostiene buena parte de su poder; y por un sistema judicial que, por lo menos, debería revisar si su cuerpo de fiscales –más allá de las excepciones del caso— está capacitado para desarrollar el capital servicio público que se le encomienda y para "defenderlo" frente a la avidez policial.

 Una distorsión, por lo demás, con la que se ha hecho la distraída siempre casi toda la clase política, incluida la opositora, a la que le resulta más cómodo hacer reclamos coyunturales al oficialismo que plantear problemas de fondo y estructurales que alcanzan a otros Poderes.

 Los papeles —las leyes— dicen que el fiscal investiga y la Policía ejecuta las acciones que el fiscal dice que hay que desplegar, por caso, allanar lugares donde él —el fiscal— supone que están los autores de un delito.

 En la práctica suele ser al revés, la Policía dice quiénes son los eventuales autores de un delito y dónde hay que buscarlos y el fiscal se limita a tramitar la orden de allanamiento. En vista de los resultados —a lo largo de trece años, vale reiterar—, tal vez sería útil que el sistema funcione como está concebido.

 Mientras tanto, la muerte de Candela exige su urgente y completo esclarecimiento, para la condena ejemplar de los autores uno de los crímenes más aberrantes de la historia bonaerense, sea o no producto de una venganza entre delincuentes.

 Todo quedó como estaba

 En otro orden, en la semana que pasó se conoció el escrutinio definitivo —realizado por la Justicia Electoral—, con datos que confirmaron los resultados del escrutinio provisorio –realizado por el ministerio del Interior— y que, por lo tanto, fue utilizado por el Gobierno para descalificar de la peor manera las denuncias de irregularidades en el primer conteo que hizo la oposición y reflejó el periodismo.

 Sobre este capítulo inquietante para la transparencia de la piedra angular de la democracia —las elecciones—, se podría escribir un libro.

 Pero valga un resumen: el escrutinio definitivo corroboró el provisorio porque se hizo con actas de urnas que reiteraban muchísimas de las irregularidades denunciadas y ni una sola fue revisada.

La verdad estaba en las urnas pero no se abrieron. No había tiempo, dicen.

Marisa Álvarez
NA