En las últimas horas, el abogado Osvaldo José Capasso, columnista de Tribuna de Periodistas, pidió que se investigue la probable comisión de los delitos de acción pública tipificados en los arts. 248 y 249 del Cód. Penal (abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos), que podrían haber sido cometidos por Ramiro Monner Sans —actualmente Procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— junto al empresario del juego Daniel Angelici.

Según indica el escrito presentado por el letrado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó fallo en la causa ‘Giachino, Luis Alberto y otro c/ Estado Nacional - Dirección General de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transporte y otros’, a partir de lo cual el máximo tribunal restableció las facultades de control del Gobierno porteño sobre el buque casino Estrella de la Fortuna.

La principal consecuencia de esta sentencia es que la Ciudad podrá empezar a cobrarle impuestos al Casino de Puerto Madero en forma inmediata.

Sólo días antes del dictado de tal decisión que favorece ampliamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien actualmente se desempeña como Procurador de la Ciudad, en fecha del 7 de octubre de 2011, había formulado un expreso desistimiento del recurso deducido por la Ciudad.

Ello motivó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un primer lugar, le solicitara al Procurador que acredite las expresas instrucciones que invocaba para formular dicho desistimiento y luego, cumplida con dicha formalidad, el mismo día en el cual se dictó sentencia revocando las medidas cautelares, resolviera la improcedencia del apartamiento porque no había tenido la conformidad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, paso injustificable si se pretendía adoptar una decisión que comprometiera el cobro de obligaciones de derecho público como lo son las obligaciones tributarias.

“Salvo que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresamente autorizara un desistimiento (lo cual no hizo), el señor Procurador de la Ciudad no posee facultades, ni atribuciones para desistir de un proceso en el cual se encuentran involucrados transacciones o conciliaciones que afectan fondos públicos”, indica el letrado.

“Como las medidas cautelares sacaron a estas salas de la jurisdicción de la Ciudad, el gobierno porteño se vio impedido de cobrarles el impuesto a Ingresos Brutos durante 12 años. Este gravamen tiene una tasa muy alta, según el cuadro tarifario del Código Fiscal porteño: es del 8 por ciento de la facturación para la explotación de casinos, un gravamen que recae también sobre las agencias de Lotería. Es decir que la Ciudad se está perdiendo, sólo en materia de Ingresos Brutos, de recaudar 205 millones de pesos por año”, agrega.