Con la salida de José Ramón Granero de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico —Sedronar— se inicia una nueva etapa en el tema drogas para nuestro país.

La llegada de Mónica Cuñarro como nueva jefa de esa dependencia, cargada de ideología y sin interés en frenar el altísimo consumo de drogas que impera en nuestro país, promete con su sola presencia más drogas y menos controles.

Cuando en nuestra casa ponemos un límite, estamos ejerciendo el amor y protección de nuestra familia aunque alguno de sus integrantes se enoje; en el país es igual: sin límites, las cosas se desmadran y reina el caos.

Cuñarro ya ha dicho en varias oportunidades que Sedronar debe desaparecer, su presencia al frente, entonces, promete descomponer la institución gubernamental enviando prevención de drogas al Ministerio de Educación; asistencia de adictos al Ministerio de Salud y narcotráfico al Ministerio de Justicia.

Sobre la Prevención de Drogas que quedará en el Ministerio de Educación inferimos que será un departamento dentro de esa estructura y su papel será idéntico al que hoy implementa esa cartera. Hoy las escuelas se han convertido en centros de distribución de drogas y los casos de adicción flagrante, son soslayados sin intervención ni ayuda para los afectados. Es decir, la prevención de drogas como tal dejará de existir.

En la Argentina vemos a diario cómo adolescentes conflictuados por el alto consumo atacan en el ámbito escolar a sus compañeros que no consumen y en lugar de ser advertidos, quienes se retiran de los establecimientos escolares son los alumnos aplicados, que se refugian en el sistema de educación privada, los que aún sostienen límites a las conductas reprochables.

La asistencia de adictos que recaerá sobre el Ministerio de Salud, pasará a ser una Subdirección sin presupuesto, lo que limitará aún más las becas para el tratamiento de personas que sufren esta enfermedad. Lo que sucederá respecto de este asunto, es la elección que deberá hacer el ministro, quien deberá elegir cubrir los gastos de una operación de corazón a cielo abierto en un niño, la beca para rehabilitar un consumidor, o el arreglo de una sala de primeros auxilios. Es decir, la asistencia de personas con problemas de adicción no será una prioridad para esa cartera.

La falta de becas ahogará a las comunidades terapéuticas y algunas de ellas deberán cerrar sus puertas, las que queden estarán obligadas a aplicar el sistema de Reducción de Daño, el cual enseña a los adictos a consumir drogas en forma exitosa, por otra parte se aplicará la nueva Ley de Salud Mental que impide la creación de nuevos centros de rehabilitación, entiende la internación compulsiva como un secuestro, procesando judicialmente al médico tratante y quitando el título habilitante. Esa nueva norma ordena que el paciente deba elegir su tratamiento y le otorga la potestad al darse a sí mismo el alta cuando crea conveniente.

La lucha contra el narcotráfico pasará a la órbita del Ministerio de Justicia como Dirección y correrá idéntica suerte que la UIF (Unidad de Información Financiera) convirtiéndose en un espacio inoperante, que recolectará idénticas quejas internacionales y hará inocua cualquier acción en contrario.

Mientras tanto, desde el Congreso Nacional se sancionarán nuevas leyes que otorgarán la excarcelación inmediata a vendedores minoristas de drogas, permitirá el cultivo de marihuana y despenalizará la tenencia de todas las sustancias hasta hoy ilegales, además desaparecerá la figura del “agente encubierto” y la “entrega vigilada”. Además, entenderá como inexistencia de delito la planificación del contrabando de drogas, dado que el pensar en hacerlo no infiere delito.

La permisividad alentará la creación de bancos de semillas de marihuana en cada provincia, permitiendo recordar esta década como el inicio de la peste verde.

Claudio Izaguirre
Presidente Asociación Antidrogas de la República Argentina