Hasta los intelectuales de la agrupación Carta Abierta, alineada al oficialismo, cuestionó la Ley Antiterrorista, al considerar que es "contradictoria con el espíritu democrático del proyecto nacional", a través de un nuevo texto de esa agrupación, titulado "Carta de la Igualdad".

"Sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional", afirmaron los intelectuales.

Cristina Kirchner terminó promulgando ayer la polémica ley antiterrorista —dos modificaciones al Código Penal argentino para cumplir con exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), controlado por Estados Unidos— a pesar de los reclamos de organizaciones sociales y políticas, que convocaron a una marcha en repudio a la Plaza de Mayo.

A través de decretos publicados en el día de ayer en el Boletín Oficial, la jefa de Estado promulgó las normas aprobadas por el Congreso en las últimas sesiones extraordinarias, entre ella la ley antiterrorista muy resistida por la oposición, y también por dirigentes y organismos comúnmente afines al oficialismo, en el marco de los alcances que podría tener a futuro en la criminalización de la protesta social o el ejercicio del periodismo.

Los rechazos surgieron de organismos de derechos humanos, asociaciones civiles y figuras del derecho como el juez de la Corte, Raúl Zaffaroni y otras como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini

Uno de los puntos más criticados tiene que ver con la modificación del artículo 41 del Código Penal: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo", señala.

Si bien el Congreso incorporó otro párrafo con el objetivo de evitar la ambigüedad del texto en el que agrega que “las agravantes no se aplicarán cuando él o los derechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional", ese añadido fue calificado como "superficial" por organismos de derechos humanos como el CELS.

En este contexto, organizaciones sociales y dirigentes de la oposición, que venían reclamando a la jefa de Estado que "vetara" la norma, participarán este jueves de una movilización a las puertas de la Casa Rosada en rechazo a la promulgación, convocada por la CTA que dirige Pablo Micheli con la participación del Partido Obrero, dirigentes del Frente Amplio Progresista, Proyecto Sur, la Federación Universitaria (FUBA), la Asociación Gremial Docente de la UBA, entre otras.

Este jueves por la mañana, un sector de la Juventud Radical denunció presiones políticas a la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, porque efectivos de la Policía Federal los demoraron por que estaban “escribiendo” sobre “los peligros de la ley antiterrorista”, según un comunicado oficial de dicha agrupación.

En la misiva, los jóvenes radicales adviertieron que “Lo vamos a seguir haciendo porque creemos en la política y fortalecemos con nuestro compromiso la Democracia. Lo vamos a seguir haciendo porque la libertad de expresión es un derecho constitucional hijo de miles de luchas en nuestra historia”.

Carlos Forte
Twitter: @fortecarlos