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Minería: la pata floja del modelo

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CONTAMINACIÓN, REGALÍAS Y EL INTERÉS OFICIAL
CONTAMINACIÓN, REGALÍAS Y EL INTERÉS OFICIAL

En la Argentina, el debate sobre la minería llegó un poquito tarde, o mejor dicho, aún no llegó del todo: hay demasiada politización, violencia y poca claridad en el asunto. De hecho, desde que el Gobierno llamó al “debate en serio” sobre la cuestión, sólo han hablado las balas de goma, las pedradas y los gases lacrimógenos, contribuyendo a la confusión social y a la radicalización de posiciones. En efecto, lo único certero de éste tema es la incomodad del oficialismo para tratarlo, ya que gran parte del imaginario colectivo va a contrapelo de ésta política minera, cocinada en los noventa y continuada a rajatabla por el kirchnerismo.

 

Dicho esto, resulta necesario separar las aguas para que no se “contaminen”. El debate sobre minería se puede plantear desde diversos ángulos, principalmente en torno a dos grandes polos: por un lado, la minería –o megaminería– como actividad, que abarca desde lo medioambiental hasta lo industrial, pasando por la conflictividad social y el desarrollo económico; y por otro lado, la legislación vigente sobre la minería, tema de vital importancia para comprender los trasfondos del “modelo”.

Sobre el primer punto, la cuestión ambiental absorbió todo tipo de análisis, relegando las demás cuestiones a un segundo plano. No faltan los periodistas que ofician de técnicos ambientales o de geólogos a la hora de opinar, rozando incluso el activismo político. Lo cierto es que, a 15 años de que La Alumbrera comenzara a explotar el yacimiento homónimo, el principal problema sigue siendo la falta de información fehaciente sobre el tema. Aún hoy, no se sabe a ciencia cierta si existe o no contaminación, si se utiliza o no cianuro, si los ríos son o no afectados, etc. Lamentablemente, la discusión ambiental no pasa de ser un “careo” lleno de refutaciones, pero con pocas pruebas de ambos lados.

Por ello, el verdadero debate debe darse en torno al trasfondo jurídico, las utilizaciones políticas y la conflictividad social generada, sin desmerecer a la cuestión ambiental, pero ésta se ha ideologizado tanto que es preferible tomar distancia para que el tema no caiga en lugares comunes.

 

Malvinas y la minería

 

Poco se ha hablado de que la problemática minera está ínfimamente relacionada en sus orígenes con Malvinas. En efecto, la naturaleza jurídica de éste modelo minero se remonta a los Acuerdos de Paz firmados con Gran Bretaña en 1990, con los que se recompuso la diplomacia anglo-argentina después de la Guerra de Malvinas, y se preparó el terreno para el Tratado de protección de inversiones recíprocas, firmado a fines de ese año por ambos países y ratificado por el Congreso en noviembre de 1992.

Allí, los argentinos nos comprometimos a darles un trato especial a las inversiones británicas, extensivo a todas aquellas naciones que tengan al Reino Unido como garante –como Canadá o Australia, destacadas potencias mineras–, y por su parte, Gran Bretaña se obligó a hacer lo propio con nuestras inversiones en su territorio, lo que en los hechos no dejó de ser una abstracción. Hay que recordar que la Argentina tenía todo su patrimonio en venta por medio de la Ley de Reforma del Estado, sancionada en 1989, lo que atrajo rápidamente a los capitales extranjeros.

En sintonía con ello, en 1993 se dictó la Ley de Inversiones Mineras, que sentó un régimen de estabilidad fiscal por 30 años a este tipo de inversiones, permitiendo un goce extraordinario de exenciones impositivas, tales como el no pago de aranceles aduanerospor importación de insumos o bienes de capital, la deducción de los costos de extracción para varios impuestos, fijación de un tope de 3% para el pago de regalías a las provincias y la eximición del pago del impuesto a los activos y al combustible líquido, entre muchos otros. Como si eso fuera poco, en la Constitución de 1994 se les dio potestad a las provincias sobre sus recursos naturales, lo que les allanó el camino a las trasnacionales para situarse en el país.

Todo lo antedicho sigue vigente, razón por la cual cada nueva inversión minera que se instale en el país, gozará por 30 años de estos beneficios, que, dicho sea de paso, no posee ninguna otra industria —se estipula que la vida útil de un yacimiento de oro es de 20 años aproximadamente. Teniendo en cuenta la revalorización de algunos metales estratégicos como el litio, que la Argentina posee en gran cantidad, es de vital importancia para el paíscortar este nudo gordiano del “modelo”.

 

“Progreso” y conflictividad social

 

Son muchas las contradicciones que acarrea la actividad minera en la Argentina, muy visibles en ciudades como Andalgalá, donde hay serios problemas hídricos y a menos de 100 kilómetros La Alumbrera utiliza entre 50 y 100 millones de litros de agua por día. A esto hay que sumarle el prácticamente nulo “progreso” que han registrado estos pueblos, por lo que es entendible que los habitantes reaccionen en contra de las mineras. Sin embargo, los grandes responsables de esta situación son los políticos que prometieron “progreso”, a sabiendas que sólo el 1,05% del 3% de las regalías se reparte en los departamentos mineros, y sólo el 0,3 llega a los pueblos donde se asienta la actividad, conforme la Ley de Regalías Mineras de Catamarca, sancionada en 2004, según indica un artículo de Business News Americas del mismo año. El resto del caudal impositivo que deja la minería va a parar a la caja nacional.

En este sentido, hay que destacar que el caso de Catamarca es particular, ya que la explotación de Bajo La Alumbrera se realiza en sociedad entre Minera Alumbrera (de capitales suizo-canadienses) y Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), compuesta por la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán —con dos directores cada uno— y el Estado Nacional —que asigna al presidente— por lo que este emprendimiento deja un poquito más al país que los netamente privados. 

Sin embargo, esto también se presta para cuestiones poco claras. Resulta sugestiva la designación de Armando “Bombón” Mercado como uno de los directores provinciales de YMAD, teniendo en cuenta que sus principales antecedentes son: ser ex marido de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, ex cuñado de Néstor Kirchner y actual tío político de la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, ya que su sobrino, Ángel Mercado, es cónyuge de la gobernadora y, a su vez, ministro de Producción y Desarrollo de la actual gestión.

 

Debate a futuro

 

Todos estos “pormenores” de la cuestión minera deben ser tenidos en cuenta a la hora de plantear el “debate en serio” sobre el futuro de ésta actividad en el país. Como en todo tema trascendente a los intereses nacionales, debería primar la información y no el prejuicio o las posturas antagónicas.

¿Nos conviene realmente la minería de esta forma? Si bien es cierto que se generan puestos de trabajos directos e indirectos, ello resulta muy poco comparado con lo que significaría establecer una verdadera política de estado en torno a la minería, que profundice con creces los indicadores de empleos y beneficios reales para el país.

Al tratarse de recursos no renovables y por lo tanto estratégicos, la Argentina podría desarrollar nuevas industrias que aporten valor agregado a los minerales extraídos, incentivar y priorizar la inversión argentina en el rubro, actualizar los porcentajes de regalías a los valores de mercado, entre muchas otras cosas, manteniendo siempre un estricto control ambiental. Claro, todo esto implicaría diseñar políticas a largo plazo, cosa a la que no estamos muy acostumbrados.

 Por lo pronto, todo esto parece estar muy lejos de las pretensiones oficiales. 

 

Ernesto Vera
Twitter: @ernvera

 
 

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  1. PELIGRO: LUCHAR CONTRA LA BARRICK PONE EN RIESGO LA VIDA El 11 de abril de 2007 Marvin González Castillo, un joven de 19 años, fue asesinado de dos balazos en el torso. Según informes comunitarios, fue víctima de la represión policial contra las protestas organizadas por las organizaciones sociales y ecologistas, como también por el gobierno local de Ancash, para reclamar la anulación de los contratos con las empresas mineras Barrick Gold y Antamina. La policía intervino durante el corte de rutas. También detuvo a treinta manifestantes, la mayoría de ellos obreros de la construcción. Una mujer murió de un ataque al corazón luego de que la policía arrojó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Esta protesta formó parte de una huelga regional de 48 horas, que fue parte a su vez de una serie de acciones coordinadas que incluyeron una marcha de miles de manifestantes a través de toda la región de Ancash. Dos días antes del asesinato de Castillo, el primer día de las acciones, un grupo proveniente de las comunidades de Shecta y Santiago Antúnez de Manolo atacó a manifestantes pacíficos que protestaban contra la continuación de la explotación de Barrick en la región montañosa de Condorwain. Recibían apoyo de miembros de la Policía Nacional y de obreros de la empresa minera Misquichilca, de Barrick. La confrontación entre miembros de la comunidad dejó un saldo de siete heridos, entre ellos el presidente de la comunidad campesina de Cruz Pampa y autoridades comunitarias de otras aldeas cercanas a Condorwain. Otro grupo de residentes de Huaraz se reunió en el centro de la ciudad para marchar contra las actividades mineras en diferentes localidades por toda la región de Ancash, Perú. Esta no es la primera vez que mueren personas en una confrontación con la policía en una manifestación antiminera. El 5 de mayo de 2006, Joel Martel Castromonte, un estudiante de agronomía de 25 años y Guillermo Tolentino Abat, un minero de 42 años, fueron asesinados a tiros por la policía. Fueron víctimas de la violencia que comenzó cuando cientos de integrantes de la comunidad se reunieron en Huallapampa para reclamar a Barrick Gold un aumento salarial. Ante la negativa de las autoridades de Barrick a aumentar los salarios, integrantes de la comunidad bloquearon con rocas y troncos las rutas de acceso a las minas. Barrick llamó a la policía, que respondió con bombas de gas lacrimógeno, y los manifestantes contestaron con pedradas. Según el vocero de la policía, la empresa minera empleó a 30 agentes de policía en su fuerza de seguridad. Barrick suspendió las explotaciones hasta el día en que se restableció la seguridad, pero no sin que antes hubiera muertos y heridos. Al día siguiente protestaron miles de campesinos de las 18 comunidades en los tramos superiores de las montañas Sechta donde Barrick explota la mina de oro Pierina. Exigieron investigaciones de las muertes y justicia. Un año atrás en la misma zona, la policía antidisturbios se había enfrentado a miles de manifestantes que protestaban contra una decisión de la corte que eximía a Barrick del pago de $141 millones en impuestos. Según las autoridades, la policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a los campesinos, maestros y trabajadores municipales en huelga que se habían reunido en la ruta de montaña que conduce a la mina Pierina de Barrick en la región de Ancash. Según declaró a Reuters el funcionario municipal Pelayo Luciano, veinte personas resultaron heridas en los enfrentamientos, incluidos dos ofi ciales de policía; y Lombardo Mautino, el intendente de Ancash, fue alcanzado por una bala de goma. CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ARGENTINA NO ES CASUALIDAD. LASTIMA QUE ACA LAS AUTORIDADES ESTAN A FAVOR DE BARRICK GOLD Y EN CONTRA DEL PUEBLO..

  2. Un gran poeta inglés Milton dijo algo que es aplicable a lo que está sucediendo hoy con la depredación minera (Lost Paradise Book I) Men also, and by his suggestion taught, Ransack'd the Center, and with impious hands Rifl'd the bowels of thir mother Earth For Treasures better hid. Soon had his crew Op'nd into the Hill a spacious wound And dig'd out ribs of Gold. Let none admire

  3. Federico los de las mineras hablan inglés, pero yo soy argentina y hablo castellano, el idioma forma parte de mi identificación.

  4. Es acertada la nota, en especial cuando el autor cita a los vergonzosos Acuerdos de Madrid firmados por el entonces presidente Carlos Ménem y su Canciller, Domingo Cavallo, con el Gobierno de la Gran Bretaña. Estos "Acuerdos" fueron la verdadera rendición de la Batalla de malvinas, icondicional por demás, sin ninguna necesidad de que así fuera. Argentina no tenía ninguna urgencia en la misma, Inglaterra sí. Malvinas no se perdió en las Islas en 1982, sino en una mesa y de la mano de un gobierno “democrático” y justicialista. Pero no fue solo esto lo reprobable. Lo fueron mucho más, al extremo del escándalo, los términos del mismo. En efecto, en lo económico se concedía (y se concede, ya que siguen vigentes y en plena ejecución) a Gran Bretaña la explotación de los recursos naturales no solo de las Islas del Atlántico Sur y del Mar adyacente (incluida su proyección Antártica), sino también de nuestro Territorio Continental. En la práctica, se cedió a los ingleses la explotación económica de nuestra Patagonia, de la Cordillera de los Andes y del Mar Argentino, que se sumaban a todos los demás intereses que la Corona tenía sobre los más variados aspectos de nuestra economía. En lo político estratégico, se estableció que Argentina no podía realizar actividad militar alguna en la región patagónica y aguas adyacentes, sin comunicación previa a Inglaterra. Como bien cita el artículo publicado, de ellos se derivaron los acuerdos económicos que posibilitaron la entrega a la British Petroleum de los yacimientos más ricos en hidrocarburos y debe tenerse presente, por demás, que la Repsol, si española, en su paquete accionario tienen gran incidencia los capitales británicos; de los recursos mineros de nuestra Cordillera y de la Patagonia en los términos leoninos hoy conocidos; del dominio sobre la producción y distribución de la energía, etc., etc. Esos Acuerdos significaron la entrega de la soberanía sobre las Islas, el Mar Argentino, y en general del Atlántico Sur y los derechos Antárticos a los ingleses, y con ellos a la Comunidad Europea. Pero además, significaron la entrega de nuestros recursos continentales y de la plataforma marítima. Y estos Acuerdos fueron respaldados por todos los integrantes del PJ (Partido Justicialista), Néstor Kirchner incluido, quien fuera un entusiasta promotor de la entrega de YPF y de la instalación de estas mineras en su provincia, cuando gobernador. Pero tampoco merecieron reparos de la falaz "oposición" que no solo no los cuestionó, sino guardaron silencio. Porque no por nada el común de la ciudadanía recién hoy, y no en forma masiva, toman conocimiento de estos Acuerdos de Madrid. Si esto no es Traición a la Patria, entonces, ¿qué lo es?. Toda esta situación destinada a favorecer los intereses de las multinacionales extranjeras, a costa de los verdaderos intereses de la Nación y sus habitantes, ha de perdurar sin posibilidad alguna de modificación hasta tanto no se elimine a la actual clase dirigente y se la reemplace por otra que sí actúe por el País. Si se persiste en mantener a dirigentes fracasados y corruptos, no habrá futuro como Nación. Y eso solo lo podremos lograr nosotros, los ciudadanos. Los vecinos de los pueblos afectados han comenzado la lucha. Debemos acompañarlos y seguirlos.

  5. En Argentina el extractivismo clásico o neo-liberar se practica en San Juan, y el Gobernador José Luis Gioja emerge como su figura más representativa. El modelo minero giojista, o de extractivismo neo-liberal, se caracteriza por el rol determinante de las corporaciones trasnacionales, el carácter funcional del Estado a favor de los intereses de las empresas megas mineras, la existencia de regulaciones legales y controles medioambientales lábiles y acotados (por no decir, inexistentes), regalías bajas, compensaciones y exenciones tributarias. El modelo minero giojista apuesta a que sea el extractivismo de nuestros recursos metalíferos el que generen crecimiento económico y que este, a su vez, promueva el famoso "derrame" hacia el resto de la sociedad. Al mismo tiempo, el modelo minimiza, niega o reprime las protestas ciudadanas motivados por los impactos ambientales, sociales, institucionales y de distribución de la renta que provoca la explotación mega minera. El extractivismo giogista procura promover las inversiones extranjeras en proyectos mega mineros en la provincia, garantizando a las trasnacionales extractivistas la maximización de sus ganancias. El modelo giojista renuncia a captar la renta extraordinaria que genera el extractivismo, contribuyendo a la conformación de un Estado de tipo rentístico que ha insertado a la Provincia de San Juan en un tipo de capitalismo donde las corporaciones extranjeras se apropian (gratis) de nuestros recursos naturales no renovables para volcarlos a las necesidades de la globalización (El 11% del oro se destina a la industria, el 48% a la joyería y el 41% restante como reserva de riquezas). Cuando el Estado es rentístico del extractivismo, en lo político produce la reducción de las libertades públicas, a la vez que degrada la calidad de la democrática (Mineral Estado), mientras que en lo económico favorece a una elite local que, mediante la figura de prestadores de servicios mineros (en San Juan se concentran básicamente en el transporte de bienes y personas, y en el control mediático de la crítica al extractivismo), logran apropiarse de una parte ínfima de la renta que genera la mega minería, la que defienden en términos violentos y sin consideración para las Instituciones (ej. Contra piquete a la protesta de Greenpaece en el ingreso a Veladero por parte de los pro mineros). El modelo extractivista neoliberal aplicado en San Juan llama la atención por su radicalización, donde el Gobierno favorece abiertamente la mega minería de enclave (extranjerizante y re-primarizante) donde el Estado no es parcial a la hora de fiscalizar su impacto medio ambiental, donde su Gobernador falsea permanentemente los datos estadísticos (ej. que la mega minería emplea en San Juan a 60.000 trabajadores en forma directa e indirecta), con una clase dirigencial que por acción u omisión boicotean la aplicación de la ley nacional de glaciares, donde los medios de comunicación, con pauta publicitaria provincial o del sector minero metalífero, ignoran o censuran lisa y llanamente toda demanda y/o conflicto del tipo socio-ambiental que el extractivismo conlleva en su propio método. El modelo extractivista giojista no solo no planifica la construcción, mediante la captación de la renta extraordinaria de la mega minería, de un Estado de Bienestar, que a través de políticas sociales universales combata la pobreza invirtiendo en educación y salud pública, ni siquiera prevé compensar el pasivo ambiental y la fragmentación territorial con transferencias directas de recursos a modo de caridad, beneficencia o clientelismo político, que reduzcan la pobreza mediante un mecanismo precario de redistribución de los ingresos (Es por esto que los habitantes de Tudcun seguirán siendo los pobres de siempre, y no los nuevos ricos de San Juan). El éxito del extractivismo en San Juan es su capacidad parasitaria de subsistencia, debe su "licencia social" al otro extractivismo nacional, el de la soja. Sin el derrame o la compensación de la soja, cuya renta extraordinaria es captada por la Nación en función de las retenciones a la exportaciones agropecuarias, la mega minería en San Juan se hallaría al menos acotada y acorralada por la protesta social. Según un estudio de la consultora de ex ministro de economía Martín Lousteau, entre el 2003 al 2011 las Provincias cedieron a la Nación U$S 73.000 millones de dólares de recursos propios, mientras que la Nación en el mismo periodo les transfirió discrecionalmente U$S 35.000 millones de dólares. En ello la participación de la soja es determinante. San Juan cedió más fondos propios (autonomía) de los que recibió de la caja kirchnerista. En promedio cada sanjuanino recibió de la Nación unos U$S 1.039 por habitante (lejos de los U$S 4.472 que recibió por ejemplo cada riojano) suficientes como para llevar a cabo la obra pública más importante desde el periodo 1955/1966 (reconstrucción del terremoto de 1944) El modelo que supere y sea alternativo al extractivismo deberá ser un modelo que reflexione sobre las autonomías, provincial nacional y continental. El extractivismo podrá persistir hasta que se exporte el último gramo de oro de nuestra cordillera, o bien será derrotado en las urnas, pero las cosas en San Juan no volverán a ser como las supimos conocer.

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