En la Argentina, el debate sobre la minería llegó un poquito tarde, o mejor dicho, aún no llegó del todo: hay demasiada politización, violencia y poca claridad en el asunto. De hecho, desde que el Gobierno llamó al “debate en serio” sobre la cuestión, sólo han hablado las balas de goma, las pedradas y los gases lacrimógenos, contribuyendo a la confusión social y a la radicalización de posiciones. En efecto, lo único certero de éste tema es la incomodad del oficialismo para tratarlo, ya que gran parte del imaginario colectivo va a contrapelo de ésta política minera, cocinada en los noventa y continuada a rajatabla por el kirchnerismo.
Dicho esto, resulta necesario separar las aguas para que no se “contaminen”. El debate sobre minería se puede plantear desde diversos ángulos, principalmente en torno a dos grandes polos: por un lado, la minería –o megaminería– como actividad, que abarca desde lo medioambiental hasta lo industrial, pasando por la conflictividad social y el desarrollo económico; y por otro lado, la legislación vigente sobre la minería, tema de vital importancia para comprender los trasfondos del “modelo”.
Sobre el primer punto, la cuestión ambiental absorbió todo tipo de análisis, relegando las demás cuestiones a un segundo plano. No faltan los periodistas que ofician de técnicos ambientales o de geólogos a la hora de opinar, rozando incluso el activismo político. Lo cierto es que, a 15 años de que La Alumbrera comenzara a explotar el yacimiento homónimo, el principal problema sigue siendo la falta de información fehaciente sobre el tema. Aún hoy, no se sabe a ciencia cierta si existe o no contaminación, si se utiliza o no cianuro, si los ríos son o no afectados, etc. Lamentablemente, la discusión ambiental no pasa de ser un “careo” lleno de refutaciones, pero con pocas pruebas de ambos lados.
Por ello, el verdadero debate debe darse en torno al trasfondo jurídico, las utilizaciones políticas y la conflictividad social generada, sin desmerecer a la cuestión ambiental, pero ésta se ha ideologizado tanto que es preferible tomar distancia para que el tema no caiga en lugares comunes.
Malvinas y la minería
Poco se ha hablado de que la problemática minera está ínfimamente relacionada en sus orígenes con Malvinas. En efecto, la naturaleza jurídica de éste modelo minero se remonta a los Acuerdos de Paz firmados con Gran Bretaña en 1990, con los que se recompuso la diplomacia anglo-argentina después de la Guerra de Malvinas, y se preparó el terreno para el Tratado de protección de inversiones recíprocas, firmado a fines de ese año por ambos países y ratificado por el Congreso en noviembre de 1992.
Allí, los argentinos nos comprometimos a darles un trato especial a las inversiones británicas, extensivo a todas aquellas naciones que tengan al Reino Unido como garante –como Canadá o Australia, destacadas potencias mineras–, y por su parte, Gran Bretaña se obligó a hacer lo propio con nuestras inversiones en su territorio, lo que en los hechos no dejó de ser una abstracción. Hay que recordar que la Argentina tenía todo su patrimonio en venta por medio de la Ley de Reforma del Estado, sancionada en 1989, lo que atrajo rápidamente a los capitales extranjeros.
En sintonía con ello, en 1993 se dictó la Ley de Inversiones Mineras, que sentó un régimen de estabilidad fiscal por 30 años a este tipo de inversiones, permitiendo un goce extraordinario de exenciones impositivas, tales como el no pago de aranceles aduanerospor importación de insumos o bienes de capital, la deducción de los costos de extracción para varios impuestos, fijación de un tope de 3% para el pago de regalías a las provincias y la eximición del pago del impuesto a los activos y al combustible líquido, entre muchos otros. Como si eso fuera poco, en la Constitución de 1994 se les dio potestad a las provincias sobre sus recursos naturales, lo que les allanó el camino a las trasnacionales para situarse en el país.
Todo lo antedicho sigue vigente, razón por la cual cada nueva inversión minera que se instale en el país, gozará por 30 años de estos beneficios, que, dicho sea de paso, no posee ninguna otra industria —se estipula que la vida útil de un yacimiento de oro es de 20 años aproximadamente. Teniendo en cuenta la revalorización de algunos metales estratégicos como el litio, que la Argentina posee en gran cantidad, es de vital importancia para el paíscortar este nudo gordiano del “modelo”.
“Progreso” y conflictividad social
Son muchas las contradicciones que acarrea la actividad minera en la Argentina, muy visibles en ciudades como Andalgalá, donde hay serios problemas hídricos y a menos de 100 kilómetros La Alumbrera utiliza entre 50 y 100 millones de litros de agua por día. A esto hay que sumarle el prácticamente nulo “progreso” que han registrado estos pueblos, por lo que es entendible que los habitantes reaccionen en contra de las mineras. Sin embargo, los grandes responsables de esta situación son los políticos que prometieron “progreso”, a sabiendas que sólo el 1,05% del 3% de las regalías se reparte en los departamentos mineros, y sólo el 0,3 llega a los pueblos donde se asienta la actividad, conforme la Ley de Regalías Mineras de Catamarca, sancionada en 2004, según indica un artículo de Business News Americas del mismo año. El resto del caudal impositivo que deja la minería va a parar a la caja nacional.
En este sentido, hay que destacar que el caso de Catamarca es particular, ya que la explotación de Bajo La Alumbrera se realiza en sociedad entre Minera Alumbrera (de capitales suizo-canadienses) y Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), compuesta por la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán —con dos directores cada uno— y el Estado Nacional —que asigna al presidente— por lo que este emprendimiento deja un poquito más al país que los netamente privados.
Sin embargo, esto también se presta para cuestiones poco claras. Resulta sugestiva la designación de Armando “Bombón” Mercado como uno de los directores provinciales de YMAD, teniendo en cuenta que sus principales antecedentes son: ser ex marido de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, ex cuñado de Néstor Kirchner y actual tío político de la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, ya que su sobrino, Ángel Mercado, es cónyuge de la gobernadora y, a su vez, ministro de Producción y Desarrollo de la actual gestión.
Debate a futuro
Todos estos “pormenores” de la cuestión minera deben ser tenidos en cuenta a la hora de plantear el “debate en serio” sobre el futuro de ésta actividad en el país. Como en todo tema trascendente a los intereses nacionales, debería primar la información y no el prejuicio o las posturas antagónicas.
¿Nos conviene realmente la minería de esta forma? Si bien es cierto que se generan puestos de trabajos directos e indirectos, ello resulta muy poco comparado con lo que significaría establecer una verdadera política de estado en torno a la minería, que profundice con creces los indicadores de empleos y beneficios reales para el país.
Al tratarse de recursos no renovables y por lo tanto estratégicos, la Argentina podría desarrollar nuevas industrias que aporten valor agregado a los minerales extraídos, incentivar y priorizar la inversión argentina en el rubro, actualizar los porcentajes de regalías a los valores de mercado, entre muchas otras cosas, manteniendo siempre un estricto control ambiental. Claro, todo esto implicaría diseñar políticas a largo plazo, cosa a la que no estamos muy acostumbrados.
Por lo pronto, todo esto parece estar muy lejos de las pretensiones oficiales.
Ernesto Vera
Twitter: @ernvera