La despenalización de la droga en un país como Argentina que en los últimos años figura al tope del consumo en Latinoamérica, tal como lo muestran los estudios realizados por la ONU, significa, simplemente, dar vía libre al narcotráfico, bajo la falacia de que al ser “libre” se terminará el tráfico “ilegal”; lo que no dicen los impulsores de esta maniobra es que no se terminará el negocio para los narcos, sino aumentará.

Desde hace varios años y con mayor énfasis en este gobierno nacional, se viene potenciando la idea de que la “droga libre” es lo mejor que nos podría pasar a los padres y a los jóvenes. La inimputabilidad de los delitos a un drogadicto, por su calidad de enfermo, distrajo las primeras defensas de la sociedad que fue atacada en su sensiblería más íntima ¿Quién es el desgraciado que va apoyar el encarcelamiento de un enfermo?, hecho ciertamente exacto. También se logró el “uso personal”, que habilita a cualquiera a consumir estupefacientes y llevarlo en cantidades consideradas “admisibles”, sin que nadie explique cuál es el criterio para que un fiscal o un juez juzgue la condición de “admisibilidad” de una persona que le puede resultar suficiente un gramo o 100 gramos, dependiendo de su hábito y posibilidades de adquisición de la droga.

La controversia que se desató con la portación de droga por particulares y las conductas del drogadicto, fueron argumentadas desde el gobierno por el segmento de funcionarios pro-drogadicción, señalando que cualquiera puede hacer lo que se le antoje, siempre que no afecte los derecho de un tercero. Y está bien planteado el tema, solo que le falta una pata a esta mirada parcial de las libertades individuales o del derecho a la privacidad.

Como es lógico, cualquiera puede hacer con su vida lo que quiera y entre ese libre albedrío está el de drogarse entre las cuatros paredes de su casa. Lo que ni los legisladores cortos de vista aciertan a explicar o los jueces garantistas y los funcionarios pro-drogadicción están imposibilitados de delimitar, es dónde queda la frontera de lo legal y lo ilegal, cuando un joven se droga en su casa y por efecto del estupefaciente sale a la calle y mata a un ciudadano. Indudablemente el hecho de drogarse es privado, pero las consecuencias de estar drogado producen un acto criminal que debe ser punible.

Rafael Bielsa, al frente del Sedronar está de acuerdo con el cultivo irrestricto de marihuana e inclusive se habla de generar “quintas de cultivos de canabis” para que los adictos (o quien quiera iniciarse en esta nueva cultura) tenga a mano y “bajo coste” la planta que los ayuda a caminar sobre el agua, olvidarse de la inflación, el peligro en los trenes, la corrupción, el lavado de dinero, la desocupación, la inseguridad, los negociados del poder, las trampas políticas, la miseria y la marginación de cada vez más argentinos.

Quienes promueven la liberación de la droga en Argentina, buscan, indudablemente, tener un país narcotizado. Lo peor de todo es que, además del flagelo del consumo que afecta la salud de los chicos, han transformado a todo el territorio nacional en un alambique, en una gran cocina de corte, sin fronteras para quienes transitan, transportan y comercializan con la muerte.

Si seguimos en este rumbo, en vez de buscar una solución para nuestros hijos y nietos, estamos encaminados a producir la destrucción de varias generaciones futuras. ¿Será que estamos condenados a enfermarnos como sociedad, porque nuestros gobernantes están enfermos? Si así fuera, habría que aplicar una cura social cada vez que tengamos que votar.

Rubén Lasagno
OPI Santa Cruz