La disputa por el traspaso de subtes y colectivos a la Ciudad de Buenos Aires subió de tono luego de que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, rechazara una propuesta de la presidenta Cristina Kirchner con duras acusaciones a la administración central.

Un día después de que la Cámara de Diputados convirtiera en ley el traspaso del subte y de 33 líneas de colectivos de la Nación a la Ciudad, la Presidenta sorprendió con dos propuestas a Macri: el retiro gradual del servicio de la seguridad a cargo de la Policía Federal en estaciones y andenes y la asignación de la mitad del subsidio que reciben los ómnibus por un año.

"En estos términos no va a haber traspaso", aseguró Macri en conferencia de prensa en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, desde donde volvió a pedir una audiencia a Cristina Kirchner y la acusó, entre otras cosas, de ser "la Presidenta que más ha atropellado el federalismo en toda la democracia" argentina. Si bien la jefa de Estado volvió a presentar las propuestas con críticas al mandatario porteño, sorprendió la dureza de la réplica de Macri, que extendió los cuestionamientos a todo el sistema de transporte y la relación Nación-Provincias. Específicamente, Cristina Kirchner le propuso al gobierno porteño hacerse cargo de la mitad de los subsidios para las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad durante un año, y un retiro gradual de la Policía Federal del subte hasta junio.

A través de una conferencia en Casa Rosada, la jefa de Estado evaluó que esos subsidios suman "1.180 millones de pesos" y señaló que la Nación puede pagar la mitad de ese dinero durante un año, mientras que por otro lado propuso realizar un retiro gradual de la Policía Federal, que inicialmente iba a concretarse el próximo domingo 1 de abril tras haber sido prorrogado en una ocasión. "Implementar un cronograma de seguridad, no puede llevar más de tres meses", afirmó la mandataria tras sostener que esa iniciativa estaría concluida en "junio", por lo que "medio año para implementar la seguridad de seis líneas de subtes, con casi 4 mil efectivos de la Metropolitana es un tiempo más que prudencial".

Cristina Kirchner también volvió a criticar a la administración macrista porque "unilateralmente" decidió "no dar cumplimiento" al acta de traspaso con un "intento bochornoso" de la "devolución de los subtes". Y dijo que ninguno de los funcionarios de la Ciudad viaja en subte y sin embargo dispusieron con "liviandad" un aumento del 127 por ciento de la tarifa. "No hay lugar a duda alguna; la Nación nunca dejó de ser la autoridad concedente del subte. Esto no va a cambiar hasta que haya un convenio que sea aprobado por la Legislatura", fue la respuesta Macri un par de horas después, cuando agregó: "Es igual o más claro que antes; la seguridad de la ciudad es responsabilidad del gobierno nacional y los subtes están dentro de la ciudad".

Además, el jefe porteño consideró que el Congreso "realizó un papelón" al aprobar el traspaso, acusó al radicalismo de "especular políticamente" con su apoyo en general al proyecto y se dirigió directamente a la Presidenta: "No cuente con nosotros para ser cómplices de los futuros muertos por accidentes". Aunque Macri rechazó ambas propuestas, el anuncio de la Presidenta en materia de seguridad en los andenes alcanzó para que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidiera dejar "sin efecto" el paro de subterráneos que había anunciado para el próximo miércoles. "Después del discurso de la presidenta Cristina Kirchner dejamos sin efecto la medida porque nos dio la tranquilidad de que por lo menos hasta junio vamos a tener policías", aseguró a Noticias Argentinas Mario Caligari, vocero de la UTA, que agrupa a los maquinistas y guardas.

En medio de los cruces y tras la aprobación en el Congreso Nacional del traspaso, la jueza en lo Contencioso, Administrativo y Federal Claudia Rodríguez Vidal rechazó las medidas cautelares pedidas tanto por el Gobierno nacional como por el de la Ciudad, por entender que ninguno cumplió con los requisitos legales necesarios. Sin embargo, el mcrismo sigue apostando a una solución judicial del conflicto por parte de la Corte Suprema, aunque el kirchnerismo considera que el planteo no es jurisdicción originaria de máximo tribunal.

NA