Tras alinear a las provincias, la presidenta Cristina Fernández decidió jugar a fondo, echar a los españoles de YPF y disponer la expropiación de la principal compañía del país. Lo resolvió en una jugada que combina exaltación política de "nacionalismo" con la más pragmática e imperiosa necesidad de hacerse de los dólares del petróleo en un año de sequía financiera, y tratar de evitar que sigan cayendo las reservas de hidrocarburos.

Pocas horas después de regresar de la cumbre de Cartagena, y resuelto algún malentendido con las provincias productoras de hidrocraburos, que por un momento se sintieron afuera de la expropiación, la Presidenta envió al Senado el proyecto que, 13 años después, dará otro giro de 180 grados a la pendular política petrolera.

Para justificar la expropiación, Cristina denunció una estrategia "predatoria" ejercida por parte de Repsol como controlante de YPF y advirtió que la misma tuvo serias consecuencias para la economía nacional. "La estrategia de reducción de la producción por parte de la compañía implicó la progresiva pérdida de soberanía energética de Argentina, puesto que las cantidades importadas de combustibles superaron a partir de mediados de 2010 a las exportadas", sostiene el proyecto enviado al Congreso.

Incluso, el gobierno acusa a Repsol de aplicar un "virtual vaciamiento, con una lógica operativa más cercana al mundo financiero que al productivo, ejecutada por Repsol YPF multiplicó las importaciones de combustibles por 11 veces entre 1995 y 2011". El problema central que decidió a Cristina a tomar esta medida fue que el nivel de importaciones de combustibles, de 9.397 millones de dólares en el 2011, equivalía al saldo comercial total del país, que para ese mismo año ascendió a los US$ 10.347 millones.

Según el gobierno, entre 1998 y 2011 la producción total de petróleo de Argentina se redujo en 15,9 millones de m3, de los cuales, 8,6 millones de m3 fueron "responsabilidad de Repsol YPF". Según el gobierno, la "política predatoria ejecutada por Repsol YPF implicó que -durante el 2011- por primera vez en 17 años la Argentina experimentara un saldo comercial deficitario en materia de combustibles, que alcanzó en 2011 los US$ 3.029 millones y que tendrá un crecimiento exponencial de no revertirse las políticas que implementa la empresa".

El Gobierno denunció, además, que desde que Repsol ingresó a YPF la producción de petróleo se redujo a prácticamente la mitad, cayendo 44 por ciento entre 1997 y 2011. Una vez que el Congreso apruebe el proyecto, el Estado nacional compartirá el poder en términos casi de igualdad no solo con las provincias sino, también, con la familia Eskenazi, mientras que la española Repsol pasará a ser un accionista minoritario, y se descuenta que, de no prosperar sus reclamos en los tribunales, se irá totalmente de la compañía.

El poder accionario en YPF se dividiría prácticamente en cuartos: uno para el Estado nacional, otro para el Grupo Petersen de la familia Eskenazi (que conservaría el 25,46%), otro para las provincias y otro para Repsol junto con los accionistas que compraron las acciones de la petrolera que cotiza en bolsa. Con su decisión, Cristina añade un capítulo clave a la convulsionada historia del petróleo en la Argentina, y nacionaliza en recursos clave. Semejante audacia demandará tener mano de hierro por parte del control estatal para evitar los excesos y errores que están costando millones en otras compañías también "nacionalizadas", como la golpeada Aerolíneas Argentinas.  

José Calero
NA