Una constitución es un compromiso constituyente de una Nación, su documento base, en el que se establecen los principios sobre los que se desarrollará la actividad de sus ciudadanos.

Nuestra Constitución original de 1853 establecía una serie de derechos inalienables de sus habitantes, límites (políticos) al poder de los gobernantes, el federalismo como principio y algunos mecanismos para llevar a cabo estos ideales. Sucesivas reformas introdujeron otros tópicos como en 1957 los derechos sociales del art. 14 bis, contradictorios con el espíritu original del magno documento. Ya la última reforma (1994) era básicamente un intento de prolongar la permanencia en el poder de los gobernantes.

Una mirada desapasionada a nuestra historia nos indica que lamentablemente, y salvo en contadísimas ocasiones, los límites al poder establecidos no funcionaron. El poder del Estado sobre el ciudadano no hizo más que avanzar permanentemente, cercenando derechos establecidos como el de la propiedad, libre comercio, libertad de movimiento, amén de hacerse de una parte cada vez mayor de su esfuerzo, a través de un sistema fiscal asfixiante y de la destrucción reiterada de su sistema monetario por la inflación.

Asimismo, el nuestro es un país federal solamente de nombre, ya que la influencia del gobierno central sobre las provincias ha sido creciente, llegando a una opresión extrema. En síntesis: nuestra Constitución original no ha cumplido con las expectativas en ella depositadas por sus redactores.

La razón de este fracaso está en que los límites al poder establecidos en ella son meramente políticos, dejando las puertas abiertas para que el estado se haga de más y más recursos económicos de sus ciudadanos, recursos que sirvieron para corromper, comprar o callar voluntades, llevándonos al actual estado de cosas, a todas luces insostenible.

Es por eso que considero imprescindible su reforma, pero no en el sentido en el que lo quiere hacer nuestra clase política, aumentando su cuota de poder y su permanencia en el mismo, sino al contrario, estableciendo nuevos y efectivos límites al poder de los gobernantes, no solo de orden político, sino también económicos.

En tal sentido, es necesario quitarle al Gobierno el poder de establecer y/o modificar impuestos, estableciendo los mismos por constitución tanto en su calidad como en su cantidad, prohibiendo la creación de nuevos impuestos, tasas u otras gabelas. También deberíamos establecer que los mismos los cobraran los municipios, y coparticiparían determinados porcentajes a las provincias y Nación, como lo hace Suiza, con lo que mantiene acotado el poder económico del gobierno central.

Por otra parte, debería establecerse la prohibición al estado de endeudarse en cualquiera de sus tres niveles, para evitar lo que todos sabemos: la insolvencia y el default.

El parlamento (que debe ser reducido) solo nos ha abrumado con una profusión de leyes, muchas de ellas contradictorias, pero que casi siempre significan una carga para la sociedad toda o una parte de ellas. Limitando el periodo de sesiones a un máximo de dos meses, como lo hace Suiza (Dos semanas por trimestre, coincidiendo con las estaciones climáticas), y prohibiendo la sanción de leyes sobre regulación del comercio, tasas de interés, Salarios, impuestos, aduanas, etc., la sociedad argentina se desarrollaría libremente, con un futuro venturoso.

De esta manera se independizaría a los ciudadanos actualmente avasallados por el poder del Gobierno. (No olvidemos que actualmente el estado exprime, controla y gasta más de la mitad de lo que producimos sometiéndonos a un régimen de semiesclavitud).

Muchos dirán: “Utópico” o “Imposible de aplicar”, palabras que también se dijeron cuando se trató de transformar las monarquías y dictaduras en democracias. Recordemos que eso mismo se afirmaba cuando imperaba la dictadura de Rosas y los caudillos provinciales.

La alternativa es una tiranía cuya única diferencia con los regímenes de la antigüedad es el hecho que actualmente votamos a nuestros amos opresores.

Germán R. Wachnitz
Eldorado – Misiones
DNI 5.093.539
Autor de: “Oristeocracia – Gobierno de poder limitado”
e-mail: oristeocracia@gmail.com