"Cuando la Patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla perecer". José de San Martin.

En la cultura y el pensamiento político, el derecho a la desobediencia al gobernante, y a la rebelión, está bien establecido desde antiguo. En los escritos políticos se reafirman y afianzan las ya antiguas ideas de "consentimiento" y de "pacto “o "contrato social" (Locke, Hobbes, Rousseau), que se sustentan en el "acuerdo aceptado por una mayoría" como fundamento de la "legitimidad" de quien ejerza el gobierno. Y como corolario expreso, se impone que el gobernante "no puede arruinar ni atentar contra el propio país, ni destruir el estado o la unidad de la sociedad previa".

Es con respecto a la violación de estos principios, y a las situaciones de abuso y prevaricación, que permanentemente se ha afirmado el "derecho" a la desobediencia.

El pueblo reasumiendo el poder que de él emana, puede modificar el gobierno cuando este actúa de modo contrario a la "confianza en él depositada", máxime cuando la "democracia" no se ha revelado como una salvaguarda milagrosa contra las tiranías.

Hoy, en nuestro caso, concurren todas las condiciones que justifican la insurrección nacional: deslealtad a la Nación y desprotección del Pueblo (corrupción, inseguridad, mala gestión, degradación moral, división social, potenciación de la delincuencia, destrucción de la educación entre otros males y un gobierno en manos de una “emperatriz” envilecida, que ha aniquilado al Estado argentino, sumiendo a su pueblo en la desgracia. Este régimen es la representación del absolutismo de un dogma político personificado en el partido mayoritario.

El actual régimen además de profundamente corrupto alberga elementos de la subversión montonera, maoísta y castro-guevarista: ex delincuentes subversivos reciclados a funcionarios gubernamentales anquilosados en los estamentos del gobierno; reafirmando una memoria histórica selectiva, a la vez que glorifica todo lo relacionado con aquella guerrilla apátrida y asesina, imponiéndola como mito heroico en todos los órdenes de la vida política del Estado argentino.

La insurrección nacional, imprescindible, es independiente de cualquier ideología; no se trata de una revolución ideológica para cambiar o transformar las estructuras sociales. Ni tampoco es la subversión por la subversión, más bien lo contrario: es necesaria para atajar la subversión monto-kirchnerista que a través de sus esbirros que está destruyendo la Nación.

Esa actitud significa desobediencia cívica, no colaboración con los "poderes" públicos, oposición activa, que desemboca en la resistencia creada ante la ausencia total de una oposición política que tome para sí la tarea de restaurar a la Nación.

Ante esta ausencia la ciudadanía descontenta e indignada, debe movilizarse y trabajar para combatir a esa sumisión acrítica de una parte de la población a lo que "ya está dado", a esa resignación complacida.

No obstante cabe la posibilidad que el régimen se desplome con facilidad, agobiado por circunstancias apropiadas (crisis económica y social), siendo víctima de sus propias malas artes.

La insurrección no es necesariamente violenta y es importante no confundirla con la "lucha armada". Recordemos además que la subversión setentista, no fue acompañada por el resto de la población precisamente por sus actos de terror.

El kirchnerato puede también morir por sus propias contradicciones, luchas internas e inestabilidad profunda, situaciones que se están dando como lo muestra la crisis con el gobernador Scioli y con su vice que actuando cual dinamitero en su contra trata de socavarle poder, siguiendo instrucciones del gobierno nacional, y también por el desfasaje económico que comienza a verificarse con persistencia.

Jorge Omar Alonso
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