A dos meses de haberse conocido la denuncia sobre un supuesto intento de soborno para que un diplomático uruguayo favoreciera a una empresa en el dragado del canal Martín García, el Gobierno oriental dejó trascender un informe en el que duda de la regularidad con la que la Argentina extendió el contrato de esa firma holandesa.

El pasado 22 de mayo, el Gobierno de Uruguay rechazó la renuncia del embajador itinerante Julio Baraibar, quien había intentado dejar su cargo tras reconocer este intento de soborno de un operador privado argentino al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Francisco Bustillo, para favorecer la continuidad de la empresa Riovía.

Ahora, tras el escándalo suscitado entre ambos gobiernos, un informe difundido por los medios uruguayos El País y Últimas Noticias, reveló el análisis de las actas de la CARP realizado por el Tribunal de Cuentas del Uruguay (TCU) y complicó la actuación de los representantes argentinos. Es que, entre otros puntos importantes, señaló que las constantes demoras de Argentina para encarar un proceso licitatorio para el dragado favoreció a Riovía y agregó dudas sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato a la empresa holandesa.

El proceso de las negociaciones de ambas delegaciones derivó finalmente en la ampliación del contrato a la empresa Riovía, iniciado en junio de 2010, cuando los gobiernos resolvieron avanzar en la profundización del canal Martín García. En julio del año pasado, la delegación uruguaya dejó constancia que Argentina pidió una postergación del inicio de las negociaciones para renovar el contrato con la empresa holandesa. Bustillo también certificó que el 20 de agosto del año pasado era la fecha acordada entre ambas delegaciones para tener terminadas las negociaciones porque, de lo contrario, la concesionaria tendría una posición más ventajosa para discutir el precio. Según el matutino El País, Riovía a esa altura ya había presentado sus pretensiones, mientras que Bustillo expresó al TCU que la delegación argentina tenía intereses y que, no avanzar en el tema de la nueva licitación del Martín García, favorecía al canal Emilio Mitre, que es el de acceso al puerto de Buenos Aires.

Para el TCU las delegaciones de Uruguay y Argentina manejan tiempos distintos, y asegura que la actitud argentina para dilatar la concreción de la licitación del dragado del Martin García, incidió en forma directa en que se llegara al final del plazo contractual con RíoVía S.A en condiciones desfavorables. En concreto, el informe aseguró que se dejaron de adoptar medidas para mejorar la negociación con la empresa holandesa y que se impidió también la posibilidad de ir a un concurso de precios, lo que habría permitido obtener ofertas comparativas. Esta situación, que fue advertida por la delegación uruguaya, derivó en la renovación del contrato de la empresa, que desde hace dos décadas se encarga del mantenimiento del canal.

La auditoría del TCU hace además mención al presunto intento de Soborno a Bustillo —el que sacó a la luz Baraibar, un hombre de extrema confianza del presidente José Mujica— en una reunión a la que fue citado por el entonces vicecanciller argentino Roberto García Moritán.

Agencia NA