La tensión entre la Argentina y Uruguay por el dragado del canal Martín García trepó al extremo, luego de que Montevideo dejara entrever que enviará a la Justicia el caso por supuestas irregularidades en el proceso de licitación y Buenos Aires reaccionara con un comunicado muy duro.

La Argentina cargó directamente contra el ex embajador Francisco Bustillo, quien denunció internamente un presunto intento de coima por la cuestión del dragado, y pidió a Uruguay que levante la inmunidad que tiene el diplomático para que la Justicia argentina pueda investigarlo en la causa por el ingreso irregular de autos con franquicia diplomática.

La Cancillería confirmó que Uruguay "dejó trascender que enviará toda la documentación a la Justicia de su país", por lo que le reclamó al Gobierno vecino que a su vez "responda afirmativamente" un exhorto de la Justicia argentina para que el ex embajador Bustillo —que ocupó la Embajada en Buenos Aires entre 2005 y 2010— "comparezca para declarar" sobre las informaciones que lo involucran "en supuestos intentos de la empresa uruguaya Riovía de corromper el proceso de dragado".

Sucede que Bustillo, hoy jefe de Gabinete de la cancillería uruguaya, fue el supuesto destinatario de un presunto intento de soborno de Riovia para conservar la licitación, durante una conversación que mantuvo con el ex vicanciller argentino Roberto García Moritán, lo que motivó una investigación a cargo del Tribunal de Cuentas de Uruguay que arrojó dudas sobre el proceso de adjudicación del millonario negocio. A su vez, la Argentina solicitó este sábado a Uruguay que "suspenda la inmunidad diplomática del embajador Bustillo en la causa por la importación indebida de automóviles extranjeros", ya que se trata del "único diplomático involucrado cuyo país no ha otorgado el levantamiento" de ese beneficio para que sea "investigado por la Corte Suprema argentina".

De esta forma, a pesar de que la presidenta Cristina Kirchner y su par José Mujica acordaron esta semana en Brasilia bajar los decibeles del conflicto bilateral, las tres acciones judiciales vuelven a tensar la relación entre ambos países luego de un periodo de relativa calma tras la disputa por las papeleras. Una señal sobre el presente de las relaciones bilaterales fue, justamente, una protesta formal que la Cancillería argentina presentó este viernes a Uruguay debido a que la planta de UPM (ex Botnia) tiene una producción anual por encima del millón de toneladas, el máximo autorizado por la Corte Internacional de La Haya.

Respecto a la causa por el ingreso irregular de autos con franquicia diplomática, la cartera que conduce el canciller Héctor Timerman precisó que la necesidad de investigar a Bustillo surge luego de que el juez interviniente "comprobara la participación del embajador como así también la intermediación de firmas fantasmas y adulteración de documentación entre los vehículos pertenecientes" al diplomático uruguayo. "Llama la atención que la razón esgrimida por el gobierno uruguayo sea, casualmente, que el embajador Bustillo preside la Comisión del Río de la Plata que tiene jurisdicción en el Canal Martín García", señaló el comunicado de la Cancillería. Y agregó que la actitud de Uruguay "contrasta con la actitud de las Repúblicas de Bolivia y Congo que ordenó a sus diplomáticos a someterse a la justicia argentina en la misma causa".

En su comunicado, el Gobierno argentino recordó que el 3 de marzo de 2007 el embajador Bustillo solicitó dos franquicias para importar sin impuestos dos automóviles porsche 911 valuados en 98 mil dólares cada uno, "en clara contravención a la Circular Diplomática 6/2000, cuyo trámite concluyó en las Franquicias Nº 154 y 155/2007". "Tres años antes habían ingresado al país dos franquicias de vehículos BMW M3 y BMW X5. Cuatro autos cuyos diseños distan bastante de los utilizados por el cuerpo diplomático", denunció el Palacio San Martín.

En su nota, el Gobierno de la presidenta Kirchner reiteró "el interés estratégico que tiene el dragado del Canal Martín García para el crecimiento del comercio internacional" y "garantiza que el mismo se hará de forma transparente y de acuerdo a los dictámenes de la Justicia". "Por dicho motivo, es importante que nuestro pedido haya sido tenido en cuenta y se hagan todas las presentaciones ante la Justicia que dará lugar para que pasemos de las meras palabras, rumores y suposiciones a los hechos concretos que no son otros que el dragado y profundización de la vía navegable", cuestionó.

Agencia NA