El Gobierno Kirchner parece empeñado en su política de presentar las exigencias y/o conveniencias de los Acreedores y del FMI como “logros” propios, mientras se agota el resto de algún “beneficio de la duda” que todavía pudiera tener su gestión para el Megacanje de la Deuda en cesación de pagos (default).  

    A este paso, es probable que dentro de muy poco tiempo leamos los titulares de los grandes diarios del Sistema alabando – como en los Acuerdos de Nueva York de 1985/87, el Plan Brady de 1992/93 y el Megacanje De la Rúa-Cavallo de Junio del 2001 -  el “éxito” de la salida del default a través de una nueva oferta a los Acreedores que no tiene capacidad de repago.

    En el marco de las negociaciones secretas sobre la Deuda Pública, con el “cheque en blanco” del Congreso para poder negociar cualquier cosa, bajo la permanente presión coordinada de Acreedores, Bancos Colocadores, Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, Banco Mundial y BID), Tesorería Norteamericana y Países del G7, sometido a la acción psicológica de una Opinión Pública manejada por los Grandes Medios de Comunicación que trabajan en función de los intereses de los Acreedores y reemplazando las informaciones debidas por rumores y trascendidos originados en el mismo seno del Gobierno, el presidente Kirchner se acerca cada día más a las fechas del Megacanje – del 17 de enero al 25 de febrero de 2005 – “de la mano” de los enemigos de los Intereses del País.

    El amago de retiro del Bank of New York (BoNY) como agente de cambio de los bonos – que habría sido una maniobra de presión para definir y mejorar sus comisiones y condiciones generales de contratación – desembocaría, en la práctica, en una virtual decisión forzada de elegir a dicho banco que, como los restantes candidatos a coordinar la operación, también participó activamente en las colocaciones de bonos de la Argentina durante la Década del ´90, precisamente el período siempre denunciado por el actual Gobierno como la época del segundo gran endeudamiento irresponsable de nuestro país.

    Dentro de este contexto, el Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto 1.735/04 – cuyos anexos (que comprenden unas 600 páginas) todavía no están disponibles – por el que se formalizan los lineamientos de la operación de canje de títulos públicos con emisión de nuevos bonos por 41.800 millones de dólares y adicionales por cupones ligados al crecimiento del PBI.

    Según los términos de este Decreto el Gobierno Kirchner vuelve a aceptar la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros, renuncia nuevamente a la inmunidad soberana (aunque con varias reservas), aprueba el modelo de contrato del Banco Agente y del Fideicomiso, y se reserva facultades elásticas en cuanto a la instrumentación de la operación en manos del Ministerio de Economía.

    Acabado de conocer, este documento no ha podido ser aún analizado en detalle; ni mucho menos sus extensos documentos anexos, pero se entiende que con este paso las autoridades argentinas cumplen con el principal requisito formal externo exigido para el nuevo Megacanje: aprobar los lineamientos y documentos que definen la operatoria a ser llevada a cabo.

    Porque lo importante de todo esto es que así se completan los pasos legales y reglamentarios nacionales para allanar la realización del nuevo Megacanje, en forma unilateral – esto es, sin Ley ni intervención del Congreso - por parte del Gobierno y a través de Decretos del Poder Ejecutivo. Falta todavía confirmar la designación del Banco Agente de colocación de los bonos – que sería el BoNY – y del Agente Fiduciario, que sería la firma británica Law Debenture.  En ambos casos, lo mismo que con la designación de los seis Bancos Organizadores del Megacanje – Merrill Lynch, Barclays, UBS Warburg, Galicia, BBVA-Francés y BNA – hecha por Decreto 319/04, el Poder Ejecutivo ha procedido por Contratación Directa y no por Licitación Pública. 

La encerrona del FMI

    La dilación de la fecha del Megacanje – de fines de Noviembre (29.11.04) a Enero/Febrero del 2005 – no es financieramente neutra para la Argentina, ya que existen por lo menos dos pesadas cargas para nuestro país que siguen cayendo hasta que se concrete la operación.  Por un lado, está el reconocimiento de los Intereses ya que, como el Gobierno Kirchner – después de la Oferta de Dubai, EAU, de Septiembre del 2003 – cambió su propuesta original reconociendo los Intereses caídos después de la declaración del default, la prórroga de la operación significa que se le seguirán acumulando al país intereses impagos que luego se capitalizan por anatocismo (capitalización de intereses).

    La tasa de interés que devengan estos bonos – emitidos en moneda extranjera – es del orden promedio del 9% anual, según datos del Ministerio de Economía al 30.6.04; lo que significa que, calculada sobre la masa de títulos en default de unos 82.000 millones de dólares, a la Argentina se le estarían acumulando – sólo por concepto de intereses - unos 20 millones de dólares por día (82.000 x 0.09 = 7.380 millones/año, o sea 7.380/365 = 20 millones/día). Serían unos 600 millones más por cada mes que pasa.

    Esto es lo que pierde nuestro país por la claudicación de reconocer el pago de intereses caídos con posterioridad a su declaración de cesación de pagos, cosa que constituye un despropósito.   Por un segundo lado, está el problema de los pagos sin reembolso al Fondo Monetario Internacional.

    Como el FMI interrumpió en Agosto pasado el Acuerdo stand-by firmado en Septiembre del 2003 (que está suspendido pero sigue vigente) nuestro país le paga al Organismo los compromisos que le caen a su vencimiento pero no obtiene luego el reintegro de los mismos (por roll-over o refinanciación continua de las obligaciones, esto es: pagos de la Argentina con posterior desembolso compensatorio por parte del Fondo).  Entre Diciembre del 2004 y fin del Primer Trimestre del 2005, la Argentina tiene así que pagarle – sólo al FMI – algo más de 1.700 millones de dólares; sin reembolsos.

    A ello se suman los pagos de préstamos al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que siguen concediendo créditos a la Nación Argentina y también a sus Provincias.  En total, solamente al Fondo Monetario, la Argentina debiera abonarle durante el 2005 unos 5.500 millones de dólares.   Desde la declaración del default en Diciembre del 2001 nuestro país ya le habría abonado aproximadamente 5.000 millones de dólares al FMI como pagos netos (es decir, excedente de pagos sobre desembolsos).   Y si continuara con esta política de cancelación de obligaciones con el Fondo en no mucho tiempo pudiera estar nuevamente en condiciones teóricas de volver a pedirle prestado. (*)

    Esto explica por qué decimos que la demora del arreglo con los acreedores para la “salida del default” – tanto por el lado de los Bonos como por el del FMI -  no es “neutra” sino fuertemente gravosa para la Argentina.

Cancelaciones al FMI

    En el contexto de este dramático cuadro financiero de situación surgió en los últimos días la versión – no oficial pero originada en el seno del propio Gobierno – que el presidente Kirchner estaba buscando la forma de pagar toda la Deuda Argentina con el FMI (que suma unos 15.000 millones de dólares, dentro del total de Deuda Pública de 181.000 millones) para “liberarse” de la tutela y las condicionalidades del Fondo cancelando sus obligaciones con el Organismo.

    Según los trascendidos, el Gobierno trataría de obtener un préstamo a largo plazo – primero se especuló proveniente de China y luego de España – para pagarle al FMI la totalidad de la Deuda a los fines de terminar así con las exigencias y monitoreos permanentes, y también (supuestamente) para no seguir obligado a cumplir con Metas Fiscales y sobre todo Reformas Estructurales pactadas con el Fondo.

    Pero esta posible variante no está para nada clara, ni en las características de la operación ni en el objetivo real de la misma.   La Argentina no puede cancelar al contado su deuda total con el FMI – los 15.000 millones de dólares citados – porque eso agotaría, de golpe, las reservas del Banco Central (BCRA), que hoy están poco por encima de los 19.000 millones.

    Y si lo hiciera – esto es, si cancelara esta Deuda – tomando préstamo a largo plazo de un Tercero (otro país, otro organismo, o eventualmente un sindicato de grandes bancos), estaría en realidad ayudando al FMI más que liberándose de sus compromisos.   Esto es así porque el Gobierno no saldría del FMI sino que permanecería como miembro del mismo, pero cancelando completa y anticipadamente su Deuda con el Organismo.   Esta “tercerización” de la Deuda con el Fondo cumpliría así con la finalidad de reducir la elevada  exposición financiera de la Entidad con la Argentina – que es el mayor deudor, después de Brasil y Turquía – con lo que nuestro país ayudaría de este modo a “limpiar” créditos difíciles del FMI traspasándolos a largo término a un Tercero.

    Como el FMI no puede refinanciar las deudas de sus países miembros a largo plazo, y si lo hiciera le pedirían igual trato decenas de Estados endeudados de todo el Mundo, lo ideal para el Fondo, en consecuencia, es que las obligaciones de la Argentina sean tercerizadas, como coincidentemente lo presenta el Gobierno Kirchner sugiriendo una futura “independencia” del Organismo.  La descarga de esas obligaciones sería así traspasada a grupos financieros internacionales del Mercado de Capitales, con los cuales nuestro país contraería la nueva Deuda.

Gobierno y Banco Central

    Uno de los últimos capítulos recientes dentro de las gestiones secretas en curso sobre el nuevo Megacanje de Deuda Pública ha sido protagonizado días pasados por el presidente del BCRA, Martín Redrado, ante la versión que el Ministerio de Economía (el Dr. Lavagna) estaría proponiendo la reforma de la Carta Orgánica del BCRA para permitirle aumentar los adelantos al Tesoro Nacional para el pago de los próximos vencimientos al FMI.

    Esta necesidad se funda en que el Banco Central hoy tiene acotado el monto de estas transferencias al Gobierno Nacional con tope equivalente al 12% de la Base Monetaria y al 10% de la Recaudación Fiscal, según el artículo 20 de la Ley 25.780/03.   El problema reside en que ello implicaría pagar al Fondo con parte de las Reservas Internacionales del país y, por lo tanto, el presidente del BCRA – cuya Política Monetaria y Financiera se formula y ejecuta sin sujeción a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo sino con la independencia de un virtual Cuarto Poder del Estado – fijó la postura que, hoy por hoy (a menos que se modifique la Ley) los fondos adicionales necesarios para pagarle al FMI deben salir de la Tesorería Nacional, de los excedentes fiscales que se están logrando, y no del BCRA.   En este sentido, la posición institucional del Banco Central es funcional a las presiones del FMI y de los Acreedores Externos.  

Héctor Giuliano

El traductor
eltraductor@fibertel.com.ar

(*) NOTA: El cómico Groucho Marx (no confundir con el ideólogo Carlos Marx ni con el ex-negociador de la Deuda bajo los gobiernos Alfonsín, Menem y De la Rúa, Daniel Marx) tenía un chiste histórico que decía: “Yo nunca me haría socio de un Club que aceptase como miembros a gente como Yo.”

Parafraseando esta humorada – que en el caso de nuestro país es directamente tragicómica – cabe reflexionar que la Argentina no debiera ser miembro ni pedirle nunca más plata a un Organismo tan irresponsable como el FMI, que durante décadas le ha venido dando créditos y auspiciando que se lo den otros inversores financieros, a un país tan insolvente como la Argentina.  Con el agravante que los Organismos Multilaterales de Crédito – fundamentalmente el BM y el BID – son los que van hoy a la cabeza de esta nueva oleada de endeudamiento público argentino sin capacidad de pago.