Según cifras oficiales al 31.12.03, nuestro país tenía a esa fecha una Deuda Pública Total de unos 180.000 millones de dólares. Siempre hay que aclarar que ésta es la Deuda en cabeza del Estado Central, porque además tenemos la Deuda Consolidada de las Provincias por más de 20.000 millones, la Deuda de los Municipios (que es un dato desconocido) y una serie de pasivos devengados aún no registrados como Deudas formales (Deuda Flotante o Exigible, Juicios contra el Estado con Sentencia en Firme, Préstamos Otorgados por los Organismos Multilaterales de Crédito – esencialmente Banco Mundial y BID – pero todavía no desembolsados, Deudas del Banco Central por LEBAC/NOBAC (que constituyen una “ventanilla” lateral del Endeudamiento Público), etc.; y que, en conjunto, sumarían entre 10 y 15.000 millones de dólares más.

Todo esto totalizaría así, según cálculos estimativos, entre 30 y 35.000 millones de dólares adicionales, de modo que la Deuda Total Nacional, consolidando los tres niveles de Gobierno – Nación, Provincias y Municipios – más los rubros de Deuda Devengada estaría hoy en el orden de los 210.000 a 215.000 millones de dólares.

De los 180.000 millones del Estado Central, que son los que normalmente se toman como referencia del Endeudamiento Público, aproximadamente la mitad está en default. La palabra “default” significa “incumplimiento” y se toma como sinónimo de “cesación de pagos”; por eso ambas expresiones se usan indistintamente.

Sobre los 180.000 millones de dólares de Deuda Pública, la Argentina tendría en default entre 88 y 94.000, aunque oficialmente se habla sólo de los 81.200 millones que están en bonos.

La Argentina ha emitido más de 150 títulos públicos, en varios tipos de monedas y con prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros, especialmente del Estado de Nueva York (algunos de ellos, incluso, con renuncia a la inmunidad soberana); además de los bonos locales. La mayoría de estos bonos – salvo los emitidos después de la cesación de pagos del 2001 – están en default. Y sobre estos títulos – los 81.200 millones de dólares – es que se está negociando su reestructuración.

La Argentina paga, en cambio, sus deudas con los Organismos Multilaterales de Crédito – FMI, Banco Mundial y BID – que suman unos 32.000 millones de dólares, las Deudas transferidas por las Provincias al Estado Central (unos 10.000 millones), los Préstamos Garantizados (14.000 millones) y otros rubros menores de Deuda.

Ahora bien, la Argentina se encuentra así en una posición híbrida: ha declarado el default pero no sobre la totalidad sino sólo sobre la mitad de su Deuda Pública lo que, por analogía con el Concurso Privado, configura una posición atípica que amenaza desmerecer sus argumentos de no pago.

Porque cuando un Deudor se presenta en Concurso Preventivo o Convocatoria de Acreedores lo hace siempre en forma general: no puede plantear con fuerza que tiene plata para pagarle a unos acreedores sí y a otros no, porque así estaría faltando al criterio de equidad jurídica. El default es total o nada: hablar de un default parcial es como decir que una mujer está “un poco embarazada”. Una de dos: se paga o no se paga, pero con un criterio homogéneo.

Caso contrario, puede desdibujarse el argumento de imposibilidad de pago sostenido oficialmente; aunque al Gobierno le asiste fundamento para sostenerlo en el caso de la Deuda post-default.

La cuestión del pago parcial

En su discurso ante la Asamblea conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Dubai, Emiratos Árabes Unidos (EAU) - en Septiembre del año pasado - el Secretario de Hacienda Guillermo Nielsen planteó, acertadamente, que la deuda post-default, es decir, los bonos por compensación emitidos después de la suspensión de pagos de Diciembre del 2001 y por la devaluación del 2002, no iban a ser reestructurados ni sometidos a quita porque los mismos no eran parte del problema sino parte de la solución de la Crisis de Deuda que vive la Argentina.

Esto es, que según la posición del Gobierno los acreedores de bodenes y otros instrumentos de Deuda Soberana colocados después del default no entraban dentro de la propuesta de quita que se estaba formulando a los acreedores de bonos emitidos hasta el año 2001.

Este razonamiento tenía su lógica en una doble razón:

·por un lado, los acreedores de estos nuevos bonos ya estaban sufriendo una quita sobre el valor original de sus acreencias en dólares, ya que se las pesificaba a 1.40 $ más CER (el Coeficiente de Estabilización de Referencia, prácticamente igual a la Inflación Minorista acumulada), lo que equivalía a un tipo de cambio tomado a dos pesos por dólar. Y

·por otro lado, la emisión de estos bodenes se hacía precisamente para salvar el problema de absorber la extraordinaria diferencia de cambio producida a raíz de la devaluación, que se transformaba así en Deuda del Estado.

Esta medida – la Devaluación del 2002 – ha sido y es muy discutible en cuanto a los beneficios y costos que trajo al país desde el punto de vista financiero (tema en el que no vamos a entrar ahora pero que ha derivado en un aumento de Deuda Pública que hoy pasa los 50.000 millones de dólares) aunque tal medida fue presentada, dentro de este enfoque oficial, como una acción necesaria para frenar la indexación descontrolada que se hubiera producido en caso de trasladar las diferencias de cambio a todos los sectores económicos y sociales.

No hacemos juicio de valor aquí sobre el problema de haber salido de la Convertibilidad vía Devaluación y más Deuda, para compensar la pesificación efectuada pero, en diversos trabajos hemos dejado en claro la inconveniencia y el error de haber querido salir de una Crisis de Deuda precisamente con más Endeudamiento.

De todas maneras - y volviendo al tema central de la cuestión del default parcial – lo cierto es que, pese a la justicia de este planteo a favor de los acreedores nuevos (los posteriores al 2001) el argumento del Gobierno quedaría debilitado en la medida que introduce una diferencia o “inequidad” en el trato a todos los acreedores al haber seguido emitiendo Deuda después de la cesación de pagos.

Por este motivo, una de las exigencias – explícitas y tácitas – dentro de las presiones de los lobbies acreedores, del FMI y de los Países del G7 es que la Argentina dé “equidad de trato” a todos, lo cual, en buen romance, implica reestructurar también la Deuda post-default.

Como vamos a ver más adelante, dadas las condiciones gravosas de la propuesta de Dubai y de la oferta definitiva presentada el 1.6 de este año – Dubai II ó Dubai Plus – estos nuevos compromisos tenderían a forzar, en la práctica, un replanteo de las obligaciones del Estado también para los acreedores post-default el año que viene, una vez cerrado el arreglo con los acreedores de bonos en default, ya que el Gobierno no podría afrontar simultáneamente los servicios de ambos tipos de Deuda a la vez.

En definitiva – aunque no se lo diga expresamente – el acuerdo con los acreedores sobre la base de la propuesta de Dubai llevaría inevitablemente a reestructurar también la Deuda Interna emitida después del default. Para entender el por qué de estas afirmaciones vamos a explicar simplificadamente de qué se trata esta Oferta de Dubai.

La propuesta de Dubai y sus cambios

En Setiembre del año pasado, simultáneamente con la firma del último Acuerdo con el FMI, el Gobierno Argentino anunció en Dubai (EAU) una oferta a los Acreedores de la Deuda Pública que constituía la base de reestructuración de los bonos en default.

La propuesta de Dubai original consistía básicamente en tres puntos principales:

1. Una quita o descuento de Capital del 75 %, tomada sobre el Valor Nominal de los Bonos en default.

2. No reconocimiento al pago de Intereses vencidos con posterioridad a la declaración de cesación de pagos de Diciembre del 2001.

3. No inclusión de la Deuda post default en las negociaciones de reestructuración y, por ende, de quita.

La nueva oferta anunciada por el ministro Lavagna el 1.6 cambia estos tres ejes a favor de los bonistas:

1. La Argentina mantiene su propuesta de quita del 75 % sobre el valor nominal de los bonos en default – los 81.200 millones de dólares – lo que supone un descuento de 61.000 millones, pero reconoce la validez de los Intereses impagos (que al 30.6.04 acumularán unos 23.000 millones) de modo que el monto total a reestructurar se toma sobre algo más de 104.000 millones (81.200 más 23.000). La quita real sería así menor al 60 % (61 sobre los 104 mil). Pero esa quita real finalmente pudiera ser más baja en función del porcentaje de aceptación que corresponda a los nuevos bonos con descuento.

Según varias consultoras privadas, efectivamente, la quita real sería mucho menor a la declarada del 75 % sobre el valor nominal. Esto se funda en que, si el porcentaje de adhesión de los bonistas es menor al 70 % y la capitalización de intereses se corta con fecha 31.12.03, esta quita descendería a menos del 50 %.

2. El Gobierno reconoce la validez de los Intereses vencidos impagos desde la declaración del default de Diciembre del 2001, que al 31.12.03 sumaban 18.000 millones de dólares, al 30.6.04 acumularán los 23.000 millones antes citados y a fin de año agregarían otros 4.000 ó 4.500 millones adicionales, de manera que el total de Intereses Capitalizados por Anatocismo involucrado en la oferta se aproxima a los 28.000 millones de dólares. Esta incorporación de intereses a la Deuda refinanciada (que no llevan descuento) desdibuja la quita porque así, de tomarse la última cifra – que será la acumulada al momento de emitir los nuevos bonos hacia fines del 2004 – el porcentaje real de descuento terminaría siendo siempre más bajo del 75 % nominal: sería, en principio, del 56 % (61.000/108.500) – con el agravante antes citado que si la participación de bonos con descuento es más reducida o no se tiene aceptación total de los bonistas, se supone que los montos de quita en valor absoluto disminuyen proporcionalmente.

3. Por último, el eufemismo que la Deuda post-default no va a ser reestructurada ni tener quita quedaría en duda porque una vez pactadas primero las condiciones de la Deuda en default se considera virtualmente ineludible que el gobierno tenga que reestructurar después los vencimientos de la llamada deuda “performing” o en cumplimiento, que es precisamente esa deuda emitida después de la cesación de pagos.

Conforme lo dicho, el próximo paso – una vez llegado al arreglo en curso con los bonistas – es reestructurar, en forma cuasi-forzosa, el resto de la Deuda.

Características de la nueva oferta de Dubai

La información oficial que se tiene sobre la propuesta de Dubai modificada todavía no es completa y la pluralidad de detalles no conocidos aún hace que las observaciones y comentarios que se hagan sean provisorios, a cuenta de mayores datos.

Sin embargo, tomando los anuncios oficiales, asumiendo la hipótesis “más favorable” planteada por el Gobierno – que es la aceptación por parte de más del 70 % de los bonistas – y centrándonos exclusivamente en los indicadores clave de esta gran operación de canje de Deuda, tenemos que los rasgos generales de la misma (como era previsible) son más que preocupantes.

En principio, el Ministerio de Economía prevé refinanciar un total de 43.200 millones de dólares. Este importe resultaría de sumar 20.200 millones de Capital (81.200 menos el 75 %, que son 61.000 millones) y 23.000 de Intereses caídos.

Esta suma se financiaría con tres nuevos bonos:

1. Bonos Par (sin descuento) - que reconocen el Valor Nominal (100) pero tienen tasa de interés más baja y plazo más largo - por 15.000 millones, con tasa de interés creciente entre 2.08 y 5.25 %, a 35 años de plazo y con 25 años de gracia para el pago de Capital.

2. Bonos con Descuento (del 75 %) – que hacen una quita relevante sobre el Valor Nominal pero pagan mayor tasa de interés y se amortizan en plazo relativamente más corto – por 20.000 millones, con tasa de interés creciente del 4.14 al 8.40 %, a plazo 30 años y con 25 de gracia para el Principal.

3. Bonos Cuasi-Par (diseñados para las bonos en manos de las AFJP y expresados en pesos) – por 8.300 millones de dólares, con tasa de interés creciente de 0 a 5.96 % y plazo más largo, de 42 años (con 32 de gracia), e indexados a valor pesificado de 1.40 más CER.

Éstas son las opciones básicas ofrecidas a los bonistas que - cosa importante - son equivalentes desde el punto de vista financiero; pero las características específicas de cada uno de los nuevos títulos pueden hacer variar muy fuertemente los resultados concretos según los casos.

Aquí nos limitamos a analizar, en forma sintética, las principales de estas variables en juego; y lo hacemos en base a los supuestos de aceptación que las autoridades consideran más convenientes, esto es, la aceptación por parte de más del 70 % de los bonistas, lo cual implica el ofrecimiento de mejoras adicionales de rendimiento para los acreedores.

Resumiendo así apretadamente las características básicas de esta oferta de Dubai modificada - que fue anunciada por el Gobierno el 1.6 - tenemos los principales puntos de la misma, que son los siguientes:

1. Monto y quita

Como fuera visto en el apartado anterior, la quita real ofrecida a los acreedores es menor que la declarada como valor nominal porque se calcula sobre el Capital de los Bonos y no sobre el Monto de ese Capital más los Intereses Devengados. Según como se hagan las cuentas, esto da – en principio - un monto total renegociado superior a los 104.000 millones de dólares con un descuento de 61.000, que equivale a una quita real menor al 60 % (entre el 58 y 56 %).

Hay quienes especulan que la quita real final sería del 50 % o menos, lo cual es muy probable si se considera que dicha quita se calcula sólo sobre los bonos con descuento y dentro del porcentaje de aceptación logrado (más o menos del 70 %). No vamos a entrar aquí en el tema porque es un problema más técnico, pero se deja anotado que – desde el punto de vista de Matemática Financiera – no está claro cuánto resulta la quita en términos de Valor Actual o Valor Presente Neto (VPN).

Javier Llorens, de Córdoba, ha calculado que el Valor Actual de los nuevos bonos rondaría los 26.000 millones de dólares, lo que iguala el VPN al valor de cotización que tienen hoy los bonos a canjear en el Mercado (entre 30 y 33 % del Valor Facial o Nominal de los títulos; sobre el total de los 81.200 millones).

2. Anatocismo

La enorme Capitalización inicial de Intereses (esto es, el Anatocismo: Intereses que se transforman en Capital y devengan nuevos Intereses), según lo visto más arriba, desdibuja totalmente la supuesta firmeza inicial del Gobierno en la negociación, cuando se afirmó y reiteró – declaraciones expresas del Ministro Lavagna – que nuestro país no reconocería el pago de los intereses caídos con posterioridad al default de Diciembre del 2001 (los 23.000 millones citados, acumulados hasta mitad del año en curso).

Esto es muy grave y repite la trampa del Plan Brady – de 1992/93 – en que también se vendió a la Opinión Pública la imagen de una quita relevante mientras que por capitalización de los intereses impagos desde el Gobierno Alfonsín, la Argentina terminó reconociendo por este concepto más de 8.500 millones de dólares, mientras se reestructuraban pasivos por menos de 20.000 millones de Capital. De esta manera la quita nominal del 35 % quedó entonces reducida en la práctica a sólo un 11 % del Capital renegociado.

Puesto en números redondos: si ahora a una quita nominal anunciada de 61.000 millones de dólares le sacamos los casi 30.000 que se acumularían de intereses hasta fin de este año (en principio, se habla de algo más de 28.000) tendríamos así que la quita real final, en valor absoluto, sería la mitad de la que nos dicen.

El reconocimiento de esta mayúscula capitalización de intereses no sólo es gravosa y distorsiva del descuento real sino que va contra la lógica de las cesaciones de pago ya que, por analogía con el Derecho Concursal Privado, los intereses devengados con posterioridad a la declaración de default – que en nuestro caso sería la fecha de suspensión de pagos de Diciembre del 2001 – tales intereses se interrumpen a partir del momento en que se produce dicha presentación de default (según el artículo 19 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras).

Y ello es también algo de pura lógica porque si el Deudor – como pasa hoy con el Estado Argentino – no puede pagar siquiera la mitad de los Intereses (que son del orden de los 10.000 millones de dólares anuales), mucho menos puede amortizar Capital (cuando le caen vencimientos por más de 20.000 millones por año), de modo que la única forma de refinanciación honesta y de verdadera “buena fe” por parte de los acreedores sería partir de la base que – dada la Crisis de Deuda impagable que tiene el país – toda reestructuración debe tomar como base sólo el Capital o Principal de la Deuda, sin agregar los intereses caídos.

La concesión hecha por el Gobierno Kirchner a este respecto configura uno de los cambios más relevantes hechos frente a la propuesta original de Dubai.

3. Tasas de interés

Las tasas de interés ofrecidas por las autoridades argentinas auguran muy serios problemas en el futuro. Todas las tasas son crecientes en el tiempo y, como señalamos más arriba, van – según el tipo de bono – de 2.08 a 5.25 % en el caso de los Bonos Par, de 4.15 a 8.40 % en los Bonos Discount y de 0 a 5.96 % en los Bonos Cuasi Par (que además son indexados por CER).

A esto se agrega una carga adicional, que está dada por una variante – que se analiza en el punto siguiente – que es la actualización o indexación de los cupones de interés en función del PBI, lo cual potencia la incidencia de los intereses crecientes en forma casi imprevisible.

Estos niveles de interés a tasa creciente, ponderados por plazos que van entre los 30 y los 42 años, potenciados por la indexación según PBI y que capitalizan una parte de los servicios durante el período de gracia, suponen una formidable acumulación de importes que todavía no aparecen cuantificados en ninguna información oficial.

Tal combinación explosiva de tasas incrementales, potenciación por Producto Bruto y anatocismo constituye muy probablemente el “talón de Aquiles” de la ingeniería financiera armada contra la Argentina a través de la oferta de Dubai.

4. Bonos ligados al crecimiento

La propuesta de Dubai presenta como “novedad” la emisión de estos bonos diseñados con un adicional sobre las tasas de interés que está atado al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI); un beneficio que se hace extensivo a todos los nuevos bonos y que supone, como hemos visto en el punto anterior, una potenciación de los intereses. El Ministerio de Economía estima que este procedimiento representará un beneficio adicional de 6.400 millones de dólares para los acreedores de bonos.

En realidad – tal como lo desarrollamos en el Anexo – esta cláusula de aumento de pagos en función del PBI ya fue ensayada contra Alemania después de la Primera Guerra Mundial en el marco del Tratado de Versalles, cuando se implantó el Plan Dawes de 1924; y ello no evitó la crisis financiera por las Reparaciones ni la cesación de pagos de 1932 (Acuerdo de Lausana).

La lógica de las indexaciones de servicios ligadas al aumento del PBI es mantener, a lo largo del tiempo, un stock de Deuda constante, de modo que la carga de la Deuda Pública no se alivie proporcionalmente cuando el crecimiento de la Economía mejora y el país deudor siga así mantenido “con la soga corta” en sus Finanzas Públicas.

En este sentido, si quisiera salvaguardarse mejor - dentro de este mismo esquema - la capacidad de pago del Estado, la vinculación debiera establecerse contra el incremento del Superávit Presupuestario y no contra el aumento del PBI porque nunca es segura la proporcionalidad entre Crecimiento de la Economía y Recursos Fiscales. En nuestro caso, la incorporación de esta variante de aumento de pagos en función del PBI no solamente amplifica las erogaciones futuras por Servicios de la Deuda sino que, cabe observar, juega solamente cuando el país supere el 3 % de Crecimiento Económico, pero no disminuye en caso contrario.

5. Claúsulas de acción colectiva (cac)

La nueva oferta de Dubai a los acreedores incorpora las llamadas cláusulas CAC, que ya han comenzado a regir en los nuevos bonos de Deuda Soberana de algunos países, como México y Brasil. Las CAC tienen la finalidad de reglar el procedimiento a seguir a favor de los acreedores en caso que los países deudores emisores de títulos entren en default, es decir, están diseñadas para organizar y optimizar el tratamiento de los casos de cesación de pagos de los Estados.

El sentido de estas disposiciones es prever el futuro nuevo incumplimiento – default – de las deudas públicas que hoy se están reestructurando, frente a la probabilidad cierta o muy alta que en no mucho tiempo vuelvan a presentarse Crisis de Deuda que lleven a otras cesaciones de pago; para así volver a comenzar un nuevo ciclo de reestructuración y endeudamiento.

Este tipo de cláusulas fueron auspiciadas por el FMI desde comienzos del año 2000 a través de las propuestas de Anne Krueger y, en el caso argentino, fueron especialmente exigidas por el Subsecretario del Tesoro Norteamericano, John Taylor.

Hasta aquí los principales rasgos de la propuesta de Dubai mejorada por el Gobierno Kirchner para los Acreedores. Queda en el tintero, lógicamente, toda una larga serie de explicaciones, observaciones y comentarios sobre los cuales no podemos extendernos ni mencionarlos aquí, pero estimamos que con la importancia de estas características básicas expuestas hemos dado un pantallazo representativo del tipo de arreglo con los bonistas que hoy se está proponiendo a través del Ministerio de Economía.

El problema de la capacidad de pago

En este tema de la nueva oferta de Dubai, como en toda la cuestión de la Deuda Pública Argentina – que aunque se acepte en los términos que se propone igual dejaría al país con un stock de Deuda de más de 150.000 millones y un piso en el pago de intereses de unos 8.000 millones de dólares anuales – en todo este problema, como decíamos, está presente siempre el eterno interrogante de la capacidad de repago.

El Autor de esta nota no tiene nada en lo personal contra el ex titular del Ferrocarril Metropolitano – que se llama justamente Mario Montoto – pero, por simple asociación de ideas, con o sin oferta de Dubai, uno se pregunta: quién, cómo y cuándo va a pagar la actual Deuda de más de 200.000 millones de dólares que tiene nuestro país, aunque ahora quede “reducida” a 150.000; y cómo se piensa pagar los intereses que actualmente equivalen a la mitad del Presupuesto del Estado.

En realidad – y hablando ahora muy en serio – estos servicios de la Deuda, siempre incumplibles en su totalidad, los seguirá pagando eternamente el Pueblo Argentino, a través de las Finanzas Públicas; con la particularidad que con el aumento de los compromisos contraídos se fuerza un mayor Ajuste Fiscal que presionará inexorablemente en forma negativa sobre el Crecimiento Económico. Y si la oferta se mejora para los acreedores – como en este caso - precisamente por ello las condiciones de pago se hacen más difíciles; y la encerrona del endeudamiento se afianza aún más en contra de la Argentina.

Así, vemos que las Tasas de Interés propuestas - que son ciertas y determinan los servicios mínimos a pagar por la Deuda - son incrementales en el tiempo, mientras que las Tasas de Crecimiento Económico – que son proyecciones o coeficientes hipotéticos – prevén un ritmo decreciente; lo que da un sesgo riesgoso a los términos específicamente financieros de la nueva propuesta. El Sistema de la Deuda se rige por la Lógica de la Usura – según la cual el Deudor nunca puede dejar de ser Deudor – y por eso las reestructuraciones siempre están armadas para eso, para que el país no deje de ser Deudor y siga, consecuentemente, requiriendo nuevos préstamos pese a su incapacidad de repago.

El gobierno Kirchner – siguiendo con ello los mismos lineamientos de fondo que las administraciones que lo precedieron - espera lograr un alto Crecimiento Económico a largo plazo como para superar progresivamente el problema de la Deuda y bajar su proporción en relación al PBI, pero con ello no se sale del Sistema de la Deuda, que deriva en la continuidad de la Política de Estado del Endeudamiento.

El objetivo manifiesto de las autoridades – según consta expresamente en el Presupuesto 2004 – es restablecer el Crédito Público para volver al Mercado de Capitales como finalidad central de la Política Financiera Argentina. Éste es exactamente el mismo objetivo que exponen los representantes de los Acreedores – desde el FMI a la Tesorería de los Estados Unidos – cuando exhortan al gobierno Kirchner a llegar a un pronto arreglo con los bonistas para estar en condiciones de poder tomar nuevas deudas.

El presidente Kirchner, en efecto - pese al estado de default por insolvencia fiscal de nuestro país – avanza paralelamente en la contracción de nuevos paquetes de préstamos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por montos totales de 5.000 millones de dólares cada uno.

Simultáneamente, están también en curso diversos programas de financiamiento de Obras Públicas por parte de las AFJP (a pesar de las grandes sumas de dinero que los Bancos controladores de estas AFJP dicen haber perdido con el default de bonos del Estado).

Y ya se especula incluso sobre cuándo, cuánto y cómo podrá colocar nuevos títulos nuestro país, así como el nivel en que se cotizarán los bonos futuros. Estamos así frente al comienzo de un nuevo ciclo de endeudamiento público, que se realiza bajo los mismos lineamientos básicos de los anteriores – todos los cuales terminaron en fracasos y Crisis de Deuda, aunque dejando antes fuertes ganancias financieras a los acreedores y a los Bancos integrantes del “Club de la Deuda” (que son los mismos que vuelven a estar hoy presentes en la escena, junto a los Organismos Multilaterales de Crédito, co-responsables de este Sistema de Endeudamiento).

El actual Gobierno Kirchner aduce que esta Deuda – por lo menos, la de los bonistas que acepten el arreglo – se podrá pagar en virtud de proyecciones de Crecimiento Económico y Superávit Fiscal, pero las realidades no garantizan este pronóstico optimista. También al momento del Plan Brady (92/93) se le vendió a la Opinión Pública la imagen extraordinariamente promisoria de la futura capacidad de pago – y hasta se llegó a decir que “nos íbamos a olvidar de la Deuda” (Cavallo) – pero los hechos golpearon frontalmente estas proyecciones con la realidad.

Hoy el gobierno plantea la fórmula genérica, teóricamente lógica, de Pago en función del Crecimiento, pero las características del diseño que elabora junto con los Bancos Organizadores del nuevo Megacanje de Bonos presentan interrogantes y faltas de información muy graves.

El Gobierno exhibe la propuesta mejorada de Dubai como la “última oferta” pero tanto los acreedores como las estructuras de poder internacionales que interactúan con ellos ya le están diciendo al presidente Kirchner que la renegociación no está cerrada y que deben esperarse así nuevas concesiones argentinas todavía.

Tal el caso – ya aceptado en la propuesta – de generalizar el uso de los Bonos ligados al Crecimiento (que conlleva la idea de mejorar los ingresos de los bonistas en 6.400 millones de dólares más), de aceptar un criterio de apreciación del peso que aumente la capacidad real de pago del país a mediano plazo y la alternativa, siempre latente, que las autoridades terminen accediendo a realizar un pago cash o en efectivo “de buena voluntad” – con sus reservas o con préstamos externos al efecto, como en el Plan Brady – para subir el valor de la Deuda. O la posibilidad de bajar los Plazos de Gracia.

Una de las claves en la esperanza de alivio inmediato por parte del gobierno puede residir, precisamente, en los plazos de gracia de los nuevos bonos – que van entre 25 y 32 años – pero hay que observar que durante estos términos la Argentina tendrá que pagar tasas de interés crecientes y potenciadas; y que una parte de los intereses devengados y no pagados durante esos tiempos se capitalizarán por anatocismo amplificando los stocks de deuda de manera cuasi imprevisible en el futuro.

Pudiera especularse que el presidente Kirchner haya buscado con esta propuesta cubrir básicamente el tiempo que corresponde al período de su gobierno – y eventualmente el de un siguiente período re-electivo – pero los efectos de las decisiones comprometidas en su nueva oferta es muy difícil que le den el respiro que necesita porque la Lógica inexorable de la Usura, como hemos dicho, es que el Deudor nunca pueda dejar de ser Deudor y que, por lo tanto, tenga dependencia permanente de tomar nuevas deudas para sostener el financiamiento del Estado.

El gobierno dice – una vez más – que ésta es su última oferta, pero nunca se puede saber cuál es la última palabra de un presidente que dice una cosa y casi siempre termina haciendo otra, que muchas veces es la contraria. Y el caso de las sucesivas mutaciones de la oferta de Dubai es un ejemplo típico, así como una constante ínter temporal en la Historia Financiera y Política de la Argentina Contemporánea.

Esto es, en el fondo, el resultado de haber declinado ciertos argumentos y alternativas esenciales que nunca debieron resignarse para confrontar y no seguir conviviendo eternamente con el Sistema de la Deuda: es fruto de no haber planteado la Ilegitimidad de gran parte de la Deuda Pública que se está renegociando, pese a las gravísimas irregularidades comprobadas en su contracción; es producto de no haber determinado o demostrado la efectiva y concreta capacidad de pago del Estado Argentino para poder cumplir los nuevos Servicios de la Deuda Legítima con recursos genuinos y regulares, sin recurrir a más préstamos y sin potenciar la Deuda futura; es consecuencia de no haber denunciado fácticamente la co-responsabilidad de los Acreedores, de los Bancos Asesores y Colocadores, de los Organismos Multilaterales de Crédito – empezando por el FMI – y de las Calificadoras de Riesgo en el origen y evolución de esta Deuda Pública impagable.

En lugar de ello, el Gobierno Kirchner, dejando de lado el apoyo concreto y organizado de profesionales y colaboradores argentinos calificados, optó por ir a las negociaciones del conflicto financieramente insoluble de la Deuda de la mano de las mismas instituciones que lucraron con el negocio fraudulento del macro-endeudamiento público de la Argentina a costa del Estado Nacional y los padecimientos del Pueblo Argentino.

Con este procedimiento de fondo, en negociaciones secretas con los Acreedores y sus estructuras internacionales de apoyo, con la supuesta “asistencia” de consultores extranjeros ligados al “Partido de la Deuda”, con Organismos Privados e Internacionales cómplices del negocio y de la estafa de la Deuda, con la subordinación a los dictados de la Política de Endeudamiento venida de los Países del G 7 y, muy especialmente, de los Estados Unidos como primera potencia del Mundo, el gobierno Kirchner presentó la oferta “mejorada” de Dubai en los términos más parecidos posibles a los requerimientos del Sistema Financiero Internacional.

Y esta actitud, desafortunadamente, es una “tradición” que con repite en todos los gobiernos argentinos durante por lo menos los últimos 30 años, es el mismo estilo de claudicación sin lucha que ha venido predominando en nuestra Patria en las últimas décadas, es el mismo error de fondo que nos llevó a la derrota de Malvinas: ir a los conflictos de fondo – aquéllos en los que se juega el Interés Nacional Argentino - tomados de la mano de nuestros Enemigos.