El poder del virtual viceministro de Economía, Axel Kicillof, no cesa: en las últimas horas se anunció que también coordinará el deficitario sistema eléctrico y él mismo prometió a las compañías del sector un plan de reformulación para reducir pérdidas millonarias, como consecuencia de que las tarifas permanecen congeladas.

El Gobierno tuvo un tibio intento de recomponer tarifas y reducir subsidios, pero enseguida la presidenta Cristina Fernández se echó atrás en cuanto percibió la reacción negativa de los usuarios que podría debilitar su base electoral.

Es que el gobierno acostumbró a los usuarios a que el Estado les pague gran parte de los consumos, en lo que la Presidenta calificó como "sueldos extra", y esa situación ahora es muy difícil de revertir. Representantes de toda la cadena energética -generadoras, transportadoras y distribuidoras-, participaron del encuentro en el Palacio de Hacienda, después de haber sido convocados por el funcionario estrella del gabinete cristinista.

En medio de crecientes versiones sobre estatización, Kicillof habló sobre medidas "a mediano y largo plazo" que prepararía la administración nacional para hacer frente al déficit que padece el sector desde hace mucho un tiempo. "Fue una reunión meramente informativa", dijeron a Noticias Argentinas fuentes del Ministerio de Economía, al término de un encuentro que contó con la presencia de ejecutivos de Edesur y Edenor, dos de las empresas distribuidoras de electricidad que mayores dificultades financieras padecen.

Según revela agencia Noticias Argentinas, los rumores de estatización surgidos en los últimos días fueron incluso alentados por el secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, que le reclamó a la Casa Rosada una "solución rápida" para combatir la falta de inversiones en el sector. "Tiene que haber dinero para inversión, de algún lado tiene que salir: del Estado como subsidio o como tarifa. O si no que el Estado tome las empresas, que se haga cargo", reclamó Lescano, un dirigente gremial cercano al Gobierno.

Por falta de fondos, Edesur dejó de pagarle la energía a la administradora oficial del mercado, Cammesa, liderada desde hace unos pocos meses por Juan Manuel Abud como gerente general, un hombre de confianza de Kicillof. Es más, al frente de la Gerencia de Financias de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) también se desempeña una integrante de la agrupación kirchnerista La Cámpora y vicepresidenta de AEDA, Paula Español.

En las últimas horas, ejecutivos de Edenor sugirieron la posibilidad de seguir los pasos de su colega Edesur, después de haber cerrado el segundo trimestre del año con un rojo de 259 millones de pesos. Tanto Edenor como Edesur asistieron a la reunión "informativa" de este viernes esperando "noticias en el corto plazo", después de haber subrayado una y otra vez la necesidad de incrementar sus tarifas para combatir el déficit que padecen.

El precio de la energía eléctrica que se distribuye en hogares de la Capital Federal y el Conurbano bonaerense se mantiene congelado prácticamente desde la salida de la convertibilidad y pese a los subsidios que reciben las empresas de parte del Estado nacional, el aumento de sus costos operativos las ha ubicado al borde del abismo. Edesur y Edenor aguardan que la Casa Rosada tome la "decisión política" de autorizar una suba en las tarifas, una medida que dispuso por su cuenta otra distribuidora, Edelap, después de salir de la órbita nacional para pasar a la provincial, aunque fue "reprendida" por el Gobierno.

El Ministerio de Planificación Federal advirtió que las firmas del sector que resuelvan aumentos sufrirán un recorte en la masa de subsidios que perciben "en igual medida". Las distribuidoras de energía vienen sufriendo pérdidas millonarias: en el caso de Edenor fue de $ 259 millones en el segundo trimestre de este año, con lo cual triplicó su rojo respecto de los $ 88,9 millones de 2011. Desde la compañía recordaron que los costos laborales representan entre 75% y 80% de lo que gasta Edenor.

Edesur, que fue intervenida por el Gobierno, había registrado pérdidas por $ 164,6 millones en el segundo trimestre de 2011 y en el de este año el rojo alcanzó los $ 279 millones. Edelap y otras 17 compañías provinciales y cooperativas están en la misma situación de default. Las compañías del sector que cotizan en Bolsa suman pérdidas por $ 1.220 millones: Endesa Costanera (198 millones), TGN (140,8 millones), Edelap (106,7 millones), Metrogas (55 millones), Camuzzi Gas Pampeana (47,4 millones), Transener (33 millones), Gas Ban (4,7 millones) y Central Puerto (14,1 millones).

Debe recordarse que Tribuna de Periodistas anticipó en abril de este año la movida que preparaba el Gobierno respecto a la intervención de empresas. “Los rumores de que serán expropiadas otras firmas de servicios públicos a lo largo del año 2012, se hacen carne en los pasillos de Casa de Gobierno a través de los insistentes comentarios de fuentes de segunda y tercera línea”, se publicó entonces.

En buen romance, las energéticas no serán las únicas empresas intervenidas por el oficialismo. ¿Será la profundización del modelo?

Redacción de Tribuna y Agencia NA