En las últimas horas, dos prestigiosas entidades, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC), impugnaron la candidatura de Luis Rodríguez al cargo de Juez Federal en lo Criminal y Correccional.

Se trata de uno de los cuatro concursantes que fue fuertemente impulsado para ocupar un cargo en la Justicia por parte de Cristina Kirchner.

Los argumentos de la impugnación

Los argumentos esgrimidos por las organizaciones apuntan tanto a la dinámica del concurso a través del cual Rodríguez resultó propuesto —cuyas anomalías ponen en peligro los requisitos de transparencia y legitimidad del proceso en sí—, como a características propias del candidato. (Ver impugnación)

Según el texto de la impugnación “…se generaron una serie de irregularidades en torno a la actuación particular de Luis Osvaldo Rodríguez en este concurso, que permiten afirmar que no existen garantías de que Rodríguez cuente con el requisito de idoneidad técnica. Por otra parte, tampoco cumple con el requisito de idoneidad moral exigible en quien pretende acceder a un cargo de juez.”

Sobre Rodríguez recaen sospechas de haber accedido al temario del examen escrito antes de la fecha del mismo. Por otro lado, se lo acusa de haber utilizado su influencia como juez para obtener material que luego lo ayudaría en el proceso de evaluación.

“Rodríguez, a quien se postula para ocupar un cargo en el que deberá fallar en causas de corrupción aprovechó de su posición jerárquica para conseguir que sus empleados realicen tareas que lo beneficiarán únicamente a él. Esta falta de distinción entre los recursos públicos y privados, entre los derechos y deberes de un juez son una clara señal de que Rodríguez no debería ser nombrado juez federal”, sintetiza el documento.

Irregularidades en el examen escrito

Más allá de los escasos antecedentes en el área de investigaciones, publicaciones y academia que exhibe el candidato, uno de los puntos resaltados por ACIJ y la UCC es el controvertido desempeño de Rodríguez en el examen escrito del concurso. La alta calificación obtenida en el mismo le permitió pasar de un lejano puesto nº 25 al 5° lugar del orden de mérito provisorio, a raíz de lo cual fue incluido en la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo.

Como se expone detalladamente en las observaciones presentadas por las organizaciones, existen fuertes indicios de que Rodríguez accedió al temario del examen con anticipación. Una investigación periodística sostuvo en su momento que 12 días antes de presentarse a rendir el examen escrito, el juez habría solicitado a una de sus secretarias que procurara el expediente de un caso con hechos muy similares al que debió resolver en el examen. 

A partir de estas denuncias se inició una causa cargo de la jueza Servini de Cubría, cuyas pericias mostraron que efectivamente el juzgado de Rodríguez habría requerido y recibido el fallo en cuestión. Sin embargo, y pese a los pedidos de ACIJ, la jueza no hizo públicos los resultados de las pesquisas relativos a los intercambios telefónicos y de correos electrónicos que Rodríguez podría haber tenido con el jurado del concurso. Rodríguez fue sobreseído de la causa en julio de 2010.

El proceso de designación

Luego de una reunión en la cual se produjo la llamativa renuncia del concursante Ferrari (quien también había sido investigado por irregularidades) el Consejo de la Magistratura conformó una terna de seis candidatos: Marcelo Martínez de Giorgi, Juan Pablo Salas, Marcelo Goldberg, Luis Osvaldo Rodríguez, Sebastián Ramos y Sebastián Casanello. Esta terna fue enviada al Poder Ejecutivo, que seleccionó y propuso al Senado la designación de Marcelo Marinez de Giorgi, Luís Osvaldo Rodríguez, Sebastián Ramos y Sebastián Casanello.

El miércoles 19 a partir de las 10 am se llevará a cabo una Audiencia Pública en el Senado, en la cual los profesionales propuestos deberán contestar preguntas ante la Comisión de Acuerdos de dicha cámara. 

ACIJ y UUC presentaron una serie de preguntas para que conteste el Dr. Rodríguez, y  reclaman que los senadores no presten su acuerdo para su designación, en tanto consideran que no están dadas las condiciones ni garantías de idoneidad moral e idoneidad técnica que debe reunir un juez.