La cuestión explotó luego de que fracasara la audiencia de conciliación a la que asistieron la Nación y Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia, por el reclamo de fondos previsionales adeudados por 1.040 millones de pesos. Ello hizo explotar la disputa: ¿Quién tiene razón, el kirchnerismo o José Manuel De La Sota?

Para analizar el tema, hay que quitarle toda connotación política y verlo simplemente desde el lado de los recursos en disputa. Para despejar suspicacias, solo hay que leer las lapidarias notas que TDP ha escrito sobre uno y otro actor.

Luego, debe decirse que tanto De La Sota como los funcionarios del kirchnerismo han exagerado y hasta falseado algunos datos para llevar agua a su molino.

Por empezar, si bien el gobernador cordobés tiene razón en su reclamo ante la Corte Suprema —la cual seguramente le dará la razón en algunos años— ha apelado a un argumento polémico para defender su postura, al asegurar que el Gobierno le pidió que "baje" las jubilaciones y abandone el 82 por ciento móvil que rige en el distrito mediterráneo.

Quien impulsó esa medida fue el propio De la Sota, al enviar en su momento a la legislatura de Córdoba un proyecto de ley para suspender la movilidad jubilatoria.

A su vez, el oficialismo salió a golpear al mandatario a través del oficialista diario Tiempo Argentino: “Córdoba recibió $ 133 mil millones del Estado Nacional en nueve años”, asegura el polémico matutino.

La refutación a semejante disparate la publicó el sitio Chequeado.com: “El número citado contabiliza todos los recursos nacionales transferidos y no sólo aquellos que se están discutiendo hoy. El cálculo incluye las transferencias por coparticipación y leyes especiales (que le corresponden por ley), los gastos y transferencias presupuestarias nacionales, y la asistencia financiera (estas dos últimas, transferencias discrecionales)”.

Como se ve, ambos actores maquillan la realidad para llevar agua a su propio molino. Así y todo, De La Sota ha sido quien mejor manejó la situación, con una postura de respeto del cual el kirchnerismo ha mostrado carecer. En conferencia de prensa, el ministro de Economía Hernán Lorenzino, habló sobre el gobernador como un “caudillo de provincia”.

El mismo funcionario se encargó de destacar que "solamente el 16 por ciento de los jubilados cordobeses pertenecen al régimen provincial, el resto cobra por el Anses y recibe todos los beneficios que la ley de movilidad jubilatoria le otorga". ¿Ello no le da derecho a De La Sota a reclamar lo que le corresponde?

Es grave el comportamiento del Gobierno, injuriando a quien reclama con legitimidad. A su vez, intimida a otros mandatarios que también son acreedores de la Nación.

Lo concreto es que Córdoba está solicitando el reintegro de una deuda que es real y que nació a raíz del pacto fiscal firmado entre Córdoba y el gobierno de Carlos Menem en 1991. A partir de entonces, la Nación se queda con el 15 por ciento de la coparticipación para financiar el régimen previsional.

El problema es que el acuerdo venció en 2005 y no fue renovado, pero igual las retenciones continúan y en el caso de Córdoba representan unos dos mil millones de pesos al año, según informó oportunamente agencia Noticias Argentinas.

Una cosa más: la deuda de 1.040 millones es parte de un pasivo de 2.300 millones de pesos que fue reconocida durante 2011 por el gobierno de Cristina Kirchner.

Carlos Forte
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