Cuando el Parlamento aprobó, el 16 de diciembre último, la nueva ley por la cual se acortaron los términos de prescripción en causas de corrupción, fue un escándalo. En medio de la batahola, un diputado opositor se paró y gritó a los diputados oficialistas que la ley que estaban tratando era, en realidad, para salvar a altos funcionarios del Gobierno. Todos los legisladores sabían que la nueva norma beneficiaría a la máxima autoridad del país. Una enorme cantidad de jueces protestó en forma airada. El episodio alcanzó repercusión internacional. Decenas de despachos de agencias de noticias dieron cuenta de la maniobra, de la cual se enteró, literalmente, todo el mundo.

    ¿Suena extraño? Es que eso sucedió, sí, el 16 de diciembre de 2004, pero en Italia. Silvio Berlusconi, el gran beneficiario del acortamiento de las prescripciones, ni se mosqueó por los gritos de opositores y magistrados, porque está curtido: desde hace varios años, el hombre más rico de Italia, hoy premier, manda a confeccionar leyes a medida cada vez que los juicios en su contra -acumulados como zar de la televisión- se le vienen encima.

Nadie se dio cuenta

   Lo increíble es que los diarios argentinos publicaron el escándalo que se produjo ese jueves en el Parlamento italiano con el acortamiento de las prescripciones ¡y no dijeron una palabra sobre una ley similar que el mismo día, quizás a la misma hora, había sancionado el Parlamento argentino!

    Acá no hubo batahola ni protestas de la oposición ni quejas de los jueces: nadie se dio cuenta de lo que se estaba votando. O, por lo menos, de sus consecuencias. Como ahora se sabe, el 16 de diciembre el Congreso argentino sancionó una ley que modificó el artículo 67 del Código Penal, referido a causas de interrupción de la prescripción de la acción penal, es decir, a la renuncia del Estado al castigo de un delito, asunto al que no se le prestó atención hasta el domingo 6, cuando La Nación dio “la noticia” en su portada, advirtiendo lo que se viene. “Desactivan causas vinculadas a graves casos de corrupción”, dijo el diario en la primera plana, con la firma de Gabriel Sued. Habían pasado más de dos años desde la presentación del primer proyecto, seis meses desde que lo aprobó Diputados, casi dos meses desde que lo sancionó el Senado y 24 días desde que el Poder Ejecutivo promulgó la ley -con el número 25.990- y la publicó en el Boletín Oficial. Por mera casualidad, probablemente, la promulgación ocurrió en enero, cuando la feria judicial convierte a los tribunales en un páramo y todos los abogados del país, o casi todos, huyen a broncearse en alguna playa, lo cual hace que el Boletín Oficial pierda una considerable cantidad de lectores.

    Todo se hizo a la luz del día, y no fue en quince minutos, pero sólo ahora el país descubre que se reformó el Código Penal en un aspecto tan de fondo como el de las prescripciones, y de ese modo se creó un virtual punto final en decenas de causas judiciales. Aunque nadie sabe cuáles ni cuántas, ya que ese detalle -el relevamiento de los procesos que se caen- recién ahora será atendido. Apenas una curiosidad es el hecho de que se tramitó este punto final, de dimensiones inciertas, en el marco de un silencio monacal, mientras la prensa y los políticos se la pasaban especulando sobre la eventual derogación, por parte de la nueva Corte Suprema, del Punto Final señero y famoso, aquel que dictó el presidente Raúl Alfonsín, sobre causas militares, dos décadas atrás, para fatiga de los que enarbolan la bandera de la memoria.

    Junto al Nahuelito, el lugar de nacimiento de Gardel, la eternidad televisiva de Mirtha Legrand, la desaparición de las manos de Perón y la extinción de los votantes de Menem, la ley 25.990 merece un estante en la galería de los grandes misterios argentinos.

Ni una palabra

   ¿Cómo fue posible hacer una ley tan importante, decisiva en cuanto al destino de causas judiciales que aparecen día por medio en los diarios, sin que nadie hubiera dicho ni una palabra sobre ella -a favor o en contra- en dos años (incluidos entre los ignorantes, desde luego, la mayor parte de los senadores y diputados, que la aprobaron como si se tratase del asfalto de un tramo de una ruta nacional)? ¿Por qué el país dedicó tanta energía, en 2004, a discutir el Código porteño de Convivencia Urbana sobre la base de los derechos de los travestis y no distrajo ni una mirada a una ley nacional que comprometería, entre otras cosas, el combate a la corrupción de los noventa? ¿Cómo se explica que las dos cámaras del Congreso, que no están repletas de amas de casa sino de profesionales del derecho, hayan reformado el Código Penal, nada menos que en materia de prescripciones, sin preguntar antes por el efecto que tendría meter la mano en cuestión tan delicada? ¿Por qué el Poder Ejecutivo dice recién ahora que va a ver lo que esta ley ocasiona en términos concretos, después de que la promulgó, es decir, cuando perdió la ocasión de vetarla? ¿En qué estaba distraído el Ministerio de Justicia, conocedor de la reforma que se estudiaba en el Congreso desde el 2002, que nunca hizo un estudio serio sobre los plazos de prescripción de los procesos que tramita la Justicia Federal ? Es un gran misterio.

    Muchos argentinos de bien, acostumbrados a detectar la mano negra detrás de cada torcedura del destino de grandeza nacional, creen que también esta ley, vista como una amnistía encubierta, salió de un sótano donde confabularon “los políticos” para zafar ellos mismos de las persecuciones judiciales que los tienen por sujetos, a ellos y a sus amigos.

    Es decir, muchos argentinos de bien que buscan alivio a la tremenda ansiedad que produce no entender por qué en este país pasan las cosas que pasan, creen que acá hemos seguido el modelo Berlusconi: que se hizo una ley por encargo pero que se la votó bajo cuerda. ¿Cuál sería el objetivo? Salvar a Menem, a María Julia, a Alderete, a los coimeros del Senado y, entre muchos más, decentes e indecentes, al propio Kirchner -quien bien o mal también sufre persecuciones penales- como resultado de un toma y daca de suma cero.

Falsedad

   Aunque semejante explicación no fuera pródiga en virtudes republicanas, al menos tendría el mérito de saciar a quienes no soportan convivir con lo inexplicable. Pero lamentablemente es falsa.

    En primer lugar, es falsa porque en causas en las que Kirchner, a semejanza de Berlusconi, podría beneficiarse con un acortamiento de la prescripción -como la de las regalías petroleras de Santa Cruz- la nueva ley no se aplica, ya que se trata de un funcionario en ejercicio.

    Segundo, porque no fue esta una iniciativa del Poder Ejecutivo sino de la pluma de tres diputados de distinta extracción, uno de ellos socialista.

    Tercero, porque la ley, lejos de ser hija putativa de una confabulación, consiguió un consenso natural -displicente pero consenso al fin-, producto de la necesidad de definir de manera clara los términos de las prescripciones, hasta ahora gelatinosos, como es público y notorio, hasta el absurdo, según lo recuerda, entre miles, la célebre causa de los guardapolvos contra Eduardo Bauzá, iniciada a comienzos del menemismo, hoy todavía en trámite. Algún día, quién sabe, nos reiremos de lo que en este país duraba un juicio penal, con la misma incredulidad con la que los adolescentes de hoy escuchan que con ENTel -la vieja compañía nacional de teléfonos- un teléfono podía tardar media vida. Hasta el 10 de enero, el Código Penal hacía las delicias de la discrecionalidad de los jueces mediante el concepto abstracto de “la secuela de juicio” como causal para interrumpir la prescripción.

    Cuarto: cuesta creer que todos los diputados y todos los senadores se pongan de acuerdo para zurcirle una ley al Poder Ejecutivo o a quien sea, desde la izquierda hasta la derecha, desde el duhaldismo y el kirchnerismo hasta el menemismo, pasando por los partidos provinciales; por más que la hayan votado sin prestarle atención, como ocurrió.

   “El trámite legislativo fue normal, no se trató de una de esas leyes que no aparecen en el plan de Labor Parlamentaria y se las mete de apuro para su aprobación en el recinto, pero lo que no se vio fue la consecuencia política que tendría esta ley cuando el lobby judicial saliera a defenderse”, dijo un senador radical que pidió no ser citado, cuando completó su opinión con un reproche políticamente incorrecto: “Creo que el periodismo no entendió de qué se trataba y por eso nunca se informó sobre el tema”.

La cobertura

   Es llamativa, en efecto, la cobertura de la sesión de Diputados del día en que esta ley fue aprobada, es decir, el 18 de agosto. Al día siguiente, Clarín , por ejemplo, le dedicó el título principal a la sesión. “Habrá penas de hasta 50 años por delitos comunes”, decía, con una volanta por demás elocuente: “Lo pidió Blumberg y la Cámara de Diputados ayer lo transformó en ley”. Esa reforma al Código Penal, la de Blumberg, se llevó todos los flashes. Esta, la de las prescripciones, ¡ni siquiera apareció mencionada en la crónica! Si hubiera sido un complot no salía tan perfecto.

    Según la diputada radical Margarita Stolbizer, que había sido presidenta de la Comisión de Legislación Penal cuando el primer proyecto fue presentado, en 2002, la Cámara Baja aprobó la modificación del artículo 67 sobre interrupción de la prescripción de acción penal sobre tablas, debido a que había existido una disidencia sobre una de las causas enumeradas y no por otros motivos. También Stolbizer sostiene que el trámite de la ley en Diputados fue normal y que no hubo nada raro.

    Cuatro meses después, la ley llegó al Senado, quiso la suerte que en la misma semana en la que un grupo de activistas desaforados del gremio de empleados legislativos tomó el recinto, lo cual impidió que se sesionara. Por eso, este proyecto de ley engordó la maratónica sesión del 16 de diciembre, técnicamente un combo de dos sesiones en las que el más musculoso de los senadores también debió agotarse: allí se aprobaron los ascensos de una importante cantidad de oficiales de las Fuerzas Armadas, se dieron acuerdos para embajadores, se aprobó el pliego de Ricardo Lorenzetti como miembro de la Corte Suprema , se modificó el Código Aduanero, se prorrogaron por un año importantes normas impositivas (ganancias, cigarrillos, impuesto al cheque, IVA, etc.) y, entre medio centenar de leyes, se creó el Régimen Nacional de Donación de Alimentos, único tema de los abordados por el Senado que ameritó un título de tapa, al día siguiente, en La Nación , donde nada se informó sobre la cuestión de las prescripciones. Tampoco se le hizo espacio en otros diarios. Abono para los que creen que alguien arma la realidad política desde las tinieblas, con la máquina de los pactos espurios: Clarín dijo en tapa, ese mismo día, que “Menem ya puede volver”. Pero se basó en una decisión del juez Oyarbide, para nada conectada con el tema de las prescripciones, ignoradas también por este diario. Más abono para los estudiosos de las casualidades: el mismo día en que el Congreso sancionó la ley -como queda dicho el mismo día que en Italia se acortaron los tiempos de prescripción-, el gobierno de Kirchner designó al frente de la Oficina Anticorrupción a Abel Fleitas, que fue el primer funcionario elegido esta semana para hablar oficialmente sobre el asunto. Fleitas, sin sonrojarse, explicó que ahora se va a encarar un estudio para saber en qué estado están las causas involucradas.

   “Creo que el tema fue soslayado sin querer”, dijo a Debate el ex camarista y ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. “Yo me enteré ahora, a comienzos de febrero, cuando volví de vacaciones, pero por lo visto también se le pasó a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia , que podía haber recomendado un veto. Es cierto que faltó debate; debió preverse la aplicación concreta de la reforma, que va a ser fuerte en provincias como Santa Fe, donde tienen proceso escrito, pero para conocer el impacto habrá que ver caso por caso.” Gil Lavedra rió cuando se le preguntó si podía precisar qué causas conocidas, relacionadas con la corrupción, ahora se caerían. “Ni siquiera sé qué causas de las que lleva mi estudio se verán afectadas; acabo de ordenar una revisión de todas ellas.” Algo similar sucedió esta semana en otros grandes estudios de abogados, lo que demuestra la equidad reinante en materia de sorpresas.

   Hay que decirlo de una vez: en su esencia, al margen de la oportunidad y del descuido por el presente, la reforma que se aprobó es positiva. Así lo cree una gran cantidad de juristas, podridos como cualquier José de que tantos jueces administren la justicia ajena -o la pereza propia, cuando no la especulación política- mediante el resorte de la prescripción. Y también la mayoría de los diputados y senadores que aprobaron esta ley, se ve que algo distraídos respecto de las causas en curso, pero acaso atentos a la necesidad de terminar con la justicia-chicle.

    Sin embargo, están los que desconfían de la gestación, como el especialista Daniel Sabsay. “Una reforma al Código Penal no se hace sin estudios previos; los legisladores no podían no saber que rige el principio de la ley más benigna.” Es decir, que la nueva ley será retroactiva y que no podrá ser superada mediante el dictado de una norma más exigente.

    Uno de los papás del proyecto de ley sabe de dilaciones leguleyas, porque antes de ser diputado fue juez, en Córdoba, donde el caso que le dio fama, el asesinato del ex senador provincial Regino Maders, nunca llegó a esclarecerse. Es Guillermo Jonson, quien forma en el bloque justicialista. “En mi opinión, se ha denostado en demasía esta reforma -dice-. No se han modificado los plazos sino los parámetros por los cuales se puede interrumpir la prescripción de una causa. Se trató de suprimir el manejo discrecional de los tiempos.”

Virtudes y consecuencias

   Muchos son los legisladores que sólo hablan de las virtudes de la norma cuando se les quiere preguntar por qué no imaginaron las consecuencias inmediatas ni mandaron a evaluarlas con rigor antes de legislar. “Se obliga ahora al juez a dejar de hacer durar mucho una causa para evitar el pronunciamiento definitivo”, dice la diputada Laura Musa, del ARI, quien integra la Comisión de Legislación Penal.

    Todo indica que, contra lo que dejó trascender el Gobierno, la nueva ley será de aplicación retroactiva y no será desperdiciada por defensores ágiles, como en definitiva son todos los defensores. Pero la cantidad, la calidad y el peso de los beneficiarios sólo serán conocidos luego de los relevamientos oficiales y privados puestos en marcha.

    Si el conjunto fuera voluminoso, como se sospecha, y estuviera vinculado con causas que aparecen con frecuencia en la prensa, como también se sospecha, el Gobierno deberá dar marcha atrás. Circulan dos hipótesis: una ampliación de las causas, para hacer más restrictiva la prescripción, y una anulación lisa y llana de la ley que el Poder Ejecutivo se olvidó, quizás, de vetar. Lo primero, a algunos juristas les parece inútil, porque eso sería mirar para adelante, cuando el problema se encuentra mirando para atrás. Y lo segundo, la anulación, sería lo más parecido a un papelón institucional.

    Hay antecedentes, sin embargo, en esta última materia. Baste recordar que a la Convención Constituyente de 1994 se le perdió un artículo de la nueva Constitución, y hubo que hacer malabares para restituirlo (para colmo estaba referido a normas electorales, por lo que las suspicacias fueron abundantes).

    A fines del año pasado, también, el Senado pasó un disgusto cuando aprobó una ley, sin que la mayoría de los senadores se diera cuenta de que comprometía miles de millones de pesos, creyendo que se trataba de un subsidio de entrecasa, y tuvo que sancionar una nueva ley anulando la anterior, todo en un mismo día.

    El caso de la reforma del instituto -como dicen los letrados- de la prescripción contiene, quizás, algunos elementos novedosos. Pero hay uno tan añejo como el mate: la improvisación. Aun si lo que se quiso hacer fue no levantar la perdiz para que los jueces federales no hicieran lobby en contra, como dicen algunos legisladores, no se entiende por qué nadie advirtió que cualquier orden de terminar con dilaciones engancha en plena faena a los que se encuentran dilatando al momento de dictarse la norma.

    Todo habría sido más sencillo si el Congreso hubiera recordado que no es una fábrica aséptica de leyes cuyas consecuencias le son ajenas

Pablo Mendelevich