Ante la pregunta: ¿Puede el gobierno llegar a tomar determinada medida?, invariablemente mi respuesta es: el gobierno puede llegar a tomar cualquier medida por más insólita que pueda parecer. Dicho en otras palabras, la única regla clara que hoy prevalece en Argentina es que el gobierno está dispuesto a tomar cualquier medida que se le pase por la cabeza, aún las más reñidas contra el estado de derecho.

El párrafo anterior no es una novedad, ni tampoco el hecho de que mucha gente se pregunte cómo pudimos llegar a este punto de avasallamiento de las instituciones y las libertades individuales.

Pregunta: ¿Por qué llegamos a este estado de cosas? Mi respuesta es que todos sabíamos que podíamos llegar a este estado de cosas desde el mismo momento en que se aceptó que el kirchnerismo violara las normas más elementales en nombre de la superación de la crisis.

Es cierto que el 2001/2002 fueron años traumáticos, pero eso no justificaba aceptar que en ese momento Néstor Kirchner comenzara a arrasar con el sistema institucional.

Voy a dar un par de ejemplos. Sin emitir opinión sobre varios de los miembros de la anterior Corte Suprema de Justicia, fue una verdadera barbaridad que se destituyera a algunos de sus miembros por las sentencias que oportunamente emitieron desde el alto tribunal.

Segundo ejemplo, cuando el Congreso anuló las leyes de obediencia debida y punto final sabía que estaba violando el orden jurídico porque las leyes se sancionan o se derogan, pero no se anulan como si nunca hubiesen existido.

¿Qué quiero demostrar con los ejemplos anteriores? Que en el mismo momento en que se aceptó traspasar ciertos límites para satisfacer la  construcción de poder del naciente kirchnerismo, se estaban sentado las bases para que hoy nos agarremos la cabeza y digamos: ¡cómo pudimos llegar a este punto! Y la verdad es que llegamos a este punto porque se justificó y toleró la ausencia del estado de derecho para “salvar” al país de la crisis y permitirle a un presidente, que había llegado con escasos votos al poder, tener cierto grado de “gobernabilidad”. La necesidad de “gobernabilidad” justificaba violar derechos elementales, pero ahora quedó a la vista que esa “gobernabilidad” se transformó en una amenaza para las libertades individuales.

Sería largo hacer un listado de empresarios, políticos, sindicalistas, periodistas y hasta gente común que miraron para el costado o fueron socios en esa violación de los derechos individuales y que hoy miran con espanto el monstruo político que construyeron. Esos mismos que hoy miran con terror el 7D fueron socios del poder. Por eso, muchos empresarios deberían pensar si es tan buen negocio construir su crecimiento en base a gobiernos sin límites o es más negocio defender la existencia de un gobierno limitado y competir por el favor del consumidor. ¿Cuánto vale una empresa cuyo patrimonio depende de los caprichos del “salvador”? No vale nada. Por el contrario, vale mucho más una empresa que creció ganándose el favor del consumidor porque sus bases son sólidas. No dependen del humor del gobernante de turno o del burócrata que aprieta, ordena y amenaza para que se cumplan sus disparatadas órdenes.

El párrafo anterior está dedicado, particularmente, a aquellos empresarios que creen que hacer negocios ganándose el favor del funcionario de turno es la mejor forma de crecer. Mucho se habla hoy en día de la responsabilidad social empresarial. Mi visión es que la principal responsabilidad empresarial es contribuir y defender la existencia de un gobierno limitado y las leyes del mercado. En primer lugar porque es moralmente superior a la compra de privilegios que se trafican en una economía intervenida y estatizada y, en segundo lugar, porque hoy tenemos a la vista cómo los acuerdos con el poder pueden transformarse en el peor negocio de la vida de una empresa y, en tercer lugar, porque si piensan en el largo plazo, el país se torna inviable y sus empresas tienden a tener un valor cercano a cero.

Llegamos a este punto porque la avaricia del empresario que veía crecer sus ventas gracias a la fiesta de consumo solo miraba la caja de corto plazo. Porque la gente se encandiló con esa misma fiesta de consumo. Porque los dirigentes sindicales, hoy traicionados por el mismo socio que tenían un tiempo atrás, fueron comprados con privilegios que no les correspondían en justicia. Porque muchos periodistas fueron contemplativos con un sistema que claramente avanzaba sobre los derechos individuales. Claro, ahora gritan porque ven que también van por ellos, pero en su momento, fueron demasiados tibios con los atropellos institucionales que se cometían. Y, por supuesto, ni que hablar de buena parte de la dirigencia política que aceptó y toleró que el kirchnerismo fuera destruyendo una institución detrás de otra.

Los párrafos anteriores pueden ser tomados como un pase de cuentas, pero en rigor es solo un intento por explicar por qué llegamos a este precipicio institucional que nos lleva al borde de la dictadura, donde ya no discutimos si nos gusta o no determinada política cambiaria, sino que estamos viendo que lo que corre riesgo son las mismas libertades individuales.

Pruebas al canto. La semana pasada el ministro De Vido dijo que la constitución había que reformarla porque la presidente “es  la única garante para que este proceso continúe”. ¿Qué dice en el fondo De Vido? Que el país depende de un salvador providencial, en este caso Cristina Fernández, y no de la calidad de sus instituciones. ¿Qué diferencia puede haber entre un Mussolini, un Franco o un Hitler que eran los únicos salvadores de la patria? Es el mismo principio de organización política por más que pretendan negarlo. Para ellos no son las normas, códigos, leyes, costumbres y reglas las que construyen un país, sino una persona “iluminada” y “superior” al resto de los argentinos que tiene que guiarnos en nuestra ignorancia con mano férrea y todo el poder. Y ya sabemos cómo terminan los países que se construyen sobre iluminados providenciales que concentran todo el poder.

Llegamos a este punto de locura institucional porque buena parte de la sociedad aceptó cambiar la calidad institucional por espejitos de colores: una protección, un subsidio, una fiesta de consumo artificial, un privilegio, etc.

En definitiva, llegamos a este punto desde el mismo momento en que se aceptó que se violara el orden institucional para que nos “salvaran” de la crisis.

Roberto Cachanosky