El caso Clarín, una pelea poco taquillera para el gran público pero que el Gobierno asumió como prioritaria, generó una inédita confrontación con la Justicia, con acusaciones cruzadas de invasión de un poder sobre el otro.

El Gobierno en la voz del ministro Julio Alak habló de un "alzamiento" judicial que podría acarrear "un conflicto de poderes" y la Justicia reclamó que cesen "las presiones directas o indirectas" sobre los magistrados.

El cruce sucedió en medio de la decisión de dos jueces de la Cámara Civil y Comercial —uno de ellos fuertemente cuestionado por el Gobierno como Francisco de las Carreras— de extender una medida cautelar que frena la desinversión de Clarín, cuyo inicio el oficialismo había fijado para el emblemático 7D.

Pero en el trasfondo subyace un recelo creciente entre Cristina Kirchner y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien se le atribuye haber ejercido una influencia determinante para generar el revés judicial en su batalla madre.

No fue la única mala noticia de la semana surgida desde la Corte para el Gobierno: también rechazó que la Anses utilice recusaciones masivas para frenar juicios de jubilados al desestimar un planteo para remover a un camarista del fuero de seguridad social que falló en reiterados casos en su contra.

Paradójicamente, la Justicia avanzó así en dos ámbitos casi sagrados para el oficialismo y para la Presidenta porque fueron trazados por el propio Néstor Kirchner.

Uno es la cruzada contra el grupo mediático más importante del país y el otro es la decisión política —tal como lo definen los voceros oficiales— de universalización de jubilaciones que amplió el número de beneficiarios pero va en desmedro de las actualizaciones que reclaman los pasivos y fijan los jueces.

En cuanto a Clarín, Kirchner lanzó una pelea frontal en su momento de mayor debilidad, tras haber perdido las elecciones de medio término de 2009 y luego de haber llegado a la conclusión de que el voto no positivo de Julio Cobos sobrevino a una derrota en lo que denominó "la batalla mediática".

Replanteos

El máximo tribunal debe decidir ahora si acepta el pedido del Gobierno para que entienda directamente en la cuestión Clarín o la rechaza y deja firme un fallo de Cámara que —además de extender la cautelar— da al grupo un año más para adecuarse a partir del momento en el que haya una sentencia definitiva.

Esa resolución de fondo tiene que ver con la constitucionalidad objetada de dos artículos de la ley y está en manos del juez Horacio Alfonso, quien prepara su pronunciamiento.

Mientras tanto el oficialismo, que se había preparado para celebrar el "7D" junto al primer año del segundo mandato de Cristina Kirchner, reformuló su convocatoria del 9 de diciembre.

Busca mostrar que la puja también genera predicamento en la calle y tiene incidencia en la vida cotidiana de los argentinos, pese a que, en superficie, las encuestas señalan que para buena parte de la sociedad hay otras prioridades.

Este quinto año de Gobierno "cristinista" fue ajetreado, difícil en términos económicos y marcado por un avance cada vez más visible del Estado sobre el ámbito privado.

Así lo dejan en claro las medidas rectoras aprobadas por el parlamento a pedido del Poder Ejecutivo: estatización del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e intervención en el Mercado de Capitales. Además, fue el año del antipático control de cambio o cepo al dólar para frenar una creciente fuga de divisas.

Esas medidas, sobre todo la de YPF frente al reclamo de Repsol, generaron una mayor corriente de antipatía en los países centrales y multiplicaron reclamos en estrados internacionales.

Hay litigios abiertos con Repsol en el tribunal de controversias del Banco Mundial, planteos cruzados por proteccionismo en la Organización Mundial del Comercio y las causas en Nueva York, Ghana y el Tribunal del Mar de Hamburgo originadas por bonistas que no entraron al canje de la deuda.

En contrapartida, Cristina Kirchner profundizó su acercamiento a China —con mutuos beneficios— y buscó la solidaridad sistemática de la región, como quedó claro durante su participación reciente en la Cumbre del Mercosur.

En el plano interno, al compás de la pelea por la Ley de Medios, se generaron dos protestas masivas como las del 13 de septiembre y el 8 de noviembre, que la oposición todavía busca capitalizar, pero que aceleraron la interna en el justicialismo.

Flashes de esa pulseada quedaron en evidencia en la preparación y también durante la sesión del Consejo del PJ bonaerense del viernes pasado, entre cristinistas y peronistas alineados con Daniel Scioli y/o Sergio Massa.

Si bien el partido entrará en un letargo luego del Congreso del próximo sábado en Tres de Febrero, los tiempos para las definiciones en la trascendental provincia de Buenos Aires entraron en la cuenta regresiva para las elecciones de 2013.

Gabriel Profiti
Agencia NA