Hola, estuve escuchando algunos argumentos del oficialismo que me indignaron realmente, esta necesidad de acudir a todos los resortes para justificarse me hicieron escribir este articulo

El último de los argumentos del oficialismo para justificar la aplicación de la ley de medios es que esta tiene amplio consenso popular. Más allá de nuestra postura respecto a la ley, o más precisamente respecto a quienes la ejecutarían, hay que detenernos en la errada concepción de la función del poder judicial. Alak y varios otros funcionarios sostienen que el poder judicial no puede gobernar ni legislar, ni mucho menos frenar una ley votada “por el pueblo”.

También sostienen que los jueces deben acatar las medidas que tienen alto consenso social. Agrega que como la ley fue sancionada hace 3 años y Cristina fue reelecta por un amplio margen, según su interpretación eso implica una aprobación explícita a la aplicación de la ley. En primer lugar, habría que ver que interpretan ellos con “votadas por el pueblo”. Hasta donde yo se la ley fue votada y sancionada por las cámaras legislativas, no por el pueblo. Además que Cristina sea reelegida con el 54% no implica una aprobación expresa al conjunto de sus medidas tomadas en ese lapso. El razonamiento es una falacia de afirmación del consecuente, y es tan obvia su incongruencia que no merece mayor análisis. Igual, esto no quita que la ley tenga un alto apoyo popular y sea un elemento importante para la democratización de los medios.

Ahora bien, hay algo que es aún más sorprendente por no decir alarmante. Y me refiero al concepto de sumisión de los jueces frente a los restantes poderes “que si fueron votados por el pueblo”. Esto engendra un absoluto desconocimiento del rol del poder judicial dentro de un estado de derecho. Sorprende que abogados constitucionalistas defiendan este argumento, y hasta he llegado a escuchar quienes creen, a partir de los últimos sucesos, que los magistrados deben ser elegidos por el pueblo, como si fuesen un intendente, un diputado o un senador. El poder judicial es un poder que debe impartir justicia. Para ello, es necesario que sea imparcial.

Ahora, ¿cómo garantizar imparcialidad si se estará sujeto a la aprobación constante de la gente?

Imaginemos por un momento cómo sería para ellos una “justicia popular”. Sus fallos no estarán orientados al derecho comercial, ni procesal, ni civil, ni federal, ni público, lo único importante es fallar en favor de las mayorías. Se formaría un nuevo esquema de clientelismo judicial, con fallos tendientes a la aprobación de las grandes masas. Los jueces se guiarán más por las encuestas que por los códigos. Los abogados ya no acudirán a los artículos para defender una causa, bastará con demostrar que tiene aprobación del pueblo. De esta manera la justicia terminará siendo rehén de los reclamos populares en desmedro de como opinen las minorías, y los mismos jueces. Si además debiesen ser renovados por elecciones, nos acostumbraremos a fallos populistas y tendientes a satisfacer al oficialismo. Ni hablar de los juicios contra el estado, allí los representantes del partido gobernante presionarán a los jueces a fallar en beneficio del estado, y estos no tendrán otra opción que obedecer. Como resultado, tendremos un sector, el mayoritario, con sus derechos civiles ampliados, con privilegios de todo tipo, y garantías individuales asimétricas en comparación con el resto de la población. Y el sector minoritario, con sus derechos y libertades reducidas al mínimo.

Simón Bolívar, el padre de la democracia en América Latina y referente de algún que otro mandatario afín al gobierno, no solamente recalcaba insistentemente en la necesidad de un poder judicial independiente sino que iba aún más lejos. Decía que debía haber dos cámaras, la de Representantes, legitimada por la voluntad popular y el Senado, que debía ser hereditaria. A esta la llamaba “el alma de nuestra República”. Concebía a esta cámara como un campo neutral y equidistante entre el gobierno y la población. Su rol se centraría en frenar atropellos del gobierno y al mismo tiempo apaciguar olas populares. Al no depender del pueblo para su renovación, no debía perseguir infructuosamente el consenso popular, por el contrario, se avocaría a una imparcial pero responsable defensa de los derechos de la República.

Obviamente estamos muy lejos de tener una cámara de este tipo, y probablemente sería tildado de aristocrático, pero al menos es necesario que los funcionarios que hoy ocupan cargos de gran sensibilidad institucional conozcan la relación y los roles que cada poder tiene y debe tener en el Estado. Que se priven de los discursos tribuneros, y entiendan de una buena vez que la democracia no se trata solo de lo que opinen las mayorías.

Juan Arambarri
juanarambarri@gmail.com