La ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, a través de su Presidente, el abogado José Lucas Magioncalda, ratificó esta mañana una denuncia penal contra Cristina Fernández por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y ofreció como testigo en la causa a José César Gustavo Cusinato, director de Radio y Televisión Argentina S.A. (RTA).

Hay que recordar que en la denuncia, presentada el mes pasado, se acusaba a la primera mandataria de no haber designado a las autoridades del Consejo Consultivo Honorario de Medios Públicos, conforme lo establece el artículo 124 de la ley 26.522 (Ley de medios de Comunicación Audiovisuales), que rige desde octubre de 2009, y que desde entonces el Ejecutivo no ha cubierto dichos cargos.

Magioncalda, acompañó una nota  en la cual Cusinato (UCR) y Marcelo Adolfo Romeu (FAP), directores por la representación parlamentaria opositora en RTA, en línea con la denuncia presentada, solicitan a la Presidenta Cristina la conformación del Consejo Consultivo Honorario de Medios Públicos, creado hace más de tres años por la ley de medios. En su presentación, los directores de RTA expresamente sostienen:

“La omisión de establecer los mecanismos de selección y posterior designación de los miembros del mencionado Consejo Consultivo Honorario de Medios Públicos, por parte del Poder Ejecutivo nacional, a más de tres años de haberse promulgado la ley que lo crea, vulnera el derecho a la participación que ha consagrado el Poder Legislativo nacional en la legislación aquí referida y, además, dificulta el funcionamiento ajustado a derecho del Directorio que integramos. Ello, en tanto que el Consejo posee funciones de contralor sobre el Directorio de RTA que hoy no se están ejerciendo”, mantienen.

“Al no designarse al Consejo Consultivo no es posible ejercer el denominado control social del cumplimiento de los objetivos de la Ley de medios por parte de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado; norma que integra una ley que fue  impulsada y sancionada por el propio oficialismo, y que no forma parte de los artículos judicialmente cuestionados de la ley”, consideró el letrado de la ONG, José Magioncalda.

Hay que destacar que la denuncia, presentada, y hoy ratificada por la ONG, se encuentra radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5, a cargo de Norberto Oyarbide.

Según el AFSCA, dicho Consejo Consultivo debería estar integrado por dos personas a propuesta de las Facultades y carreras de Comunicación Social o Audiovisual o Periodismo de universidades nacionales; tres a propuesta de los sindicatos con personería gremial del sector con mayor cantidad de afiliados desempeñándose en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado al momento de la designación; dos por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o representativas de públicos o audiencias; seis a propuesta de los gobiernos jurisdiccionales de las regiones geográficas del NOA; NEA; Cuyo; Centro; Patagonia; Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; uno a propuesta del Consejo Federal de Educación; dos a propuesta del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia que representen a entidades u organizaciones de productores de contenidos de televisión educativa, infantil o documental; y uno a propuesta de los Pueblos Originarios; todos con el objetivo de garantizar el pleno cumplimiento de la ley. Sin embargo, según la ONG, después de tres años de aplicación de la ley de medios, estas autoridades aún no han sido designadas por el Ejecutivo.

Diego Golberg
Seguir a @GoldbergDiego