El plan de blanqueo de capitales que anunció este martes el equipo económico del Gobierno sorprendió a más de uno, sobre todo porque se trata de un recurso para nada novedoso.

El gobierno militar, en 1976, dispuso la repatriación de capitales; también Raúl Alfonsín, en 1987; Carlos Menem, en 1992 y Cristina Fernández dos veces, en  2009 y 2013.

El plan de agosto de 2009 fracasó estrepitosamente por la baja adhesión de interesados y no se espera que esta vez sea diferente.

En esos días, se estableció algo similar a lo hoy anunciado: un mecanismo de flexibilización apto para el ingreso de fondos no declarados, que procuraba “facilitar la repatriación de capitales depositados por ciudadanos argentinos en entidades financieras del exterior”.

En aquella oportunidad, el blanqueo que lanzó el Gobierno tuvo como argumento el ingreso de fondos al sistema, para mantener el nivel de empleo.

Si bien el entonces marco vigente no eximía de las sanciones que recaen sobre los ilícitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, el sistema no funcionó.

Por caso, el economista Jorge Todesca recordó ese plan en una entrevista realizada por diario El Tribuno.com y advirtió que no tuvo “alto impacto”.

“El Gobierno ya hizo un blanqueo de capitales en 2009. En general estas medidas se tomas cuando hay escasez de divisas”, aclaró. Y agregó: “Es una medida no muy trascendente, no cambia el escenario y no tienen mucho impacto. Se supone que tendríamos que tener una administración tributaria que debería castigar y así evitar que haya capital en negro. Lo preocupante es que tengamos que realizar blanqueos con tan pocos años de diferencia, en síntesis en premiar al que no cumple”.

En ese año, la entonces líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, arremetió contra la validez que se le dio en ese momento a la votación en Diputados del blanqueo de capitales, y afirmó que se trataba de “una autoamnistía de los delitos de corrupción del Gobierno, como la que hicieron los militares con sus delitos y hace que la Argentina se convierta en un país lavador”.

En ese entonces Carrió argumentó que la aprobación de la norma “es nula porque viola el Artículo 29 de la Constitución y porque hace que sectores ilegales se apoderen de la economía de los argentinos”.

José María González