Desde hace varios años tiene lugar a nivel global una importante discusión entre Estados, sindicatos y diversas organizaciones sociales acerca de la imperiosa necesidad de aumentar la edad jubilatoria.

Tal discusión se fundamenta en los resultados obtenidos a partir de múltiples estudios realizados por organismos competentes en torno al crecimiento progresivo de la población envejecida que, tomando el período comprendido entre 1950 y 2050, concluyeron que el incremento de la curva de envejecimiento terminará superando, al final del mismo, a las de jóvenes y niños.

Si bien es cierto que las variaciones demográficas que están teniendo lugar en el planeta son realmente definitorias en varios aspectos, en lo inherente a la incidencia sobre las finanzas públicas, el envejecimiento poblacional parece ser lo que más preocupa a los gobernantes de casi todos los países.

Asimismo, se ha observado que están teniendo lugar cambios estructurales sustanciales, tanto como que la pirámide social se constituya a futuro de jóvenes y niños, mientras que en la base sólo habrá personas mayores de 65 años.

Este tipo de estructura nunca antes se había registrado en la historia de la humanidad, y las consecuencias no sólo se verán reflejadas en la familia, las relaciones y la calidad de vida, sino también en la economía, su desarrollo, los tipos de actividades laborales, el consumo, el ahorro, la inversión, jubilaciones, pensiones, subsidios, transferencias de capital, migraciones, entre otras.

Si bien desde la perspectiva política el fenómeno aparenta ser una buena noticia en tanto los adultos son quienes más atención prestan a campañas electorales y participan votando, el envejecimiento poblacional sumado al aumento de la perspectiva de vida que, paradójicamente se ha dado en la misma proporción en todo el globo, preocupa y mucho a los gobiernos por las erogaciones en las que debería incurrir a futuro como producto de una mayor cantidad de beneficiarios jubilados y pensionados, lo que les reduciría sus posibilidades de contar con mayor cantidad de recursos para “otros” fines. Paralelamente, por supuesto, la tasa del PEA (población económicamente activa) bajaría drásticamente, lo que produciría un fuerte impacto en las economías mundiales también.

A partir de investigaciones realizadas por la ONU en nuestro país, se llegó a la conclusión de que estamos entre las poblaciones más envejecidas de América Latina.

Este dato surge de la relación que ese organismo hace otorgando más de un 7% del total de la población con edades superiores a los 60 años para considerarla sociedad envejecida, y sabiendo que en Argentina el último censo dio un promedio de 13,7% de personas con más de 60 años. Es decir que hacia el 2050 tendremos cerca de un 30% aproximadamente de ciudadanos que superará esa edad.

Argentina entonces, atraviesa por una situación bastante compleja frente a la posibilidad de tener que afrontar económicamente el incremento de la cantidad de trabajadores en edad de jubilarse.

Si bien hoy, aproximadamente el 15% de los argentinos supera los 60 años, todo indicaría que en una década mas o menos, ese porcentaje se posicionaría 10 puntos mas arriba, lo que presentaría un escenario bastante difícil de sostener en el contexto fiscal que actualmente presenta el país por la relación entre trabajadores que efectivamente aportan y los jubilados.

En la actualidad, existen mas de 5 millones de personas que perciben jubilaciones o pensiones, y menos de 9 millones de trabajadores que aportan efectivamente a la Caja de Seguridad, haciendo una relación inferior a los 2 puntos entre activos y pasivos a lo que debe agregarse el pago de la Asignación Universal por Hijo que la reduce aún mas, siendo que el sistema solo podría autoabastecerse si la relación fuera de 3 activos por cada pasivo.

A cinco años de la estatización del sistema provisional, el Gobierno ha utilizado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional para sostener el exorbitante gasto público en el que incurre, a través de créditos que probablemente nunca puedan ser reintegrados.

Además, los juicios iniciados contra la Anses, que en algún momento deberán pagarse, ya superan los 500 mil.

Concluyendo, hay cada vez más jubilados y beneficiarios de planes sociales solventados con fondos previsionales y menos aportantes al sistema de manera genuina, por lo que la diferencia se cubre con recursos fiscales restados a las provincias en el marco de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

En este contexto, no son pocos los analistas convencidos de que el sistema ya ha colapsado y ha entrado en default, alejando cada vez mas las esperanzas de quienes anhelan que el 82% móvil pueda convertirse en ley algún día.

Nidia Osimani
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