“Activamente prosigue la campaña del Superior Gobierno de la Nación contra el agio y la especulación. Numerosos comerciantes inescrupulosos que lucran con el dinero del pueblo reciben la condigna sanción: clausura, prisión y, en ciertos casos, hasta expulsión del país. Un comerciante deshonesto es un enemigo que atenta contra quienes ganan honradamente su jornal. Denunciarlos a la autoridad no es ejercer una venganza. Es evitar que nos roben.” (1)
Con las palabras que preceden, el aparato propagandístico del primer régimen peronista, intentaba controlar el proceso inflacionario producto de su propia incapacidad. De este modo, al igual que el régimen K, aquel peronismo originario escondía sus desatinos económicos culpando a los comerciantes.
En lo que fuera uno de sus discursos más violentos, el General amenazó a los comerciantes tildándolos de “especuladores” con la siguiente frase: “el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos”. (1)
La historia pasada y reciente lo demuestra. Cuando se quiere combatir la inflación por decreto o bajo amenaza, sobreviene el desabastecimiento. Entonces, el gobernante utiliza medidas más gravosas que la mera fijación de precios máximos, medidas que nunca han alcanzado para que vuelva a ser negocio lo que ya ha dejado de serlo. El abastecimiento, entonces, nunca retorna. Al menos no, con los precios oficiales.
Desde ya que la acentuación de los métodos autoritarios y la violencia verbal del General no dieron resultados económicos. Y, parafraseando al propio Perón, la violencia de los de arriba, terminó generando la violencia de los de abajo. Así, el país se le incendió, no obstante sus dotes de estratega.
Luego de su derrocamiento y exilio, Perón volvió a hacerse cargo de su tercera presidencia con un discurso más tolerante. Sin embargo, pocos días antes de su muerte, se sancionó y promulgó la ley de abastecimiento (2), hoy en vigencia. Si bien dicha norma no prevé el destierro ni la horca, sí prevé la clausura, el decomiso de mercaderías y el arresto sin orden judicial previa por un período de 90 días y, excepcionalmente, para casos de especial gravedad, la prisión de 6 meses a 4 años.
En definitiva, no debe sorprendernos que personajes como Guillermo Moreno y la propia Presidente de la Nación, avalen este tipo de conductas, alejadas de toda racionalidad y ajenas a las características propias de un sistema republicano y democrático. No están haciendo más que aplicar una norma, de dudosa constitucionalidad, creada bajo la presidencia de quien fundara su movimiento.
Cabe preguntarse por qué motivo esta forma de gobernar el país como si fuera un cuartel, pese a sus reiterados fracasos, retorna atravesando décadas y generaciones. Y sólo se me ocurre una respuesta: el peronismo ha endiosado a su líder y lo presenta carente de defecto alguno. Quienes adhieren a otro tipo de pensamiento, critican a los representantes de turno de esta cultura política, pero omiten pronunciarse sobre el origen del Movimiento, sobre las bases ideológicas en que el mismo fue sustentado desde sus inicios. Y así, sólo basta con cambiar los herederos, para que la herencia autoritaria siga viva.
Muchas voces democráticas y republicanas son responsables de esta omisión. Callan para no recibir el calificativo de “gorila”, “oligarca”, entre otros. No es el caso de esta voz. Califíquenla como quieran. El calificativo no cambiará la verdad de los hechos aquí relatados, ni la certeza de que Moreno y Cristina, representan fielmente los aspectos más autoritarios del peronismo original.
José Lucas Magioncalda
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(1) Propaganda oficial y discurso de Perón – extracto del documental “Permiso para Pensar”: http://www.youtube.com/watch?v=86qS9o43GRE
(2) http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/58603/texact.htm