El escritor y director de la revista de cine, El Amante, Gustavo Noriega, el domingo por la tarde escribió en Twitter: “Me reuní con una de las partes varias veces, saqué un fallo muy favorable a esa parte que más le convenía. Pero no hubo pacto”. Ese día, el diario Perfil publicó un extenso reportaje que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, le concedió a Jorge Fontevecchia. Allí, el juez admitió que conversó, en varias oportunidades con Carlos “El Chino” Zannini, el hombre que interpreta como nadie los deseos, caprichos, sueños y pesadillas de la Presidenta de la Nación a quien conoce desde los años ochenta cuando era, simplemente, la mujer de un hombre que soñaba con gobernar Santa Cruz.

A Noriega le contesté que “algunos nunca vieron El Padrino pues se creen que los pactos se escriben ante escribano público”. ¿Alguien recuerda la servilleta menemista? Entre el cinismo gobernante y cierta tibieza de muchos opositores, este país se ha convertido en una caricatura. En abril del 2011, Sebastián Turtora y yo fuimos a exponer ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados la censura y la persecución ideológica que habíamos sufrido en Radio Cooperativa, emisora en la que nos levantaron el programa del aire de un día para el otro.

A un diputado radical no le quedaba claro la relación entre ambos hechos pues “no había contrato firmado en ese momento” mientras que para Juan Carlos Dante Gullo, diputado nacional en aquel entonces del Frente Para la Victoria, “nadie en este país ha sido censurado” mientras que recordó, cómo se había bancado a la dictadura. Juliana Di Tullio, en cambio, fue más drástica, le molestó el debate y se retiró. Entre el cinismo y el sentido común, hay hechos que no están escritos pero son obvios: eso es un pacto.

Son pocos los que han leído la ley de servicios de comunicación en su totalidad como el fallo de la Corte Suprema de Justicia cuyo resultado fue 4 a 3 en un punto clave para el gobierno y el Grupo Clarín: el respeto o caducidad de las licencias que el propio kirchnerismo, como el caso de la fusión Cablevisión/Multicanal, le concedió a Héctor Magnetto y compañía.

Pero algunas reflexiones, esbozadas tras un intercambio de correos electrónicos con mi padre, pueden ser las siguientes:

a) El fallo de la Corte es malo por la sencilla razón de que varios de sus integrantes han tenido que salir a bancarlo. O sea, no es autosuficiente. Según Lorenzetti, el fallo estaba listo más de 30 días antes de que vio la luz pero, sacarlo antes de las elecciones podía favorecer a uno de los sectores en pugna. 48 horas después de las elecciones legislativas que sepultaron la posibilidad de reformar la Constitución Nacional que permitiese la re-reelección de Cristina, la Corte le entregó, en bandeja, una victoria al derrotado. No fue inocente. Los jueces deben hablar por sus sentencias, en particular la Corte. Si tienen que salir a aclarar lo que acaban de firmar es que el producto no está bien redactado, o no es claro o sus autores se sienten culpables de algo a su respecto.

b) Los jueces no deben dar consejos, sino órdenes. Una mayoría de cuatro integrantes de la corte dice que la ley de medios es constitucional, pero para que su implementación también lo, sea la autoridad administrativa de aplicación debe cumplir una serie de requisitos -que no son materia directamente judiciable en la instancia del fallo- que a priori, sus autores saben que no se dan y con este gobierno no se darán. Emiten en consecuencia algunos buenos consejos a sabiendas que no serán seguidos.

c) Al emitir los señalados consejos exceden sus atribuciones, porque la corte no es una junta de sabios ni un tribunal de ética sino una decisiva instancia judicial. En la misma línea fundan su fallo en materias que nadie discute como el sostenimiento -en teoría- de la libertad de expresión, etc. que, en rigor, directamente no eran materia de su decisorio en este caso. Cuando un fallo remite para su sustentación a cuestiones que exceden su tema y son materia de acuerdo general, es señal inequívoca de debilidad argumental y/o de conciencia culposa de sus autores.

Elisa Carrió nunca podrá probar que el pacto existió pero alguien tenía que salir a decir lo que podía suceder para evitarlo. Pero en el país de la impunidad, a los implicados no les importa el qué dirán sino los negocios y las conveniencias políticas. Desde tiempos inmemoriales, líderes sociales, políticos y sindicales han denunciado pactos. En 1983, Raúl Alfonsín habló del pacto “sindical-militar” previo a las elecciones de ese año que lo consagró presidente. Nadie lo probó. Eduardo Duhalde habló de un acuerdo tácito entre Carlos Menem para que Fernando De la Rúa se quedase con el sillón de Rivadavia en 1999 evitando su llegada a Casa Rosada. Nadie lo probó.

Es que las denuncias de “pacto” se basan en conjeturas de hechos que guardan una relación entre sí pero que sus protagonistas jamás admitirán pues es como pedirle a Vito Corleone que explique cómo y de qué forma manejaba los negocios de “la familia” con el visto bueno de políticos y fuerzas de seguridad. Es algo así como que, tras el asesinato de John Kennedy, el poder de la CIA muestre los papeles de cómo tramó el magnicidio. La respuesta del poder fue entregar a un espía pero un “perejil” al fin como era Lee Harvey Oswald.

La comisión “Warren” actuó, en aquel momento, como Florencio Randazzo criminalizando a los maquinistas y dándole a la sociedad lo que buscaba: un culpable, esto es: “el loco” Benítez. La diferencia entre nuestro país y los Estados Unidos es que en el norte suele aparecer un fiscal que investiga hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Aquí, todo pasa. Pero, aunque Carrió, nunca pueda probar lo que dijo, la historia juzgará lo que los tribunales omitieron.

Tarde pero segura, la verdad siempre llega, acompañada de la historia.

Luis Gasulla
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