Han pasado tres días de las primeras definiciones del flamante ministro de Economía, Axel Kicillof, quien el viernes pasado dio su primera conferencia, algo improvisada, en el pasillo del quinto piso del Palacio de Hacienda.

"No se tomará ninguna medida que genere cambios bruscos en la economía, ni que perjudique a los trabajadores, a los sectores de menores ingresos, ni a los empresarios", fue lo primero que dijo Kicillof, y si bien no dio detalles sobre medidas concretas, sí deslizó que habrá una eliminación gradual de los subsidios a los servicios públicos.

"Habíamos hecho algunas readecuaciones en las tarifas de la electricidad, el gas, que tenían que ver con diferentes cuestiones: la primera es que se ve una diferencia muy grande en distintas regiones del país", relató Kicillof el viernes.

"Hay provincias donde no hay siquiera gas de red. Pero los que no tienen gas pagan una garrafa que está mucho más alta que lo que sale el gas de la red. Eso genera inequidades que son complicadas, porque las regiones menos favorecidas son las que terminan pagando tarifas más altas. Lo único que vamos a hacer es trabajar en la consistencia de las tarifas", agregó.

El propio Capitanich dijo ese día que "un chaqueño paga la luz eléctrica mucho más cara que un habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a lo que denominó "un factor de inequidad", dejando abierta la posibilidad de modificar la actual política de subsidios del Estado nacional.

Vale recordar que durante las gestiones de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se vienen aplicando subsidios a diferentes sectores económicos, principalmente a empresas de los sectores energético y de transporte.

Según un reciente informe de IDESA, “el impresionante crecimiento del gasto público de los últimos años es la causa principal de la alta inflación y la inestabilidad cambiaria. Resulta curioso que las áreas del sector público que más contribuyen al desborde fiscal y donde más reformas se necesitan no fueron afectadas de manera directa por el cambio de gabinete”.

Según datos que publica el propio Ministerio de Economía, entre los años 2004 y 2013 los ingresos tributarios y de seguridad social del sector público nacional se expandieron en $290 mil millones en términos reales (o sea, corregidos por inflación), mientras que el gasto público creció en $420 mil millones. Este impresionante aumento de gasto público nacional se explica por:

· Un 34% los subsidios económicos a empresas privadas y públicas deficitarias.

· Un 24% por las jubilaciones sin aportes (moratorias y pensiones no contributivas).

· Un 18% por el incremento del gasto asociado al empleo público.

“Estos datos muestran que, si bien el crecimiento del gasto público es generalizado, algunos componentes tienen una incidencia decisiva en la expansión. Casi el 60% del aumento en las erogaciones se origina por subsidios para sostener empresas privadas con tarifas retrasadas y empresas públicas deficitarias y jubilaciones sin aportes. Si a esto se le agrega la incidencia del mayor gasto en empleo público se llega a explicar tres cuartas partes del aumento del gasto público nacional”, dice el informe del Instituto por el Desarrollo.

El exceso de gasto público, muy por encima del aumento de la recaudación, obliga a una masiva emisión monetaria que es el principal factor causante de la alta inflación. Por eso, controlar las erogaciones es el principal desafío del gabinete renovado y resulta paradójico que las aéreas del sector público que más reformas necesitan –porque son las que más vienen contribuyendo a la expansión del gasto público en los últimos años– son las menos afectadas por el cambio de funcionarios.

Con tarifas que en algunos casos llevan un congelamiento de más de una década, los subsidios económicos alcanzaron en 2012 a cien mil millones de pesos y en lo que va de 2013 registran un incremento interanual del 50 por ciento. Pero, tal como señaló Capitanich, esos beneficios no se aplican en forma equitativa.

Si bien el discurso tanto del joven economista como del nuevo Jefe de Gabinete han apuntado todo el tiempo a generar tranquilidad, lo cierto es que hace tiempo que se venía especulando con una reducción de los subsidios para luego de las elecciones del 27 de octubre próximo pasado.

El anteaño pasado, el gobierno amagó con un avance a este respecto mediante el programa de Renuncia Voluntaria del Subsidio del Estado Nacional para los servicios públicos y la aplicación de la “sintonía fina” por zonas de mayor poder adquisitivo, pero fue un notable fracaso por demás impopular.

Se dijo que, además, se enviará a los restantes usuarios una carta para que reclamen seguir con los subsidios en caso de necesitarlo aunque eso no tiene fecha de implementación. Por último, se añadió que se abriría un listado de usuarios que, voluntariamente, pidieran la baja de los subsidios, en un planteo que se definió como “solidario”.

Aníbal Fernández, Amado Boudou, Florencio Randazzo, Débora Giorgi y la propia Cristina accedieron a la muestra simbólica de renunciar a algo que en realidad no tenían y aparecieron en el listado, si bien de todas formas se iban a quedar sin los subsidios por tener residencia en Puerto Madero.