La amenaza de privatización de EDENOR y EDESUR, reabre nuevamente la falsa antinomia entre lo privado y lo público. En efecto, volvemos a una discusión del pasado que nada aporta como solución, si nos atenemos al histórico funcionamiento de las empresas estatales y privadas en la prestación de los servicios públicos.

Es que la historia nos demuestra que la calidad del servicio público no pasa por quién sea el titular de la explotación de los mismos, sino que pasa por cómo se toman las decisiones empresarias y cómo se controla a la empresa.

La empresa estatal ha sido víctima de administraciones que la tornaron, en muchos casos, ineficiente. No se ha buscado la excelencia, sino que se ha transformado a la empresa estatal en una verdadera fábrica de soluciones individuales: empleos prebendarios, negociados de funcionarios con contratistas, malversación de caudales públicos, etc. Así, el servicio llegó a ser la última de las prioridades.

Por su parte, la empresa privada no ofrece mejores perspectivas. Históricamente ha privilegiado su rentabilidad, aún a costa del servicio, mientras el Estado ha omitido los controles, ha permitido incumplimientos y, lo que es aún peor, ha subsidiado, en muchos casos, la ineptitud y la corrupción privadas.

¿Cuál es la salida, entonces? La salida es un modelo de empresa que bien podría ser estatal, privada o mixta, y que por medio de una legislación especial, únicamente dirigida a aquellas organizaciones que presten servicios públicos, posea una conducción colegiada, un directorio, en donde se encuentren representados el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación, los usuarios, los trabajadores y hasta los inversores privados, si los hubiera.

De esta manera, involucrados todos los intereses de la relación económica en la conducción de la empresa de servicios públicos, no sólo se obtendrían decisiones que contemplen con mayor amplitud el bien común, sino que, como ocurre cada vez que se divide el poder, se verían restringidos los hechos de corrupción.

Este esquema de conducción colegiada y representativa de los intereses involucrados impide que la rentabilidad sea el único criterio para la administración del servicio público y también evita que, quien conduce el Estado Nacional, tenga el control completo y exclusivo de la empresa, con los vicios que ello trae aparejado.

Lo dicho hasta aquí, sumado a la presencia de entes de control conducidos por funcionarios competentes y con independencia funcional del Poder Ejecutivo, quizá pueda ser el comienzo de una nueva institucionalidad de los servicios públicos que se concentre en la calidad del servicio que merecemos los usuarios y en una estrategia de evolución de los mismos, acorde a las nuevas necesidades de la Nación.

José Lucas Magioncalda
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