La restrictiva ley que regula el dictado de medidas cautelares y el proyecto de ley de responsabilidad estado, que bien podría llamarse ley de irresponsabilidad estatal, desamparan a la ciudadanía frente a los abusos del sector público. Pero además, constituyen —a futuro— un serio intento para evitar que funcionario corruptos y/o negligentes deban responder con su patrimonio frente al propio estado o frente a los ciudadanos damnificados por su accionar.

A diferencia de la restricción a las medidas cautelares, sancionada con el paquete legislativo de la mal llamada “Democratización de la Justicia”, la ley que garantiza la irresponsabilidad del estado y sus funcionarios no ha sido pensada para consolidar a un gobierno autoritario deseoso de perpetuarse, sino para proteger la retirada de los jerarcas de un gobierno que ya tiene fecha de vencimiento.

Ahora bien, la protección patrimonial de los funcionarios en cuanto a su responsabilidad civil no resuelve la cuestión penal de aquellos que exhiben una o varias causas en la Justicia Federal.

En este contexto, y con los antecedentes de impunidad que se vienen consolidando a medida que se acerca el fin del mandato de nuestra desenlutada presidente, no parece muy desacertado pensar en una ley de autoanmistía o en uno o varios decretazos que beneficien con el indulto a aquellos funcionarios o exfuncionarios que poseen causas judiciales.

Recordemos que el kirchnerismo entiende a la Justicia como corporación antidemocrática, y a los fallos adversos como un intento de gobernar contra el pueblo. Es decir, que dentro de su lógica autoritaria existen fundamentos para un broche de oro que cierre la década ganada consagrando la impunidad total.

José Lucas Magioncalda
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